El drama de alquilar: más de 13 millones viven en propiedades que no son de ellos, una cifra que aumentó 11% en tres años

La aceleración de la inflación mes a mes desde noviembre último no sólo ha provocado un simultáneo aumento de la pobreza en la Argentina, porque, en el mejor de los casos, los ingresos de la población se ajustan con un rezago de tres meses al de la variación del índice general de precios al consumidor, sino también, en los indicadores de la condición de vida de los hogares y personas que conforma la denominada pobreza multidimensional.

En particular, en el caso del acceso de la vivienda de terceros la estadística oficial se desprende que en el segundo semestre de 2022 la extrapolación a la población total país de 46,3 millones de personas de los datos correspondientes a universo de 29,2 millones de habitantes en el total de 31 grandes aglomerados urbanos, aumentó a 13,6 millones de residentes. Registró sendos incrementos de 1,5% y 11%, respecto de la primera mitad de ese año, como desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, respectivamente.

Por el contrario, el deterioro del acceso del poder adquisitivo del ingreso medio de la población, en particular respecto de la suba de la cuota de los créditos hipotecarios, provocó que la habitación en vivienda propia (del inmueble y del terreno) se redujo de 29,9 millones de personas al comienzo de la serie en el segundo semestre de 2016 a 29,4 millones a fines del gobierno de Cambiemos; y a 29,3 millones al cabo del tercer año de la presidencia del Frente de Todos, tras haber repuntado levemente a 29,5 millones en la primera mitad del último año.

De ahí surge que prácticamente 9 de cada 10 personas en que creció la población en seis años, según la progresión del último Censo Nacional del Indec, habita en viviendas alquiladas, ocupadas y de familiares.

El último informe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec desagrega los residentes en viviendas de terceros en:

1) “Inquilino-arrendatario”, se estima en 8,3 millones de personas que “deben pagar por el uso un monto determinado en concepto de alquiler”, en el segundo semestre de 2022 disminuyó en 280 mil personas, 3,3%, y significó la primera reducción en el período medido de seis meses desde el inicio de la serie, seis años atrás; aunque aumentó en casi un millón de personas desde el inicio el gobierno del Frente de Todos, 13,2%, captó el equivalente a 7 de cada 10 nuevos habitantes en ese período;

2) “Ocupante”, comprende a un universo proyectado al total país de poco más de 4,4 millones de personas; acusó sendos aumentos de 10,9% y 7,6% en el último semestre de 2022 y en el trienio, respectivamente.

Esta agrupación, no desagregada en el sondeo del Indec, comprende en su mayor parte a los no propietarios que pagan los impuestos/expensas del inmueble y pueden llegar a obtener el título de dominio por el régimen de usucapión que permite a través de un proceso judicial acceder a la posesión luego de un período comprobado y sin demandas de 20 años ininterrumpidos sin título justo; a personas que trabajan en relación de dependencia y residen en una vivienda que es alquilada o es propiedad del empleador; quien reside en forma gratuita con autorización de su propietario y sin pago alguno, aunque sí puede hacerse cargo de los servicios propios del hogar (luz, gas, teléfono, agua; de hecho (sin permiso), utiliza la unidad sin autorización del propietario; y quienes se encuentran en estado de sucesión legal, por fallecimiento de alguno de sus propietarios, que le impide disponer libremente de la vivienda para venderla o darla como garantía;

3) “Otra situación”, los no contemplados en las opciones anteriores, como es el caso que adquirió notoriedad en los últimos años de los usurpadores de tierras, se estimó que representan 1,8% de la población, poco más de 832 mil personas. Acusó sendos aumentos de 6,4% y 9,1% en el último semestre de 2022 y en el trienio, respectivamente.

En el caso de los propietarios de la vivienda, el Indec los subdivide en los que además el habitante es titular del terreno (puede venderla, alquilarla, darla como garantía, etc., aun cuando estén pendientes de pago -hipoteca-), comprende a 63,4% del total de la población; y los que carecen del derecho sobre el terreno, representan 7,2% de los residentes en el país.

Esos datos forman parte del universo de la pobreza multidimensional, porque va más allá de medir el estado de insastifacción de una persona o familia para cubrir sus necesidades básicas en función de su capacidad de generar ingresos por el trabajo, la jubilación o pensión, o en su defecto por algún plan de asistencia social de los gobiernos nacionales o provinciales.

Se trata en este caso de las limitaciones que enfrentan casi el 30% de la población para acceder a la vivienda propia y en condiciones seguras de habitabilidad, en función de la calidad de los materiales, cantidad de ambientes e instalaciones acordes con el tamaño del grupo familiar, así como de los servicios esenciales de electricidad, agua, gas, estado de las calles y el barrio; cobertura médica.

De ahí que pese a la baja del desempleo y el aumento de la actividad agregada (PBI) en 2022 la Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró un claro deterioro de la calidad de vida del promedio general de la población que depende de su esfuerzo principalmente para poder acceder a la vivienda o a un mejor sistema de salud del que asegura el Estado Nacional, provincial y municipal en gran parte del país.

Mes a mes se observa como el valor de las canastas básica de indigencia (Alimentaria) y de pobreza (Total), -la que agrega otros bienes y servicios esenciales-, sube a un ritmo superior al de la tasa de inflación, y por tanto se amplía la brecha con los ingresos habituales, más aún en los casos de quienes se ocupan en la informalidad, y apenas accedió a la educación secundaria.

De ahí que frente a índice de pobreza que se aproximó a 40% de la población al cierre de 2022, el consenso de las consultoras privadas ya estima que ya se ubica arriba del 45% de los habitantes, y de 60% en el caso de los menores de 14 años; y se afirma cuando se agregan los indicadores de condiciones de vida multidimensional.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec la población con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia pasó de 67,4% a fines de 2019 a 66,6% tres años después.

Y respecto del “clima educativo” el organismo oficial de estadística detectó que menos de 1 cada 4 habitantes acreditan estudios terciarios y universitarios completos; 1 de cada 3 nivel medio, y más de 40% índices bajos y muy bajo. En el caso de la población pobre la carencia educativa básica se eleva a más de 1 de cada 2 personas.

Semejante cuadro pone un condicionante severo para que en corto plazo, a través del esfuerzo individual, más personas puedan acceder al sueño ya no sólo de poder acceder a la vivienda propia, sino incluso de un hogar a través del pago del alquiler, porque su clima educativo frena la posibilidad del ascenso social, más aún en un mundo donde avanza en forma acelerada la bautizada IA (inteligencia artificial), que obliga a la capacitación permanente para no perder el tren de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Para peor, la Ley de Alquileres vigente, pensada para un escenario de baja inflación y sostenida recuperación de los ingresos reales de la población, agravó el problema de dar respuesta a las necesidades de vivienda, porque generó incertidumbre para celebrar los contratos entre propietarios e inquilinos y se tradujo en un cuadro inquietante de repliegue de la oferta y demanda de esas unidades.

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