Tarifas: pese a los últimos aumentos, al próximo gobierno le llevará dos años controlar el costo fiscal de los subsidios

Con los aumentos oficializados en las tarifas eléctricas, el Gobierno buscará cumplir las metas de la última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario: una baja de subsidios equivalente a 0,4% del PBI, explicada casi totalmente por la disminución de las transferencias a Cammesa, la administradora del Mercado Mayorista que hace de puente entre el circuito de la generación y distribución de energía eléctrica.

Debe tenerse en cuenta que hacia fines de 2022 los subsidios equivalían a 11% del gasto y a 91% del déficit fiscal primario y que la electricidad y gas explican el 75% de esos subsidios, precisa un informe que Alejandro Einstoss y Julián Rojo, del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, presentaron en la última semana en la Facultad de Ciencias Económicos de la UBA.

“Mejorar la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social ayudará a compensar los impuestos a la exportación más bajos por la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social, y asegurar los objetivos fiscales. Específicamente, será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, para reducir la regresividad del sistema. Mientras tanto, el costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada sólo a aquellos con mayor necesidad”, dice un pasaje de la cuarta revisión del FMI, con el que el Gobierno negocia un replanteo del programa y un adelantamiento de desembolsos, para reforzar las raquíticas reservas de libre disponibilidad del Banco Central.

La reducción de subsidios, a su vez, genera más deudas (Cammesa, Plan Gas, subsidios al Transporte), que, según proyecta el estudio, irán del actual 0,2% del PBI a 0,6% hacia fin de año. El fortísimo aumento de mayo, a reflejarse en las facturas de junio, será comido en los meses siguientes por la inflación.

Entre abril de 2019 (último aumento tarifario de la gestión macrista) y marzo de este año, las tarifas eléctricas eléctricas aumentaron 600% en promedio en el interior, regulado por las administraciones provinciales, y 100% en el Área Metropolitana (AMBA, suma de CABA y el conurbano bonaerense), que regula la Nación. La última resolución aumentó 260% los “Valores Agregados de Distribución” (VAD) de Edenor y Edesur. Con los nuevos valores, un usuario N1 (familia de ingresos de más de $699.298 mensuales) pagará de tarifa 5,5 veces lo que un usuario N3 (de $191.228 por mes hasta $699.298) y 7 veces lo que un usuario N2 (menos de $191.228).

Para las empresas, esos aumentos implican recuperar pérdidas y no llegan a cubrir el costo de prestación del servicio, retraso que volverá a aumentar con los meses. Con los actuales niveles de inflación, explicaron Einstoss y Rojo, no hay normalización tarifaria posible.

Y a futuro llevará al menos dos años, porque amén del atraso las prestadoras tienen a su favor “activos regulatorios”, hay una enorme dispersión de tarifas y una regulación incidida y complejizada por otras medidas. En el caso del gas, la regulación es igual en todo el país, pero los cruces entre “Ley de Zonas Frías”, “Tarifa Social” y “Segmentación” tarifaria lleva, por ejemplo, a que haya cerca de 90 tarifas distintas, según lugar del país, momento del año, nivel del usuario y volumen consumido.

Nadie sabe muy bien lo que paga. Vecinos de un mismo edificio pueden pagar tarifas diferentes. Una jubilada de CABA tiene en su cuenta el recargo que paga la rebaja del gas de “zona fría” que calefacciona la mansión de Mirta Legrand en Mar del Plata o un chalet en Bariloche cuyos dueños visitan cada tanto, pero en el que –debido a la electricidad provincial cara y el gas nacional barato- instalaron generadores de electricidad a gas, dio como ejemplos María Tettamanti, directora general de Camuzzi Gas, en la presentación. Irracionalidad y derroche por donde se lo mire.

Einstoss y Rojo calcularon la factura residencial a valores constantes que pagarán de luz y gas los distintos segmentos. En el caso del servicio eléctrico, la factura promedio será de $9.107 para los usuarios N1, de $2.422 para los N3 y de $2.124 para los N2. Solo en el primer caso (usuarios de altos ingresos), el cálculo a valores constantes superará lo que pagaban en abril de 2019. Pero como puede verse en el gráfico, proyectando la inflación, antes de fin de año volverá a pagar menos, salvo que medien nuevos aumentos.

En el caso del gas la dispersión es menor, pero la estructura se parece: por un consumo promedio de gas los N1 pagarán $1.825, los N3 $1.136 y los N2 $1.012, en todos los casos menos de lo que pagaban en abril de 2019, diferencia que volverá a aumentar con la inflación.

¿Cuánto pesará la factura de “servicios energéticos” (electricidad y gas) en los respectivos presupuestos? Según el estudio, considerando la factura promedio y el umbral de ingresos de cada segmento (para N2, los sectores más pobres, los autores tomaron el Salario Mínimo, Vital y Móvil, $84.512 por mes), el peso sobre los ingresos será de 1,8% sobre los usuarios más ricos, de 4,2% sobre los más pobres y de 2,1% sobre el segmento medio, proporciones inferiores al 4,5% que promediaban los tres segmentos en abril de 2019.

Aunque el concepto de “pobreza energética” es que los servicios de ese tipo no superen el 10% del ingreso, en la Argentina hay una suerte de “techo invisible” en torno del 5%, que operativizan medidas judiciales como el “fallo Cepis” (por un amparo en 2016 del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), que revocó los aumentos iniciales de la gestión de Macri por falta de Audiencia Pública previa, o que podrían gatillar fallos de primera instancia ante aumentos muy fuertes, dijo Einstoss.

Los cálculos del estudio refieren para el gas una factura del AMBA que para un usuario R1 (residencial de consumo bajo) implica 250 m3 al año y abarca, sumando el nivel R2, inmediato superior, entre 75y 80% de los casos. Consumos mayores a los promedios, tanto en luz como en gas, significan proporciones que las facturas equivaldrán a proporciones mayores de los ingresos de los usuarios.

Como sea, está claro que a partir de este mes los aumentos más fuertes serán para los usuarios de altos ingresos (N1) y los N2 y N3 que no quisieron o no pudieron inscribirse en el registro de subsidios. Pero aun si se inscribieron, deberán cuidarse de no superar cierto nivel de consumo: si pasan ese tope (que en la mayoría de los casos es de 300 KWh al mes, aunque varía) pagarán tarifa plena, como si fueran ricos.

Además, los cálculos de Einstoss y Rojo se refieren a niveles de consumo relativamente bajos. Para un N1 pero en la escala de consumo R3 de electricidad en el AMBA, la factura por 380 KWh al mes habrá saltado de $2.000 en marzo de 2022 más de $13.000 en mayo de 2023, según un gráfico que elaboró y difundió por Twitter el economista Nicolás Gadano.

En el caso del gas, los topes son diferentes según distribuidora, subzona y categoría de usuario. Para un hogar de CABA, por caso, de la categoría R2-3 el mínimo es de 17 m3 en febrero y el máximo 81 m3 en agosto. Desenredar esa madeja quedará para quien siga.

Por eso, concluyen Einstoss y Rojo, es previsible que las deudas dentro del sector aumentarán al ritmo de la incertidumbre macroeconómica y electoral y que ordenar el problema fiscal de los subsidios demandará al menos los dos primeros años del próximo gobierno.

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