En ocho provincias la tasa de informalidad laboral supera el 45%: a qué se debe y las opciones para combatirla

El mercado laboral viene creciendo desde hace casi dos años en Argentina, pero miles de los puestos de trabajo creados desde la salida de la pandemia de Covid-19 son informales. Tal es así, que hay provincias que ya tienen más empleados en negro que en blanco.

Según un estudio del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES (Idelas) en base a datos del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2022, hay ocho jurisdicciones con más de 45% de asalariados informales y solo seis que tienen una tasa de trabajo en negro por debajo del 30 por ciento.

“En el conjunto de la población asalariada hay provincias donde la proporción de los que obtienen sus ingresos sin estar sujetos a descuento jubilatorio, esto es, en la informalidad, supera a los que lo perciben a través de un empleo registrado, sea en el ámbito privado, o en la administración pública”, destacaron desde Idelas.

En concreto, se trata de Salta (186 mil asalariados informales versus 180 mil en blanco); Chaco (143 mil vs 140 mil); y Santiago del Estero, que en realidad empata con 100 mil trabajadores en negro y 100 mil en blanco.

También superan el 45% de asalariados informales las provincias de Córdoba (48%), Formosa (47%), San Juan (47%), Jujuy (46%) y Tucumán (46 por ciento).

En el otro extremo, las grandes jurisdicciones con menor proporción de trabajadores en relación de dependencia no declarados Idelas destaca a Tierra del Fuego (8%), Santa Cruz (19%), Chubut (23%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24%) y Río Negro (24 por ciento).

Por otro lado, el informe de la casa de altos estudios muestra las brechas en términos de ingresos.

Si se considera la mediana, que es el indicador que mejor compara la distancia de remuneración entre los asalariados en blanco y negro, se observa que la menor diferencia en términos porcentuales se registra en Formosa, con un ingreso de $67.000 bruto de los trabajadores formales sobre $38.000 neto de los informales. Le siguen Tierra del Fuego ($120.000 y $65.000), Mendoza ($70.000 y $35.000); CABA y La Rioja, con una brecha de 47,5% ($120.000 y $57.000, en el primero, y $59.000 y $28.000, en el segundo).

“Por el contrario, la mayor amplitud relativa de ingreso entre los ocupados en la formalidad respecto de los no declarados se detectó en Corrientes ($80.000 y $23.000); Chubut ($100.000 y $30.000); San Luis ($90.000 y $30.000); Entre Ríos, Misiones y Salta con $80.000 y $30.000 en cada provincia”, destacaron desde el Instituto privado.

“La estadística oficial no avanza en el detalle de las remuneraciones por rama de actividad, pero claramente Idelas detectó que la mayor brecha absoluta de ingresos responde a tareas de diferentes calificación profesional y clima educativo requerida, como son las actividades de la industria extractiva en las zonas patagónicas, y más artesanales y vinculadas con el empleo en la administración pública en el norte del país, principalmente”.

Los niveles de informalidad laboral son particularmente altos en la actualidad, pero el empleo en negro es un problema histórico de la economía argentina. Según el economista Jorge Colina, esta situación es particularmente grave en provincias del interior debido a que los convenios colectivos de trabajo se negocian centralizadamente en Buenos Aires, para los criterios de productividad de las empresas de Buenos Aires.

“En el interior, sobre todo en el norte, las empresas son menos productivas, entonces los ingresos que generan no alcanzan a cubrir los altos salarios que se derivan de los acuerdos de paritarias”, explicó.

“Eso lleva a que los empleadores del norte, en particular los dueños de pymes, se ven obligados a contratar en negro. En resumen, estas provincias son las que más informalidad tienen porque son las de menor productividad económica”, subrayó Colina.

Para Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL), hay múltiples causas que explican los altos niveles de informalidad en el país. Por un lado, planteó la especialista, está el desbalance entre la presión tributaria y la productividad. “Si una empresa no tiene margen suficiente para hacer frente a los impuestos, tiene dos opciones, o no abre el negocio, o trabaja en negro”, analizó.

“En una economía con una productividad alta se puede tener una elevada presión impositiva, como pasa en algunos países de la Unión Europea, pero cuando la productividad es baja y los impuestos altos, se promueve la informalidad. Por eso, cuanto más bajo es el nivel de desarrollo de la provincia, mayor es el grado de informalidad”, explicó la economista de FIEL, coincidiendo con la lectura de Colina.

Por otro lado, Susmel contó que, desde el punto de vista de los trabajadores, “se debe considerar que hay personas que prefieren trabajar de manera informal, como ocurre con quienes no quieren perder los planes sociales que ofrece el Gobierno”.

Sirve de ejemplo lo que pasa cada año en las temporadas altas de cosechas, cuando miles de trabajadores optan por mantenerse en negro para no perder beneficios como la Asignación Universal por Hijo. Si bien el Gobierno nacional ha implementado en diferentes oportunidades medidas para promover el registro de los trabajadores rurales (se les asegura no perder los planes por contratos formales de temporada), los números estadísticos demuestran que los niveles de informalidad no han disminuido en el agro.

En relación a las provincias con mayor cantidad de empleados asalariados en relación al total del mercado laboral, Susmel destacó que le llama particularmente la atención el caso de Córdoba, ya que se trata de una jurisdicción con alta productividad. “En lo que respecta a Chaco, Santiago del Estero y Formosa, son provincias con poca inversión privada, por lo que resulta lógico que los niveles de empleo formal sean bajos”, opinó.

“También se debe tener en cuenta que hay provincias con baja informalidad, pero con mucho empleo público. Eso tampoco es bueno, porque falta empleo privado”, resumió la economista.

Los economistas consultados por Infobae coincidieron en destacar que el problema del empleo en negro es muy difícil de combatir. No obstante, aseguraron que hay ciertos lineamientos que se deben seguir para revertir los números.

“Se combate la informalidad permitiendo que las pyme provinciales puedan salir del convenio colectivo central y puedan negociar sus propios acuerdos, para que los salarios sean acordes a la productividad de cada región”, dijo Jorge Colina.

Nuria Susmel, por su parte, recalcó que “para bajar los niveles de ocupación asalariada en negro el Gobierno nacional debe desarrollar políticas que permitan bajar los costos -como menor presión tributaria- y fomentar el desarrollo de actividades con mucho valor agregado, para que aumente la productividad media del uso de los factores”.

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