La otra cara de la pobreza: millones de personas no tienen acceso a la red de gas, cloacas y vivienda completa

La pobreza por ingreso crece sostenidamente, al ritmo que se acelera la inflación y decae la actividad económica. Es un indicador que se puede mensurar cada mes a partir de los datos del Indec de valuación de la canasta básica de alimentos, que determina el umbral de indigencia y de la canasta total que agrega servicios esenciales, la cual comparada con el ingreso medio de la población define el límite de pobreza.

Pero, también aumenta la “pobreza multidimensional” que surge de considerar las condiciones de vida de los hogares y familias que depende principalmente de la obra pública nacional, provincial y municipal, como es el caso del acceso a la infraestructura de la red pública de agua corriente y cloacas; gas natural, insuficiencia en la calidad y terminación básica de la vivienda en la que habita; falta de baño con descarga y dentro del inmueble; ubicación en zona inundable; así como la cercanía a basurales, entre otros, que el Indec releva semestralmente.

Pese a que muchos Estados provinciales y municipales registran superávit fiscal y holgura financiera que les permite hacer colocaciones de dinero a plazo fijo hasta un año de plazo, en el total nacional se estima que en la era de la inteligencia artificial y del Wifi 6 que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, para “mejorar la conectividad en todo el país”, se estima que más de 23 millones de personas, sobre un total de poco más de 46 millones de habitantes, aun no tienen acceso a alguno de los servicios públicos de red, y no parece estar entre las preocupaciones de los máximos referentes de la política nacional, provincial y municipal que aspiran a cargos ejecutivos en esos Estados.

Destaca el Indec: “El acceso de los hogares a los servicios públicos básicos (agua, cloacas, gas natural) depende, en primer lugar, de la existencia de estas redes en las inmediaciones de la vivienda y, en segundo lugar, de que se hayan realizado las conexiones domiciliarias correspondientes”, en un caso es responsabilidad del Estado llegar con la obra a toda la población, y en el otro de la capacidad de las personas de contar con los recursos monetarios y fuentes de financiamiento para completar la instalación domiciliaria.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos arrojó que “a fines de 2022 había 12,5% de los hogares (donde habita el 14,9% de las personas) que presentaban condiciones de saneamiento inadecuadas”, esto es que tenían al menos una de las siguientes características: a) no poseen baño, b) poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros hogares, d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o e) el baño no tiene descarga de agua.

La extrapolación de esa proporción al total de la población determinó que no sólo casi 7 millones de personas viven en esas condiciones, sino que además aumentó en más de 800 mil en el último año, pese a la apreciable reactivación de la actividad económica y el sostenido incremento del gasto público, luego de la depresión del año previo que provocó el extenso Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio del Covid 19 que dispuso el Gobierno.

El informe del Indec precisa: “Este indicador refiere al equipamiento sanitario mínimo para el desarrollo de ciertas funciones biológicas (eliminación de las excretas) en condiciones saludables”.

El último relevamiento arrojó que 5,8% de los hogares no posee baño con descarga de agua, lo cual implica al 7,5% de las personas. Esa proporción se eleva a 30,2% del total con carencia de conexión a las redes cloacales, unos 14 millones de habitantes, subió en poco más de 700 mil personas en el último año.

Entre quienes no acceden a los desagües cloacales se encuentran aquellos que disponen de cámara séptica y pozo ciego, solo de pozo ciego, de hoyo/excavación en la tierra, o quienes no poseen baño.

Asimismo, la EPH registró que 8,2% de la población habita en viviendas con una construcción insuficiente y otro 13,9% en condiciones “parcialmente insuficiente”, la cual proyectada al total país implica que más de 10 millones de personas ocupan unidades con obras básicas pendientes, bajó levemente en el semestre, pero aumentó en comparación con el relevamiento del año previo.

El acceso a la red pública de gas natural es otra asignatura pendiente para más de 36,3% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec, la cual extrapolada al total nacional significa aproximadamente 16,8 millones de personas, aumentó en 1,3 millones de habitantes desde el mínimo de 15,5 millones que había alcanzado en la primera mitad de 2020, en plena crisis sanitaria.

La Encuesta Permanente de Hogares también construye indicadores que permiten caracterizar los hogares según la zona en la cual se encuentra ubicada la vivienda.

Por un lado, se tiene en cuenta la cercanía a basurales, considerando una distancia de tres cuadras o menos, de donde habitualmente se arrojan residuos y desperdicios. En ese caso, el organismo oficial de estadística detectó que comprende a 4,8% de la población relevada en 31 aglomerados urbanos, la cual proyectada al total país determina unas 2,2 millones de personas, 500 mil menos que un año antes.

Por otro lado, se consideran las “viviendas ubicadas en zonas inundables las áreas en las que, ya sea por lluvia o crecida, el agua llega al umbral de la puerta de entrada de la vivienda o de las viviendas que se encuentran a tres cuadras o menos de un arroyo, río o laguna. Se consideran aquellos casos en los cuales haya habido inundaciones en los doce meses anteriores al momento de la encuesta”, abarca a 7,7% de la población, unas 3,6 millones de personas. También acusó disminución constante desde el pico de 6,1 millones proyectado al total país en la primera mitad de 2020, cuando irrumpió la crisis sanitaria.

Claramente, la mejora de las condiciones básicas de vida de la población requiere no sólo que se revierta el deterioro de la situación macroeconómica, y consecuentemente se recupere el ingreso de las familias en su conjunto, sino también que constituya una prioridad en los objetivos de los candidatos a ocupar cargos ejecutivos en los gobiernos nacional, provincial y municipal, explicitados primero en sus propuestas de campaña, y luego en los presupuestos que remitan a las respectivas legislaturas quienes accedan a la administración de esas jurisdicciones.

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