Hace tiempo que los analistas del mercado advierten que las ventas de consumo masivo (alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza) desaceleraron su crecimiento. Sin embargo, mientras las grandes cadenas de supermercados mantienen números positivos en la comparación interanual, se profundiza la caída en los comercios más chicos: almacenes, autoservicios y supermercados de origen asiático (autoservicios independientes).
El último informe de la consultora Scentia, que releva precios a través de los escáneres de los comercios, mostró que, durante abril, las ventas de consumo masivo tuvieron una caída de 0,3% en comparación con igual mes del año previo. Sin embargo, las ventas de las grandes cadenas de supermercados crecieron 9,4% mientras que las de los comercios de cercanía disminuyeron 8,7% en todo el país.
Ahora, si se toma solo a los autoservicios independientes de la zona del AMBA las ventas se desplomaron un 21% durante el mes pasado, con fuertes caídas en productos perecederos (donde se incluyen los congelados) y productos de limpieza para la ropa y el hogar.
La brecha de precios entre las grandes cadenas y los pequeños comercios se viene acrecentado y, entre otros factores, genera un traspaso de clientes de los comercios de cercanía a las grandes cadenas.
Un relevamiento en el sector supermercadista en la semana del 24 al 28 de abril, arrojó una brecha porcentual de precios entre las grandes cadenas y los comercios de cercanía de 31 puntos.
Los acuerdos de precios vigentes -la canasta de Precios Justos más el tope de 5% mensual en mayo para las subas- hoy solo abarcan a seis cadenas de supermercados, que son las que tienen más sucursales. No es la única explicación para la caída de las ventas en los comercios más chicos, especialmente en la zona AMBA.
Desde el Gobierno negocian desde hace unas semanas una canasta de Precios Justos para los comercios de cercanía. Las cámaras del sector presentaron listados de entre 50 y 60 artículos con los productos de más alta rotación que consideran que deben formar para de la lista de precios regulados.
Fuentes de la Secretaría de Comercio anticiparon que la canasta ya tiene unos 23 productos confirmados y que continúan las negociaciones con mayoristas y algunas empresas que tienen distribución directa. Se presentaría en los últimos días del mes.
La clave es la participación de los supermercados mayoristas que son el canal donde se abastecen generalmente los comercios de cercanía.
Otros intentos de canastas de precios para locales más pequeños fracasaron porque las diferencias entre los precios de venta mayorista y al público generaban pérdidas para los comerciantes.
También anunció el Gobierno que el Mercado Central tendrá un nuevo rol como importador directo de alimentos, aunque aun no hay precisiones sobre cómo se implementará esa medida. Hasta ahora se sabe que el objetivo es reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas, carnes) y no perecederos (alimentos de primera necesidad).
En el caso de que la Secretaría de Comercio detecte distorsiones en los precios de los alimentos, se habilitará al Mercado Central para importar esos productos con arancel cero y sin costo de intermediación. Esos productos serán ofrecidos al público y a comercios minoristas de cercanía de manera directa.
“Se podría abastecer a los supermercados chinos y almacenes de cercanía con una canasta de productos definidos por la Secretaría de Comercio, importados por el Mercado Central para romper con el abuso de precios”, precisaron a este medio fuentes oficiales.
En el sector minorista desconfían de la efectividad de la medida, ya que podría ser útil solo para los pocos comercios que están en un radio cercano al Mercado Central.
“La introducción del Mercado Central, como una posible solución a los problemas inflacionarios y de abastecimiento que venimos experimentando (y denunciando), nos lleva a pensar que no se han tenido en cuenta los malos resultados que en el pasado reciente han arrojado intentos similares”, manifestó en un comunicado la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que agrupa a las cadenas más chicas, sobre todo del interior del país.
“Las medidas que tienen un alcance territorial muy limitado, como es el caso de Mercado Central, y que además fomentan la informalidad y de alguna manera le brindan un marco legal, conducen indefectiblemente a nuevos fracasos”, advirtieron.
Según analistas de estudios privados, el anuncio parece más una amenaza para disciplinar precios domésticos que una medida que pueda tener un impacto concreto para contener la inflación. “El primer interrogante es con qué divisas se financiarían estas mayores importaciones que para tener un impacto relevante deberían ser de magnitud. Las reservas netas del Banco Central son negativas en USD 1.500 millones. Al tipo de cambio oficial y con el exceso de demanda de dólares que tenemos opera como la principal restricción”, dijo a Infobae Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.
“Si esto pudiera concretarse, se dirige únicamente al Mercado Central y solo se estaría beneficiando a una región del país. Eventualmente podría contribuir a generar mayor ofertad e alimentos cuya producción se haya visto afectados por la sequía. Pero luce como impracticable. Además, la aguda escasez de divisas y la falta de credibilidad de los hacedores de política económica para coordinar expectativas, dificulta la efectividad de esta medida”, agregó el economista.
Un informe de la consultora Ecolatina destacó que la brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía o pequeños autoservicios implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables.
Los deciles más pobres de la sociedad no sólo gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en productos de consumo masivo, sino que tienden a utilizar menos las grandes superficies, destacaron: según la Encuesta de Gasto de los Hogares, los hogares del 10% de menores ingresos destinan sólo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal de grandes supermercados, mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos.
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