Tres meses de negociación con el FMI: los números que se conocen, los que faltan y cómo sigue la hoja de ruta

El 17 de abril el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional dieron inicio a un proceso de negociación para recalibrar los fundamentos del programa vigente y que había quedado en un cono de sombra por el impacto de la sequía, con casi todas las metas incumplidas durante la primera mitad del año. Una delegación del Ministerio de Economía inició esta noche un viaje a la capital norteamericana para ponerle fin al ida y vuelta técnico. La comitiva está integrada por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri y uno de sus directores, Jorge Carrera. Mañana se sumará el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

En los tres meses de duración que ya lleva el tira y afloje con el organismo hubo avances y retrocesos, Economía implementó una tercera edición de dólar soja, Sergio Massa se convirtió además en candidato presidencial, la sequía prolongó su impacto en las cuentas públicas –reservas en el Banco Central y recaudación de impuestos– y también en la actividad económica, mientras que el Gobierno tuvo que afrontar parte del pago de vencimientos hacia el Fondo Monetario con yuanes.

Los tiempos de negociación se hicieron más estrechos en las últimas semanas. El plazo “original” de resolución de la quinta revisión trimestral del Extended Fund Facility (EFF) estaba previsto a fines de junio, de manera tal de “calzar” con los vencimientos de casi USD 2.700 millones con Washington. Pasado ese plazo, y tras el mecanismo ad hoc ingeniado por el equipo económico para evitar entrar en atrasos, la mayor parte de julio sucedió aún sin apretón de manos con el staff y con otro tramo relevante de vencimientos por delante.

Hubo a lo largo de los 90 días de negociaciones algunas versiones sobre qué cantidad de dólares podría enviar el Fondo Monetario en el marco de esa recalibración de metas y, además, si habría algún margen de utilización de esos dólares para intervenir en el mercado cambiario para mantener a raya las cotizaciones paralelas de la divisa y evitar un impacto en el ritmo de inflación.

Se especuló, en un principio, con que el organismo pudiera mandar un anticipo con todos los desembolsos previsto para el resto de 2023, con un margen para su utilización como intervención –lo que hubiese implicado una suma de USD 10.800 millones. Hasta hubo versiones de un anticipo de los envíos de 2024, que en rigor es de menor cuantía, de USD 3.260 millones.

La posibilidad que suena con más fuerza, en estas horas en que podría comenzar la última esgrima presencial en Washington, es que el monto a recibir por el Banco Central sería, como tope, de los dos desembolsos trimestrales que siguen –es decir, los USD 4.000 millones deberían haber llegado en junio si hubiese existido acuerdo y el de fines de septiembre–, por un total de USD 7.400 millones.

Es uno de los aspectos más espinosos de la negociación. A lo largo del año, casi todos los objetivos trimestrales fueron incumplidos, en buena parte por el impacto de la sequía, que redujo las exportaciones y la recaudación de derechos de exportación.

En el frente fiscal, en el primer trimestre del año el Gobierno debería haber tenido un techo de déficit primario de $441.000 millones pero quedó excedido en casi $250.000 millones, más de 50% por sobre la comprometido, debido a un desplome en la recaudación de retenciones a las exportaciones a causa de la sequía. Para el segundo trimestre ese tope era de 1,181 billones de pesos.

LCG proyectó un un déficit primario en torno a $600.000 millones en junio, lo que equivale a 0,4% del PBI. “En el año, el rojo primario ascendería a $1,9 billones, 1,1% del PBI”, concluyeron. Parte del desvío podría estar explicado en una nominalidad más alta de lo utilizado para las proyecciones del acuerdo, que incluía una inflación de 60 por ciento.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) hizo sus propias estimaciones sobre la variación del gasto en la primera mitad del año. En el primer semestre el gasto primario fue de casi 12,8 billones de pesos, lo que implicaría una reducción en términos reales, descontando la inflación, de 9,8 puntos porcentuales.

Según dejó trascender el Ministerio de Economía, el FMI habría reclamado una caída del déficit primario hasta 1,5% del PBI –a fines de 2022, como comparación, había sido de 2,3% del Producto– mientras el Gobierno aceptaría solo sostener el 1,9% estipulado en la hoja de ruta original. Parte de esa discusión se terminará de saldar en las negociaciones presenciales.

En términos de reservas, el efecto de la sequía fue más notorio. Si bien fue materia de discusión con el staff del organismo, se calcula un impacto de unos USD 20.000 millones. Sergio Massa suele reiterar que representa un recorte de una cuarta parte de las exportaciones previstas a lo largo del año.

En el caso de los objetivos de los primeros tres meses del año, el Gobierno quedó unos USD 1.800 millones por debajo del mínimo de acopio de reservas, que implicaba que el Banco Central debía tener unos USD 1.900 millones netos más que en diciembre de 2021.

Durante el segundo trimestre, el dólar soja 3 permitió al BCRA acumular unos USD 880 millones entre abril y mayo, pero perdió USD 680 millones durante junio, ya sin el programa de incremento exportador. Para mitad de año, la hoja de ruta original preveía una acumulación de USD 6.800 millones.

Por último, para el caso de la emisión monetaria, la primera meta del año fue cumplida por un margen de $9.300 millones. Ya para el segundo trimestre, que preveía un techo de $372.000 millones, el número final registrado fue casi del doble, con $670.000 millones. A lo largo de julio esa cifra continuó en un rápido crecimiento.

Una posibilidad que también estuvo sobre la mesa, según aseguraron en público desde el equipo económico, es que pueda haber en ese trabajo de recalibración del programa EFF, una cambio en el ritmo de repagos previstos a lo largo del año. Es una hoja de ruta que, en su versión original, está ensamblada con la de los desembolsos.

Una flexibilización de los plazos de devolución del préstamo Stand By, eventualmente, podría implicar en los hechos un financiamiento. El secretario de Desarrollo Productivo e Industria José Ignacio de Mendiguren dijo que el entendimiento con el Fondo implicaría “adelantar fondos que se iban a asignar de acá a fin de año, postergar o renegociar los vencimientos que se producían ahora en el corto plazo, es decir, poder adaptar a las posibilidades de la Argentina los compromisos con el Fondo”.

Pasado a números: en lo que resta del año quedan pagos al FMI por USD 3.500 millones en las próximas dos semanas pero son más USD 8.700 millones hasta fines de diciembre. De esos USD 3.500 millones, la mayor parte –poco menos de USD 2.700 millones– corresponden a los vencimientos de julio que fueron aplazados para el último día de ese mes.

Y otros USD 800 millones son intereses que tiene como fecha de pago el 1° de agosto. Todas esas obligaciones de pago deberían ser, si se siguiera el esquema natural del programa EFF, cubiertos con desembolsos. Pero la extensión de la negociación ya provocó que en junio haya necesitado pagar con Derechos de Especiales de Giro (DEG) remanentes en el BCRA y con yuanes.

En julio, si no llegaran a tiempos los desembolsos –una hipótesis razonable dado que los tiempos son muy ajustados antes del receso de verano en el FMI, el 31 de julio– el Poder Ejecutivo debería activar otra ingeniería especial para no caer en atrasos.

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