A pesar un desplome de ingresos fiscales que deterioró las cuentas públicas aún más en abril, el Gobierno empezó ese mismo mes a liberar pagos atrasados, una métrica que suele mirar de cerca el Fondo Monetario y es parte del programa en negociación. Así, el Ministerio de Economía bajó casi $300.000 millones el stock de deuda flotante, un número muy similar al déficit primario que acumuló en el cuarto mes del año.
El equipo económico continúa la negociación técnica con el staff del FMI. En el medio de ese ida y vuelta que se inició hace varias semanas, y que podría terminar a mediados de junio, de acuerdo a la hoja de ruta que trazó, el Palacio de Hacienda ofreció algunos gestos al organismo sobre qué medidas está dispuesto a tomar para acordar una recalibración integral del esquema de metas, desembolsos y pagos. Uno de ellos fue acelerar la segmentación de tarifas para bajar el gasto en subsidios. En el primer cuatrimestre del año fue, con mucha diferencia, el ítem de las erogaciones que más cayó en comparación con el año anterior.
Otro de esos elementos que entrelazan la gestión actual diaria con la negociación entre Buenos Aires y Washington, por ahora en modo remoto, es la deuda flotante, el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.
La deuda flotante es lateral a las metas centrales del programa, como la acumulación de reservas, el techo al déficit fiscal y el tope a la asistencia monetaria al Tesoro. De todas formas, el Fondo presta mucha atención al volumen de pagos atrasados que acumula el sector público y le puso, en el inicio del Extended Fund Facility (EFF), metas trimestrales y anuales, aunque en este caso es estable a lo largo del año. La cifra de techo establecida para 2023 es de 1,177 billones de pesos al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo podría ser redefinido.
De acuerdo a los últimos datos de la Tesorería, en el cuarto mes del año el stock de deuda flotante cayó unos $296.000 millones entre los 1,369 billones de pesos que había registrado en marzo contra los 1,073 millones de abril. La totalidad de la aceleración de los pagos correspondió a atrasos que pertenecen al ejercicio 2023, que pasaron de 1,223 billones de pesos a $916.000 millones. Los pasivos flotantes de 2022 que quedaron arrastrados para este año incluso se incrementaron levemente, unos $10.000 millones hasta los $156.000 millones.
Así, la deuda flotante cortó la tendencia que había registrado en marzo. En el tercer mes del año esa cifra se había elevado casi 90% en comparación con febrero. El número fino al finalizar el primer trimestre del año fue de 1,369 billones de pesos, mientras un mes antes había sido de $731.000 millones. El cumplimiento de la meta trimestral de esta métrica no es lineal. Si bien marzo terminó en esos 1,369 billones de pesos, el número global que informa la Tesorería incluye sectores de la administración pública que el FMI descarta en su cuenta. Y por otra parte, el método de contabilidad del Fondo implica un promedio diario de todo el trimestre, no solo el número final de marzo.
El número de caída de la deuda flotante en abril prácticamente “calza” con la cifra de déficit primario que registró el sector público ese mes. Según la Secretaría de Hacienda, el rojo primario sin contar el pago de intereses de deuda alcanzó los $331.000 millones, lo que dejó al primer cuatrimestre con un desequilibrio en las cuentas públicas superior al billón de pesos. La decisión del Poder Ejecutivo de acelerar los pagos para bajar la deuda flotante se da en un contexto de deterioro fiscal como consecuencia de la sequía.
Según la consultora Ecolatina, “el impacto negativo de la sequía en los Derechos de Exportación le restará recursos por cerca de 0,6% del PBI (en términos brutos la perdida sería mayor, pero estaría en parte compensada por la ganancia asociada a nuevas ediciones del “dólar soja/agro” para fomentar las liquidaciones)”, estimaron en un informe reciente.
En ese plano, Ecolatina también estimó que habrá otros elementos que complicarán el frente fiscal en lo que resta del año. “La caída en la actividad económica y los ingresos, junto con las restricciones a las importaciones producto de la escasez de divisas redundarán en una menor recaudación del resto de los tributos (estimamos un efecto neto negativo de 0,2% del PBI, considerando incluso el levantamiento de eximiciones a importadores); y en contraste al 2022, este año el Gobierno ya no podrá contabilizar las ganancias contables asociadas a las colocaciones de deuda sobre la par de instrumentos indexados de deuda soberana (0,3% del PBI)”, proyectó.
Como conclusión, midieron que “el déficit primario inercial alcanzaría el 3,5% del PBI en 2023. Entonces, los ingresos no sólo no ayudarán a achicar el rojo primario, sino que jugarán en contra de la consolidación fiscal para 2023″. Para pasar en limpio: implicaría un punto y medio del Producto más que el 1,9% planteado en el programa aún vigente con el Fondo.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) hizo un ejercicio para medir, en los primeros cuatro meses del año, cuál fue el sector del gasto que más creció y que fue más recortado por el Ministerio de Economía. “Teniendo en cuenta los valores acumulados al primer cuatrimestre del año, los ingresos totales cayeron 0,55 puntos porcentuales del PIB, mientras que el gasto primario lo hizo en 0,26 puntos porcentuales. Como resultado, el déficit primario acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 0,62% del PBI y tuvo un aumento interanual de 0,29 puntos porcentuales del PBI”, estimó Iaraf.
En ese sentido, marcó que “entre las caídas reales interanuales más significativas se destacan las asignaciones familiares con un 42,4%, los subsidios a la energía con un 33,9% y los bienes y servicios con un 29%. Desde la perspectiva del mayor ahorro de recursos, la disminución real más significativa se observa en el rubro de subsidios a la energía”, continuó.
La segmentación acelerada de las tarifas para ahorrar en subvenciones fue una de las promesas al FMI que el Gobierno concretó con mayor decisión en mayo -cuando aplicó un nuevo incremento en las boletas por la eliminación completa de subsidios a la energía eléctrica para el sector de mayores ingresos-, por lo que los números que reflejó Iaraf podrían ser incluso mayores en la comparativa anual de mayo.
Para ponerlo en números grandes: por la sequía y la caída de derechos de exportación el fisco perdió 0,33% del PBI en comparación con el año pasado y la poda de subsidios le significó una erogación 0,18% del Producto menor que en 2022. En otras palabras: el ahorro por subsidios fue poco más de la mitad que lo que se perdió de recaudación de retenciones.
Por último, ese centro de etudios estimó cuál debería ser el comportamiento fiscal en lo que resta del año para alcanzar la meta fiscal, más allá de si pueda modificarse en las negociaciones actuales o no. “De los resultados de ingresos y gastos del primer cuatrimestre, surgió que el déficit fiscal primario fue de $1.021.000 millones, equivalentes a 0,62% del PBI, 0,29 puntos del PBI mayor al del primer cuatrimestre de 2022. Dada la meta actual del 1,9% del PBI para todo el año, en los próximos 8 meses el gobierno tendría que registrar un déficit del 1,28% del PBI”, concluyó Iaraf.
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