El 30% de los inquilinos porteños tienen que pedir una prórroga de sus contratos porque no consiguen viviendas para alquilar

En un mes se vencen los primeros contratos que se celebraron bajo la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020 y crece la preocupación por cómo será su renovación. De acuerdo con una información del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) porteño, el 30% de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires que deben dejar la propiedad en estos días tuvieron que pedir prórrogas en sus contratos porque no pueden encontrar una vivienda para alquilar.

Para muchos inquilinos la situación es dramática porque además de la escasez de oferta que existe en todo el país la inflación complica el pago para quienes consiguieron alquilar. Para junio se llegó al aumento récord del 100% a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) para quien debe actualizar el valor de su contrato o debe hacer uno nuevo.

Esta situación está obligando a que los inquilinos tengan que pedir prórrogas hasta que encuentren una propiedad con un precio accesible. Hoy no se consiguen tres ambientes por menos de $130.000 por mes en las inmobiliarias de los distintos barrios porteños. Con dueño directo suele ser más fácil el proceso, pero tampoco hay oferta.

Además, los aumentos son superiores al ICL, como detalló ayer Infobae, porque los dueños se cubren de la inflación (108,8% hasta mayo) y piden cifras que superan el 136% interanual. Se estiman sólo 1.000 unidades ofrecidas en pesos para alquilar en CABA (cuando históricamente promediaban las 6.000 mensuales) mientras crece la oferta en dólares y con acuerdos temporarios.

Tanto la persona como familia que finalizó el contrato deben buscar con lupa una propiedad. En ese caso surge la pregunta: ¿Cómo se hace la prórroga hasta conseguir una?

Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, dijo a Infobae que “los inquilinos deben apelar a las prórrogas que a veces pueden ser por un mes, 3 o 6 meses, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo. Sino deben dejar la vivienda y cómo está la situación en CABA hoy es complejo conseguir, estamos viendo casos de gente que deja la ciudad y se va hacia el Gran Buenos Aires”.

En muchos casos siguen pagando lo mismo que a la finalización del contrato o deben aceptar un ajuste entre partes que a veces trepa hasta un 30% más. El propietario en CABA paga la comisión inmobiliaria del 4,15% del valor mensual.

Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) reafirmaron que la oferta está en niveles mínimos, con una caída de 30% desde mayo de 2022. Y advierten sobre la situación de las prórrogas de los contratos. “Además, la situación será peor desde el próximo mes sería porque muchos dueños a los que les vencen los primeros acuerdos desde que rige la Ley de Alquileres no están dispuestos a seguir alquilando sus inmuebles”, dijo Alejandro Bennazar, titular de la CIA.

Se busca llegar a un entendimiento entre partes, pero por ahora gana el desconcierto.

“Me consta que nuestros gobernantes están analizando opciones y que tratarán de encontrar un camino para reformar los puntos neurálgicos de la actual ley como duración de contratos y método de ajuste. Es vital que vuelva a crecer la oferta”, agregó Bennazar.

En las inmobiliarias, las listas de inquilinos en espera crecen día a día. “Hoy consulté a más de 30 colegas para ver si tenían alguna vivienda para alquilar en su cartera de inmuebles y ninguno tiene. Esta situación debe cambiar urgente porque el acceso a la vivienda se ha complicado como nunca”, aseguró Liotto.

La recomendación a los inquilinos a los que se les vence el acuerdo es que realicen extensiones del contrato de como máximo un año. Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), dijo a Infobae que la idea es que busquen hacerlas al mayor plazo posible. “Suelen hacerse por tres meses o menos y ese poco tiempo para conseguir una vivienda. Por lo menos que los inquilinos se aseguren un año antes de irse”, destacó.

El valor está afectando mucho para poder conseguir una vivienda con sueldos atrasados y erosionados por el efecto inflación. “La exigencia de garantes se suple con los seguros de caución o pagos de garantías inmobiliarias privadas que son bien recibidas por los propietarios. Para que la situación cambie tal vez sería mejor volver a contratos que duren dos años como la ley anterior, pero también hay analizar cómo se aplica para no generar más complicaciones”, concluyó Botana.

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