La Aduana denunció maniobras que traban el uso del swap con China

Al mismo tiempo que incrementa los esfuerzos para detectar irregularidades en la facturación de importaciones, con 3.000 casos identificados desde que empezó el año, la Aduana pone desde hace meses la lupa sobre la maniobras de triangulación y sobrefacturación. Así, irregularidades en las compras a China, el ingreso de maquinaria para la explotación de Vaca Muerta y hasta compras en el marco de la emergencia por el Covid cayeron bajo el radar del organismo.

La maniobra de triangulación y sobrefacturación de importaciones –se explicó desde la Aduana– es muy sencilla: la mercadería viene de un país, pero se re-factura desde otro a un valor superior, por lo general países con los que es difícil obtener información financiera y fiscal. El objetivo final es la constitución de activos financieros en el exterior, es decir, mantener dólares en el exterior, obtenidos a valor oficial, por lo que afecta las reservas del Banco Central.

En el caso de las importaciones desde China, estas maniobras también implican un obstáculo a la plena utilización del swap acordado con el banco central de ese país.

La Aduana destacó que las operaciones de triangulación “no sólo alientan las maniobras de sobre y subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China ya que la empresa que re-factura de Estados Unidos, Uruguay o Panamá no quiere yuanes, quiere dólares”.

El organismo que conduce Guillermo Michel detalló que las denuncias por sobrefacturación de importaciones han generado un impulso a la activación del swap con China, sólo en marzo y abril de este año se empezaron a solicitar SIRAS en yuanes por el equivalente a USD 1.040 millones. Y se estima una utilización mensual efectiva de USD 700 millones por mes a partir de mayo.

Las operaciones sospechosas analizadas, unas 33.000, se duplicaron en el segundo semestre del año pasado, con lo que el monto FOB de las operaciones involucradas en este tipo de maniobras se incrementó en un 430% hasta alcanzar los USD 4.747,4 millones. Asimismo, los cargos y multas aplicadas ascendieron a USD 1.018,4 millones, un incremento de 667% respecto al semestre anterior.

Los rubros más significativos sobre los que recayeron tales acciones son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos, entre otros. Dos casos merecieron particular atención, ambos ya con trámite en la Justicia:

Los integrantes de la firma Pepsa fueron procesados por el juez Criminal y Correccional La Plata, Ernesto Kreplak, por una operatoria vinculada a la compra de insumos para la pandemia. La denuncia se basó en una importación parcialmente simulada por Pepsa, en tanto se había sobrefacturado el valor de 680.000 barbijos ingresados a Zona Franca de La Plata.

El monto total de los bienes importados debía haber sido de aproximadamente USD 200.000 dólares. Lo sobrefacturado alcanzaba USD 1.738.600, un 700% encima del valor real. La maniobra se implementó a través de una triangulación internacional ya que la mercadería resultaba ser de origen chino, pero comprada a través de proveedores de Hong Kong.

En tanto, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a tres empresarios de la empresa NRG por la falsificación de documentación de importación de maquinaria con destino al desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén. La operación irregular resultó de USD 83 millones que fueron girados al exterior. La Justicia determinó en esta etapa de la causa que NRG hizo importaciones al país con Marull Heavy Equipment LLC.

Concretamente, ingresaron al país equipamiento para el montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas” que se utiliza para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas. Este tipo de importaciones, especial para utilizarse en Vaca Muerta, tiene un tratamiento aduanero particular.

De los veinticuatro (24) despachos de importación analizados surge que la suma declarada ante la Aduana de Estados Unidos resultó de un total de USD 17.367.633; mientras que en las Aduanas de Campana y de San Antonio Oeste de la República Argentina se declaró un total de USD 100.451.157,33; por lo que la diferencia en lo declarado ascendió a la suma de USD 83.083.524,33, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado nacional que, a través del Banco Central de la República Argentina, autorizó las operaciones de compra y giro de divisas extranjeras para el pago de esas importaciones en base a lo declarado en el país.

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