A tres semanas del próximo vencimiento, el Gobierno apura la negociación con el FMI y aún discute los desembolsos

El ministro de Economía Sergio Massa pasará la semana en China pero, en paralelo, el Ministerio de Economía sostendrá en los próximos días lo que, espera, sea la recta final de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a tres semanas de los próximos vencimientos por USD 2.680 millones, que el Gobierno necesitará pagar con un desembolso desde el organismo. El ida y vuelta con el FMI siguió trabado, en las últimas horas, en un elemento central: cuál será el monto final de anticipo de fondos que adelantaría el Fondo y qué porción de esos dólares podrían ser utilizados para intervenir en el mercado cambiario.

Dos funcionarios de la mesa chica de Massa no se subieron el domingo a la noche al avión que llevó a la delegación argentina a Beijing y Shangai. Son el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, sus dos espadas en la esgrima con el Fondo Monetario y que suelen encabezar las extensas reuniones virtuales en un despacho contiguo al de Massa, en el quinto piso del ministerio, y que suele ser el búnker de negociación con la contraparte técnica del organismo. Los dos continuarán esta semana, en que el foco estará en el otro lado del planeta, con la puja técnica con el staff.

Según pudo saber Infobae por parte de altas fuentes oficiales, a pesar de que el reloj corre y que la próxima instancia de vencimientos altos con el Fondo Monetario asoma a unas tres semanas de distancia, el obstáculo principal para un consenso técnico sigue siendo el monto final de desembolsos que aceptaría anticipar el FMI. Y, en el marco de esa discusión macro, cuánto de esas divisas, eventualmente, el Poder Ejecutivo podría utilizar para actuar ante el mercado de los dólares financieros para evitar estampidas.

“Estamos tranquilos y muy bien encaminados”, se limitaron a comentar desde un importante despacho oficial. La fecha a la que apunta el equipo económico tener terminado el Staff Level Agreement, es decir el consenso técnico para que sea girado al directorio unos días después, entre el 12 y 14 de junio. Esa semana será crítica para el ministro de Economía: ese miércoles 14 se conocerá el último dato mensual de inflación, el de mayo, antes del cierre de listas electorales.

Hay algunas certezas y todo otro grupo de dudas aún con la negociación abierta, pero puesto en números: el próximo desembolso, previsto para fines de junio, debería ser, según la hoja de ruta todavía vigente, levemente menor a los USD 4.000 millones. Con ese dinero el Gobierno debería repagar ese mismo 21 y 22 de junio unos USD 2.680 millones. Y en semanas posteriores afrontará más vencimientos: USD 2.630 millones más a lo largo de julio. El último pago antes de que aparezca otro desembolso es el primer día de agosto, por otros USD 787 millones.

Existe ahí, entonces, un “descalce” claro: los desembolsos de junio no alcanzan para cubrir todos los vencimientos antes de septiembre. Y ese envío desde Washington -USD 3.330 millones- tampoco serían suficientes para pagar todo lo previsto hasta diciembre, que son USD 4.200 millones. Eso sucede porque había, a priori, este año pagos netos por encima de los desembolsos totales del año. La negociación, entonces, buscará dar vuelta esa ecuación, ya que la delicada situación de las reservas le impediría al Poder Ejecutivo a usar divisas para pagarle al FMI mientras las necesita para intervenir en el mercado cambiario, pagar importaciones o intereses de bonos en dólares.

Si el FMI aceptara anticipar todos los desembolsos pendientes del año, debería enviar a fines de junio USD 10.600 millones. Como fue dicho, todo ese dinero no alcanza para repagar los vencimientos, por lo que sería necesario reconfigurar no solo el calendario de envíos de Derechos Especiales de Giro (DEG) desde Washington sino también el cronograma de devoluciones por una con plazos más extensos, una variante que expertos y ex funcionarios del organismo señalan como más viable.

En ese plano, también, otro elemento que permanece aún resguardado con hermetismo en los despachos oficiales es cómo quedarán establecidas las metas -trimestrales y anuales- que son a fin de cuentas la condición para el envío de dólares desde el Fondo Monetario. Una pista circuló en los últimos días en los pasillos del equipo económico, que incluía como hipótesis de máxima que este año, por el impacto fuerte de la sequía en las cuentas públicas, directamente se descarte la chance de acumular reservas netas a lo largo de 2023.

Por lo pronto, fueron algunas pocas señales cruzadas las que tomaron protagonismo en el espadeo entre Buenos Aires y Washington. Massa anunció hace poco más de un mes que utilizaría reservas del Banco Central para controlar la crisis cambiaria que se desató a mediados de abril. El organismo dijo que evaluaría la medida y días después publicó otro comunicado en el que aseguró que trabajaba de cerca con el Gobierno. Ese guiño fue hace tres semanas.

El Ministerio de Economía, por su parte, aceleró en mayo el recorte de subsidios con la quita de subvenciones para el universo de hogares de altos ingresos para las boletas de energía eléctrica. En Energía incluso ya hablan de “sobrecumplir” el objetivo de poda de subsidios, que era para este año de 1,5% del PBI y que podría así terminar más cerca de 1 por ciento. Si fuera el caso, eso le daría espacio al Palacio de Hacienda para ofrendar al Fondo Monetario un perfil de “ordenamiento fiscal” más marcado.

De todas maneras, el impacto de la sequía en la recaudación de impuestos presiona en la dirección opuesta. Según estimaciones de IARAF, la caída de ingresos por derechos de exportación fue en el primer cuatrimestre del año casi el doble -0,33% del PBI menos en comparación con el mismo período de 2022- que el ahorro por el recorte de subsidios, que representó 0,18% del Producto. Algunas consultoras, en ese escenario, proyectan que el 2023 podría terminar no con una baja del déficit primario sino incluso con un incremento, como planteó Ecolatina, que ubicó esa cifra en 3,5% del PBI.

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