Tres de cada cuatro pesos que recauda la AFIP provienen de impuestos regresivos que afectan a familias y empresas

Al cabo del primer semestre de 2023 la estructura de los recursos tributarios mostró un deterioro en comparación con igual período del año previo, puesto que perdieron participación los denominados impuestos progresivos y ganaron peso los regresivos, de los cuales poco más de un cuarto es calificado por el consenso de los economistas como “distorsivo de los costos de las empresas y de los precios finales que paga el consumidor”.

Así, el conjunto de ingresos captados por los llamados Impuestos Progresivos, porque en general tienen una alícuota variable creciente a medida que aumenta la capacidad contributiva del sujeto alcanzado -empresas, trabajadores y familias-, como son los casos a nivel nacional de Ganancias, a la Renta Presunta, a los Bienes Personales y Monotributo, principalmente, generó desde el comienzo de 2023 el 25,1% del total de los recursos tributarios, cuando en gran parte del mundo desarrollado representa la mayor parte del total recaudado.

En la Argentina se aplica un sistema por escalones para los impuestos directos: se determina un tipo de alícuota creciente por cada tramo de ganancia neta imponible, pero, en la práctica, la escasa brecha entre esos parámetros lo han ido transformando en regresivo porque no sólo parten de valores de niveles de imposición muy bajos, sino que además llegan a un máximo también relativamente reducido respecto de las utilidades que obtienen las grandes corporaciones, que hace que proporcionalmente a sus ingresos un asalariado y una pyme tributen varias veces más.

Un fenómeno similar se advierte en el caso del gravamen sobre los Bienes Personales, estén en el país o en el exterior, los cuales -recuerdan contadores y tributaristas- antes de su adquisición el contribuyente pagó los impuestos sobre el excedente de ingresos que le permitió luego aumentar sus activos.

El promedio de los últimos 36 años de la recaudación de este conjunto de tributos fue de 23,4% del total, similar al que el actual gobierno heredó de la presidencia de Cambiemos, y desde entonces tendió a incrementarse, aunque con oscilaciones: escaló a 26,1% en el primer año de la pandemia de Covid-19, retrocedió parcialmente el año siguiente a 24,5%, volvió a subir en 2022 a 26,3%; y en la primera mitad del corriente año bajó a 25,1%, casi un punto porcentual menos que en similar período del año previo.

Por el contrario, los Impuestos Regresivos, caracterizados por tener una tasa fija y por tanto gravita proporcionalmente más sobre los ingresos de las empresas a medida que son de menor tamaño comercial, y en especial las personas humanas que generan u obtienen recursos monetarios muy por debajo del promedio general.

Es el caso del IVA, en especial sobre alimentos y bebidas básicas; Internos Unificados (bebidas, perfumería y cosmética, tabaco, entre otros), a los Créditos y Débitos Bancarios, derechos sobre el comercio exterior (exportaciones principalmente, pero también importaciones) e incluso las Contribuciones y Aportes al Sistema de la Seguridad Social, entre otros, generaron el 74,9% restante. Esto es 3 de cada 4 pesos del total recaudado en el semestre.

En este caso, el promedio de 36 años arroja una contribución al total de 76,6%, también similar al que heredó el actual gobierno al cierre de 2019, descendió en el primer año de la crisis sanitaria, repuntó en el siguiente, y volvió a subir en la primera mitad de 2023 en comparación con el aporte que tuvieron en similar tramo del año previo.

En tiempos de elecciones es usual que entre las propuestas de campaña de los candidatos no falte el capítulo de la reforma tributaria, generalmente destinada a eliminar o reducir los gravámenes regresivos y aumentar los progresivos, en función de la capacidad patrimonial del contribuyente, basados en la idea de que el consenso de los economistas considera que la justicia social del impuesto se mide por si es regresivo (menor) o progresivo (mayor).

Sin embargo, a la hora de hacer pesar el objetivo de recaudar para atender las “necesidades del Estado”, las propuestas no sólo dejan de ser claras y consistentes, sino que en la mayoría de los casos quedan a mitad de camino.

Entre los candidatos a ser eliminados siempre aparecen el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, junto con el recurso tributario que constituye una carga social y que no cumple su finalidad -como es la “Contribución patronal” sobre la nómina salarial- y las retenciones sobre las exportaciones, los cuales son considerados además de regresivos “gravámenes distorsivos”, porque encarecen los costos de las empresas al no ser tomados en cuenta por el fisco como anticipo de otros gravámenes y de eso modo incentivar el “blanqueo de la economía, principalmente IVA y Ganancias, en los dos primeros casos, y alteran el real nivel de precios de mercado, en el segundo”.

En este caso, también se advierte una suerte de subibaja en su representatividad, tanto sobre el total, promedian 25,7%, aunque con pasajes en 36 años de máximos de 31,6% en 2008 y mínimo de 12,3 en 2000, previo a la caída de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar en el mercado interno.

Si bien los impuestos progresivos se consideran equitativos y contribuyen a mejorar la redistribución de la riqueza entre los que menos tienen con políticas públicas ad hoc, hay quienes critican su existencia argumentando que desincentivan el crecimiento económico de las empresas y personas, pues cuanto más se gana, mayor tipo de gravamen se soporta, y desalienta la inversión y la generación de empleos.

También son candidatos a su eliminación, el Impuesto a los Bienes Personales (activo) o al Patrimonio (activo menos pasivo), a nivel nacional, y a la Herencia y Transferencia de bienes (inmuebles y automotores, principalmente), como también el Inmobiliario (rural y urbano, aunque en la Argentina no llega a ser relevante, porque desalienta la reinversión y la compra de bienes durables.

Es muy probable que esta discusión recobre impulso en la campaña final a las elecciones generales del 22 de octubre, en los dos debates previstos para el 2 y 8 de ese mes, después de las PASO, el próximo 13 de agosto.

Sin embargo, un estudioso del tema, como Daniel Artana, economista Jefe y director de FIEL, escribió en la red de Twitter, en respuesta a las propuestas de algunos de los precandidatos a la presidencia de la Nación: “No veo espacio para que se pueda bajar masivamente impuestos. Se puede eliminar algunos de baja recaudación. Hay varios que se pueden sacar. La curva de Laffer es magia y apostar a la magia es complicado. No hay margen para una baja de impuestos al principio” de un cambio de gobierno.

El economista Arthur Laffer fundamentó su teoría en el hecho de que cuando el tipo impositivo es igual a 0% la recaudación pública es cero y cuando es igual a 100% también es nula, porque si los impuestos absorben todos los recursos no se producirá renta. Se basó en el teorema de Rolle (Michel), y por tanto le sugirió al candidato a la presidencia de los EEUU, Ronald Reagan, en los 80, la reducción de los impuestos bajo la premisa de que de esa forma impulsaría la economía y con ello la recaudación final. Se bautizó “la economía del lado de la oferta”.

La instrumentación del dólar-soja, desde septiembre de 2022, para paliar el efecto de la drástica caída de los saldos exportables del complejo oleaginoso por la sequía sobre los recursos tributarios, no fue suficiente para evitar que por segundo año consecutivo el conjunto de ingresos aportados por la Aduana al total recaudado por la AFIP fuera el que menos aumentó, detrás de lo percibido por la DGI y la Anses, respectivamente.

Redujo su representatividad sobre el total a 20,2% en la primera mitad de 2023, más de dos puntos porcentuales por debajo del promedio de 36 años, y 11 pp menos que el máximo alcanzado en 2008, primer año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Por el contrario, ganaron relevancia los recursos generados por la Anses, ascendió a 23% del total, frente a una media desde 1997 de 21,3%; y también por DGI, que mantuvo la supremacía con 56,8%, un punto porcentual más que la media histórica.

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