Avanza en el Senado bonaerense un proyecto de ley que busca generar alivio a quienes tienen que realizar un contrato de alquiler

Un proyecto de ley que plantea que el cobro del 4% de honorarios y los gastos administrativos pasen a cargo de los propietarios –y no como hasta ahora que lo deben abonar los inquilinos al firmar un contrato de alquiler de una vivienda en la provincia de Buenos Aires– quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado bonaerense luego de haber obtenido dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de esa cámara.

Esta opción, vigente en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Río Negro y La Pampa, podría trasladarse para beneficio de los inquilinos que buscan una propiedad en tiempos de escasez de oferta y aumentos de precios que superan el 100% interanual en todo el país.

Fue presentado por el senador del Frente de Todos Francisco Durañona y ya cumplió con la hoja de ruta parlamentaria, pasando por las comisiones asignadas, y está en condiciones de ingresar al Orden del Día de la próxima sesión.

“Presenté este proyecto por impulso de inquilinos organizados en asociaciones y federaciones. Estipula que el Estado deberá garantizar que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen sus honorarios y alícuotas que se cobran en los alquileres, en los locales, páginas web y todos los medios posibles de comunicación. El objetivo es que el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, destacó el legislador.

Otro aspecto a remarcar es que para el caso de locaciones con destino a vivienda única de ocupación permanente la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad será sin costo para los inquilinos en los futuros contratos en los que se los soliciten, quedando a cargo de los propietarios.

Durañona agregó que mientras que los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y todo costo de gestoría que se realice por locaciones de inmuebles deberá ser afrontado por los locadores y no podrán ser cobrados al locatario.

De votarse favorablemente en el Senado, debe pasar a Diputados y luego ser promulgado por el Ejecutivo para comenzar a implementarse. El Ejecutivo, a su vez, debe reglamentar la ley.

Esta iniciativa busca acercar una solución al problema habitacional en territorio bonaerense con una lógica de arraigo de la comunidad a su lugar de origen, asumiendo que el 50% de los hogares en alquiler del país se concentran entre el territorio bonaerense y CABA. Se estima que en la provincia bonaerense hay unos 3.500.000 de inquilinos.

“Asimismo, la intención es generar un alivio económico a un grupo que enfrenta serias cargas. En este contexto, verdaderamente adverso, y atendiendo que los/as inquilinos/as son actores pivotales y dinamizadores de la economía bonaerense, es que resulta imprescindible que las leyes tengan interacción dentro del marco normativo nacional para proteger a este sector dinamizador”, dice el texto del proyecto de ley.

El proyecto introduce también cambios a la Ley de Martilleros y Corredores Públicos. “No creo que los dueños dejen de alquilar por esta Ley. De hecho hace años que está en vigencia en otros distritos. A su vez, he presentado proyectos para incentivar los alquileres con importantes exenciones fiscales para sus propietarios”, aclaró Durañona.

Los inquilinos en la provincia abonan los gastos y comisión inmobiliaria, y si surge esta ley aliviaría el monto de ingreso que a veces es una barrera de entrada porque tienen que pagar mes de adelanto y depósito y presentar garantes también.

Desde Inquilinos Agrupados afirmaron que “es un proyecto fundamental que va directo al problema más urgente que son los enormes gastos que tienen los inquilinos bonaerenses al ingreso de un alquiler. Cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios”.

Pero cámaras sectoriales no están de acuerdo. Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, explicó a Infobae que “desde que distintos sectores de la administración nacional y provincial comenzaron a intervenir en el mercado, los inquilinos ven cómo se incrementan los precios y cómo se restringió la oferta”.

En ese sentido, añadió: “Como inmobiliario también pido que no me perjudiquen más. No hay crédito para comprar inmuebles. Los precios cayeron y no hay quien pueda acceder. Vivimos de los pocos alquileres que hay y también eso terminarán destruyendo”.

“La labor merece ser respetada y no hay que vulnerarla con medidas que nada traerán de solución al problema de quienes deben alquiler”, dijo Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA).

El tratamiento y posible sanción de la ley que busca aliviar el ingreso de los inquilinos para hacer un contrato de alquiler sucede en medio de la escasez de oferta imperante en toda la provincia: entre las ciudades grandes como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, apenas suman unos 1.500 inmuebles en alquiler tradicional y con valores que superan los $70.000 en adelante (por un monoambiente o dos ambientes).

Además, los propietarios no quieren seguir alquilando sus inmuebles.

Pablo Til, de Propietarios Unidos de Argentina, no está de acuerdo con el proyecto. “Ya que es un servicio a las dos partes, sería injusto que solo los propietarios paguen la comisión. Además, en la ley cargan también al propietario con los costos de informes para la garantía propietaria, situación ridícula ya que si la propiedad ofrecida no está en orden quien termina pagando por la irregularidad es el propietario y no el inquilino que la aportó como garantía”.

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