Los inquilinos, propietarios y el mercado inmobiliario esperan con ansiedad la posible reforma de la Ley de Alquileres. Para eso habrá una sesión especial pedida por los diputados el 23 de agosto, luegO de las PASO.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) están confiados que ahora puedan reformularse dos de los artículos polémicos. Para tratar de aportar certidumbre y lograr que la oferta de inmuebles vuelva a crecer y que el método de ajuste de los contratos sea diferente presentaron el viernes último un petitorio en el Congreso nacional, tal como lo informó Infobae. Además de la CIA, el petitorio que fue firmado también por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV), la Federación inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) llegó a comisión legislativa por lo que trascendió.
Alejandro Bennazar, presidente de la CIA, dijo a Infobae que “tuvimos muy buena respuesta de legisladores de todos los partidos políticos. El tema interesa, y mucho. Esperamos tener algunas reuniones antes de la sesión del 23 de agosto”.
El retorno de la discusión de la polémica ley llega en momentos donde reina la escasez de viviendas en todo el país y es dramático para quienes buscan una propiedad o tienen que renovar su contrato ante la negativa de los propietarios que rechazaron la normativa desde su inicio.
Solo en CABA se estiman que hay menos de 900 viviendas que se ofrecen en locación tradicional en pesos. El derrumbe es del 40% en dos años y antes de la ley la oferta porteña promediaba 7.000 unidades por mes
Para el 23 de agosto, quienes presentaron el petitorio en el Congreso confían en se logrará avanzar en el primer primer paso para modificar la ley actual. Las cámaras proponen volver a dos años de plazo de duración de los contratos y la fórmula de ajuste podría mantenerse a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) pero en vez de ser interanual sería cada seis, cinco meses o cuatrimestral como mínimo.
Generar certidumbre
Desde el segmento justifican que para los inquilinos pagar subas anuales en un contexto inflacionario alto atenta contra sus bolsillos y, a su vez, quitan previsibilidad a los propietarios.
En una presentación inédita ante el Congreso, los representantes del mercado inmobiliario esperan que la ley se modifique y que una vez que entre en vigencia se agilice el acceso a un alquiler. “Por ahora los contratos que se firmen por la ley actual seguirán siendo por 3 años, aunque los acuerdos que se vencen están extendiéndose de común acuerdo entre propietarios e inquilinos, junto a la intermediación de los profesionales martilleros”, detalló Bennazar.
Ejemplo y comparación
A continuación se publica a modo de ejemplo lo que demanda el pago de un contrato de 3 años bajo la ley actual y otro en caso de que se reformule y se apliquen los cambios que pidieron las cámaras.
Con la Ley actual: Si se contrata un departamento por $100.000 por mes, algunos propietarios le agregan al inicio unos $30.000 más (para cubrirse de la inflación); o sea, que empiezan en $130.000 por mes por 36 meses, cifra que totaliza al final del contrato $4.680.000. Para ingresar a la propiedad se le solicita al inquilino el primer mes de adelanto más uno de depósito ($260.000), más 5-6% en seguros de garantías (otros $260.000, o más), además de impuestos y sellos por ese monto y actualizaciones de más de $130.000 en la cuota 12 y 24 mientras dure el contrato de tres años.
Con la modificación sugerida por las cámaras: el inicio sería de $100.000 por el mismo departamento, el depósito por $100.000 (más los meses de depósito y primer mes dan $200.000), los seguros de garantías sobre el contrato ($144.000) y en dos años se pagarían $2.400.000 totales. Mientras que las actualizaciones serían cada cuatro meses mínimo y al aplicarse el ICL, entonces en el primer ajuste el inquilino pagará $128.000, o recién en el cuarto mes pagaría lo que por la ley actual sería al inicio.
“Así, el inquilino se ahorra como mínimo 2 meses para entrar, más la diferencia de $30.000 por mes de más que aplicaría el dueño si no se modifica la ley (un 30% más que el ICL, por lo cual se multiplicarían los meses de ahorro). Y el propietario al inicio no elevaría tanto el precio. Ganan ambas partes y habría previsibilidad”, concluyó Bennazar.
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