Ley de Alquileres: qué opinan los inquilinos de los posibles cambios en la duración de los contratos y el método de ajuste

Desde que en el Congreso la oposición pudo convocar a una sesión especial luego de las PASO para tratar la modificación de la Ley de Alquileres y que varias cámaras sectoriales presentaron un petitorio ante el poder legislativo para reformar dos artículos (que los contratos vuelvan a ser a dos años en vez de tres y que la actualización sea semestral o cuatrimestral) hubo rechazos e incertidumbre entre agrupaciones que representan a inquilinos.

Ahora que aproximan las elecciones primarias, la sensación es que la posibilidad de aplicar cambios en la normativa puede lograrse después de muchas idas y vueltas: desde 2022 se presentaron más de 30 proyectos para derogar la norma o modificarla y ninguna pudo concretarse.

Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó a Infobae que “volver a dos años de contratos sería una locura. Habría que reformar el artículo 14 de la ley y tratar de generar condiciones para que los propietarios sean seducidos para que vuelvan a destinar sus inmuebles en locación tradicional”.

La preocupación en el sector es grande. Quien necesita una vivienda para alquilar debe iniciar la búsqueda tres o cuatro meses antes de que se culmine el contrato. En muchos casos, más.

Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, comentó a Infobae que “volver a contratos a dos años es una regresión en derechos que vulnera la estabilidad en la tenencia de los hogares inquilinos sin que nadie, al día de hoy, pueda demostrar ni ofrecer garantías de cómo eso mejoraría la oferta del mercado, mientras la problemática está ligada con otros factores macroeconómicos que no van a cambiar milagrosamente. Es un simple intento de desregular para dar carta blanca a los abusos inmobiliarios a cambio de nada”.

Desde hace dos años que la oferta se derrumbó en un 40% en todo el país y miles de propietarios que recibieron sus inmuebles por finalizar acuerdos no los volvieron a alquilar, sólo un 50% aceptó extensiones de contratos por 6 meses o un año. Esperan que se modifique la ley.

Diego Fernández Camillo, miembro de la Asociación Platense de Inquilinos, dijo a Infobae que “es más fácil echarle la culpa a una ley (que no resolvió bien su índice de precios) en vez de hacerse cargo del gigante problema habitacional que existe en la Argentina. Volver a una forma contractual donde se prioriza el negocio en vez de un acceso justo al hogar para cada argentina y argentino, no es la solución. Cada dos años vamos a pagar honorarios a las inmobiliarias, eso es imposible que sea bueno para un inquilino. Y menos cuando sabemos que para entrar a nuestros hogares y acomodarnos, se tarda entre uno y tres meses, y para irnos tardamos lo mismo”.

También hay opiniones a favor de reformar la ley y que los contratos sean a dos años. Sobre todo en ciudades donde el turismo es protagonista.

Como en la provincia de Misiones tanto en la capital Posadas como en Puerto Iguazú, El Soberbio, Oberá, entre otras localidades, crecieron los alquileres temporarios que se pagan en pesos (valores similares con hoteles por noche) o dolarizados.

Hugo Adrián Torres, presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos (AMI), dijo a Infobae que “volver a dos años de contratos podría ser beneficioso sobre todo en provincias donde el turismo hace que aumenten la cantidad de alquileres temporarios porque los propietarios entienden que contratos de 36 meses dejan de ser rentables y al quitar sus casas de la oferta el precio se dispare ante la constante demanda que va en aumento por el crecimiento poblacional o por migración interna”.

Una casa de tres ambientes en Posadas oscila en $150.000 mensuales y en Misiones, como en otras partes del interior, los sueldos son menores que en CABA (un 30% en comparación).

En San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, es similar, con una oferta que es casi nula y muchos inquilinos que debieron mudarse de la zona céntrica o aceptar pagar aumentos de más del 150% interanual para extender el acuerdo hasta conseguir otra propiedad.

Inquilinos coinciden en que sí debería modificarse o reverse el ICL, o encontrar otro sistema de indexación para que la inflación no pegue tan fuerte.

Botana dijo que el ICL fracasó por el extenso contexto inflacionario. “Como medida paliativa sería ideal que en vez que los valores tengan en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, que contemplen más incidencia sobre el ajuste de los salarios a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Eso haría que los incrementos interanuales no golpeen tanto al bolsillo de los inquilinos”.

Expertos sostienen que bajar la frecuencia de anual a cuatrimestral no va a empujar la oferta de viviendas en alquiler, pero se va a hacer más difícil que la clase trabajadora pueda costear aumentos que no son acordes con sus ingresos.

“Debe mantenerse un mecanismo de estabilidad con el ICL. Hay que analizar alternativas al indicador pero no es para sacar un proyecto a las apuradas y sin consensos, que resulte más perjudicial para todos los sectores”, dijo Zirulnikoff.

Algunas agrupaciones entienden que deben trazarse otros programas para dar solución a inquilinos. Torres puntualizó que “el Estado debe bajar la demanda de alquilar a través de créditos hipotecarios blandos ajustables con la realidad de los salarios de los trabajadores, o mayor entrega de lotes urbanizados para que la gente pueda construir su vivienda propia”.

También sostienen que para modificar el sistema de indexación sería ideal tener números reales de quienes alquilan en Argentina, y quienes son los dueños de los inmuebles.

“Y luego, con datos precisos, donde el estado tenga un órgano que se ocupe de ello, vamos a poder diseñar una política de Estado sincera, donde el precio del alquiler solo ocupe entre el 30% y 35% del salario de los trabajadores (hoy representa el 50% y más en ciertos casos)”, concluyó Fernández Camillo.

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