La violencia en Jujuy y el desarrollo económico de las provincias mineras: qué dice un reciente estudio al respecto

Es un discurso que suscriben tanto el gobierno como las principales fuerzas de oposición: la minería, la energía, los agroalimentos, la economía del conocimiento, el turismo e industrias asociadas, pueden ser los grandes impulsores de la recuperación económica de una Argentina con una macro saneada y estabilizada, que mire hacia adelante más de lo que mira hacia atrás.

Los recientes hechos de violencia en Jujuy, sin embargo, fueron un baldazo de agua fría. La provincia que alberga dos de las tres operaciones litíferas activas en el país fue bloqueada, parcialmente sitiada y atacada su legislatura a raíz de una reforma de la Constitución provincial votada por 40 de los 48 convencionales constituyentes elegidos a tal efecto.

Las presuntas “prohibición” del derecho a manifestarse, “avance” sobre las poblaciones originarias y “robo” del litio estuvieron entre las consignas invocadas, con eco y apoyo del Gobierno nacional e importantes dirigentes del oficialismo que –gane o no las próximas elecciones- seguirá siendo una fuerza de peso en la escena pública.

¿Hasta qué punto eso puede afectar las proyecciones que hablan de exportaciones mineras por USD 18.000 millones hacia 2030 y pontifican sobre el efecto de las inversiones del sector en el empleo, los ingresos privados y públicos y el desarrollo de regiones históricamente postergadas como el Noroeste Argentino (NOA)?

El repudio de entidades civiles y empresarias a los hechos de violencia al cabo de varias jornadas de protesta incluyó al Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Grupo de los 6 (que agrupa a los bancos nucleados en Adeba, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la de la Construcción, Camarco, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial), amén de cerca de 1.000 personas entre empresarios, profesionales, y miembros de la sociedad civil, la cultura y ONGs.

Una voz particularmente cercana a lo que está en juego, amén de las cuestiones institucionales y políticas, fue la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM): resaltó la “importancia de la convivencia pacífica” para lograr un “progreso sostenible”, rechazó “los hechos de violencia y los atentados contra la libre circulación” y se solidarizó “con los trabajadores mineros, que se han visto imposibilitados de retornar a sus hogares”.

Todo sucedió mientras el Indec difundía que en mayo, a raíz de los primeros fríos, la balanza comercial del sector energético, otro supuesto puntal de una eventual recuperación, no solo fue deficitaria, sino que revirtió por sí sola el superávit que se había acumulado en el primer cuatrimestre. Mayo fue, además, el mes de mayor déficit comercial de los últimos 5 años, con un rojo de USD 1.154 millones y, sumado al persistente déficit fiscal, significó el retorno a los “déficits gemelos”, una combinación fatídica para una economía sin crédito y sin divisas.

“Comparando lo que reciben las distintas provincias por regalías, son muy significativas las cifras en las petroleras, mientras que las mineras están en sus inicios, con varios proyectos de exploración y todavía pocos en explotación. Las regalías representan más del 20 % de sus ingresos corrientes para Santa Cruz, Chubut y Neuquén, pero menos del 2 % para San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca”, precisa un estudio de Jorge Day, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea, sobre el efecto del eventual despegue minero en regiones y provincias.

“En cuanto a Ingresos Brutos, el principal impuesto en las provincias -observa el trabajo- en tres de las jurisdicciones de sesgo minero la trayectoria de la recaudación supera el ritmo del promedio de provincias, con una diferencia apreciable si se toman como base los guarismos de 2017. Sería otra señal de despegue y del impacto regional de actividad creciente de la minería”.

El estudio de Day reconoce la existencia de una “grieta” minera (geólogos, técnicos, empresas de servicios, políticos y empresarios de un lado, ambientalistas y activistas sociales apasionados del otro), pero plantea alternativas de las que es difícil escapar.

“Es difícil asumir que una empresa automotriz pueda instalarse en el Norte Argentino. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores clave que determina su ubicación geográfica? El primero es ubicarse cerca de los puertos y donde hay grandes centros de consumo, apuntando a la cercanía del mercado interno y a la conexión con el externo. El segundo, que a veces complementa al primero, es que la ciudad sea capital del país, lo cual facilita los trámites y es generalmente donde se ubican las casas matrices de las grandes empresas. ¿Qué hacen los lugares alejados de las grandes ciudades y de los puertos? En esas zonas se desarrollan muchas actividades (comercio, construcción, transporte), pero su fuerza está basada en los recursos naturales. Están aquellas vinculadas a los recursos renovables (agro, agroindustria, turismo), y otras más asociadas a los no renovables”, consigna el trabajo.

“Una parte de estos últimos son generalmente negocios como el petróleo y la minería metalífera”, explica Day. Y concluye. “los lugares alejados de los puertos y/o de los mercados de consumo tienen su dilema. Pueden estar preocupados por los riesgos ambientales pero sus ingresos monetarios estarán muy limitados si se rechaza la minería”.

En suma, que unos pocos días de furia, al calor de la confrontación e intereses políticos atizados por la urgencia electoral, pueden bloquear uno de los vectores de desarrollo de provincias en busca de un futuro mejor.

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