Alquileres con “aumento voluntario”: cómo funciona el artilugio ilegal con el que se buscan subir los precios mensuales

La cuestionada Ley de Alquileres de 2020 generó todo tipo de desacoples en el mercado inmobiliario. Además de la escasez de unidades y los incrementos acumulados en más del 580% en tres años, avanza un método ilegal al que acuden varios propietarios para intentar aplicar más aumentos mientras está en vigencia el contrato bajo la actual normativa que dura a tres años y se ajusta interanualmente a través del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Una fuente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el organismo que encabeza María Rosa Muiños, confirmó a Infobae que en lo que va del año recibieron un total de 2.171 reclamos por problemas de vivienda, de los cuales 951 son denuncias de inquilinos por vulneración de sus derechos.

Estiman un 30% más de denuncias que en 2022 y aún faltan varios meses para cerrar el presente calendario.

En el organismo se brinda asesoramiento sobre la Ley de Alquileres, como requisitos de ingreso, duración de contrato, cobro de comisiones y depósitos y pago de expensas. La Defensoría gestiona también el acceso a los distintos programas de fomento al alquiler implementados por el Gobierno porteño, asesora sobre procesos de organización consorcial y comunitaria e impulsa mediaciones entre inquilinos y propietarios y/o inmobiliarias

Entras los principales motivos de consulta de los inquilinos están los contratos o renovaciones de plazo inferior al legal (3 años) y actualización de precios y/o depósitos en garantía fuera de los parámetros establecidos en la normativa vigente, entre otras irregularidades. Más allá de los debates públicos sobre la cuestión, la Ley de Alquileres continúa vigente en todo el país.

Se multiplican los casos de personas que lograron alquilar en estos dos o tres años y reciben pedidos por parte del propietario o inmobiliarias de dar un “aumento voluntario”, y como argumento les dicen a los inquilinos que hagan un “esfuerzo” por fuera del incremento anual porque pierden mucho ante la inflación.

“En la Argentina se está dando en la práctica para ir contra una ley. Tan mala resultó la ley que la gente trata de escaparse de ella. Los propietarios porque no les conviene poner los inmuebles para vivienda permanente, entonces migran hacia alquiler profesional o temporario. Y si no prefieren poner las propiedades en venta. Los inquilinos porque frente a la escasez de inmuebles para alquilar con destino habitacional prefieren pactar con el propietario un contrato con ajustes consensuados ya que eso les asegura una buena relación con el dueño y probablemente renueven los acuerdos y no tengan saltos tan bruscos en el precio del alquiler”, dijo Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario.

Un “aumento voluntario” es ilegal. Para la actualización del contrato (al menos hasta que haya otra novedad, porque en el Congreso habrá una sesión luego de las PASO que podría avanzar para modificar dos artículos) el único monto que es válido es el que está por ley, que es el por el coeficiente que establece la normativa. Todos los acuerdos voluntarios o de palabra están en contra de la normativa.

Agrupaciones de inquilinos aconsejan a quienes representan que simplemente sigan pagando lo que dice la ley porque el propietario no puede hacer nada frente a eso: ya se firmó en el contrato.

Hay inquilinos que aceptan esta metodología. Por lo trascendido, sienten temor de no acordar el “aumento voluntario” por que podría dejarlos afuera de la posibilidad de que ese contrato se renueve en tiempos donde hay que buscar con lupa una nueva vivienda.

Desde la Defensoría sugieren a los inquilinos que reciban propuestas por parte de dueños de propiedades o inmobiliarias que piden un “sobreaumento” que lo denuncien en la web del organismo en donde también para realizar el reclamo hay un número de WhatsApp.

Si inquilinos hacen denuncias de propietarios que solicitan un aumento ilegal, en la Defensoría del Pueblo ven caso por caso para resolverlo y en ese marco impulsan la mediación como herramienta pacífica de resolución de conflictos.

En cambio, si es un corredor matriculado en CABA la sanción puede ir desde un apercibimiento, una mulata o, incluso, hasta la suspensión de la matrícula de corredor. Liotto, concluyó que “son denuncias que se tramitan ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional Inmobiliario”.

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