El Gobierno le pagará poco menos de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional y así agotará el último desembolso recibido por el Ministerio de Economía el último día de marzo, mientras negocia en Washington una reformulación del programa vigente y algún tipo de anticipo de los giros previstos para lo que resta del año.
El Banco Central había devuelto al organismo el viernes pasado una primera cuota del último repago -por un monto similar al que operará este martes- en la hoja de ruta antes de que llegue la instancia de próximo desembolso, previsto a priori para fines de junio.
Con el pago de esta semana, que en este caso se trata de intereses del crédito Stand By de 2018, el Poder Ejecutivo habrá agotado 4 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario había enviado a fines de marzo tras la última autorización del directorio. El calendario prevé que el pago debería haber sido ayer 1° de mayo, pero como fue día inhábil, deberá tener lugar hoy, aunque algunas fuentes oficiales creen que podría impactar en el número de reservas recién el jueves.
Hacia adelante, el calendario con el FMI empieza a complejizarse por la propia dinámica del acuerdo, del impacto macroeconómico de la sequía que complicó el cumplimiento de las metas condicionales y porque el Gobierno nacional buscará rediscutir el marco de políticas económicas permitidas en el programa y las cifras vertebrales del acuerdo.
El Palacio de Hacienda tiene como objetivo central en esta última renegociación que encaró una reconfiguración completa del esquema de metas condicionales, que además incluye, como hipótesis de máxima, la posibilidad de modificar el calendario de desembolsos previstos en el acuerdo, que prevé envíos trimestrales desde el FMI al Banco Central a cambio del cumplimiento de los objetivos de reservas, déficit y emisión monetaria.
En términos generales, el objetivo de máxima es conseguir desembolsos anticipados. Para lo que resta del año, según el calendario vigente del organismo, quedan pendientes entre junio, septiembre y diciembre, unos USD 10.750 millones. La negociación versa sobre bajo qué condiciones el FMI podría aceptar una concesión así, ya que como los desembolsos tienen como objetivo cubrir los vencimientos con el propio Fondo, el organismo buscaría garantías para evitar que esos dólares sean utilizados, por ejemplo, para intervenir en el mercado cambiario.
Ese número se desagrega en 3 mil millones de dólares que corresponden a junio y 2.500 millones más para septiembre y para diciembre. A valor de conversión de hoy entre DEGs y el dólar, representarían unos USD 4.030 millones en junio y de USD 3.360 millones para las últimas dos instancias. En el paisaje general del acuerdo esos tres envíos desde Washington prácticamente representan los últimos desembolsos relevantes del programa Extended Fund Facility (EFF). Para 2024 solo quedarían otros tres por un total de USD 3.200 millones.
En Economía creen que el impacto de la sequía fue tan considerable sobre las variables macro que unos USD 15.000 millones menos de ingresos de exportaciones le quitan prácticamente todo margen de acumulación neta de reservas al BCRA y pone presión a las cuentas fiscales por una recaudación mucho menor de retenciones, algo que ya se vio con mayor nitidez en el primer trimestre del año.
Tal como informó Infobae, hay otra meta relevante aunque no condicional que también se encuentra bajo presión con los últimos datos fiscales. Si bien no forma parte de las métricas vertebrales del acuerdo, el Fondo Monetario pone especial atención en el stock de deuda flotante, incluso establece metas mensurables de manera trimestral, aunque con niveles de condicionalidad más leves que la acumulación de reservas en el Banco Central, el tope al déficit primario y el límite a la emisión monetaria para financiar al Tesoro.
La cifra de techo establecida para 2023 es de 1,177 billones de pesos al cierre de cada trimestre, equivalente -en el momento de diagramación del acuerdo- a 0,8% del PBI. Como se dijo, marzo terminó de acuerdo a datos de la Tesorería en 1,3 billones de pesos, pero la lectura sobre el cumplimiento de la meta no es lineal: por una parte, esa información incluye sectores de la administración pública que el FMI descarta en su cuenta y porque, además, el método de contabilidad del Fondo implica un promedio diario de todo el trimestre, no solo el número final de marzo.
La misión técnica en la capital norteamericana está integrada por funcionarios de segunda línea, ya que los habituales interlocutores, que son el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur, permanecieron supervisando el ida y vuelta desde Buenos Aires y en el caso de Madcur, también formó parte de la comitiva del Palacio de Hacienda en Brasil.
Hubo en los últimos días algunas señales desde el Gobierno al FMI. El Banco Central aceleró el ritmo de depreciación del dólar oficial para reducir el atraso en el tipo de cambio administrado, tal como reclamaba el FMI. El cuarto mes del año cerró también con otra señal fuerte: la tasa de interés para los plazos fijos fue elevada a 141% anual efectiva.
Además, oficializó en las últimas días resoluciones que darán paso a aumentos en las tarifas de energía eléctrica y en gas, lo que acelerará el recorte de subsidios. En el frente de acumulación de reservas, abril terminó como el primer mes de 2023 en que la autoridad monetaria pudo, de manera muy leve, acumular reservas (fueron solo USD 33 millones) producto de la tercera edición del dólar agro.
El staff técnico del organismo postuló en su último informe aprobado por el directorio que el peso estaba sobrevaluado, en un rango de entre 15 y 20 por ciento con datos hasta hace más de un mes cuando terminó de elaborarse ese reporte. Economía y el Banco Central parecieran haber empezado a desandar ese atraso relativo. Para la consultora LCG, durante la última semana de abril el BCRA convalidó un ritmo de crawling peg (depreciación administrada) de 8,1% mensual.
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