Ley de Alquileres: la demora en los cambios paralizó al mercado y generó incertidumbre

Desde que el Ministerio de Economía confirmó su decisión de avanzar en una suspensión o modificación de la Ley de Alquileres, no hubo más avances en el tema y se desconoce en qué forma se implementarían los cambios, ya que una ley no puede suspenderse por decreto, a no ser que haya alguna situación extraordinaria que lo justifique. La incertidumbre se reflejó en una parálisis en el mercado, con contratos y publicaciones que quedaron en pausa.

Las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dejaron traslucir que no hay una posición única dentro del Gobierno sobre el tema. “La Ley de Alquileres es una ley que es perfectible, pero es una ley que protege a los inquilinos. Así que hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente; siempre estamos dispuestos a que el Parlamento la discuta o se hagan propuestas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo”, dijo en conferencia de prensa.

Con todo, Cerruti limitó el tema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es claramente un tema que tiene que ver con las políticas a nivel local. El precio de los alquileres es una problemática de la ciudad de Buenos Aires; la imposibilidad de alquilar es de la ciudad de Buenos Aires y necesita y merece políticas locales”, agregó.

Ese mismo día, el Gobierno porteño presentó su paquete de medidas de alivio para inquilinos y propietarios que incluyen créditos para inquilinos -para los gastos de ingreso a una nueva propiedad- y una bonificación en el seguro de caución que reemplaza a las garantías. Y también exenciones impositivas para los propietarios -en ingresos brutos y ABL- que deben ser aprobadas por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) aseguró que durante la primera semana luego del anuncio de la posible suspensión de la ley las operaciones de alquileres cayeron entre 40% y 45% pero en los últimos días se fueron normalizando. “La ley le pegó mucho al mercado de alquileres tradicionales. Y muchos se fueron al mercado de alquileres temporarios. También se ve en el interior del país, donde crecen las plataformas Booking y Airbnb”, destacó.

Un relevamiento de la Cámara junto a Mercado Libre Inmuebles y Universidad de San Andrés (UdeSA) mostró que en marzo de 2020 había 5.421 publicaciones de alquiler de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que ahora cayó a 2.509″, menos de la mitad.

Y según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) había solo 1.500 inmuebles en oferta de alquiler antes del anuncio de la posible suspensión de la ley y actualmente menos de 900. “No hay novedades del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo todavía. Las ideas del gobierno porteño están muy buenas pero lo que faltan son inmuebles. Por más que ayudes a los inquilinos con créditos y garantías al no tener inmuebles disponibles es el gran problema. Las ayudas no mejoran la oferta en lo inmediato”, dijo Mariano Malbrán, presidente de la entidad.

Desde el Colegio de Profesionales Inmobiliarios (CPI) de CABA destacaron que enviaron notas a la jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía para conocer detalles sobre los posibles cambios, pero no obtuvieron respuesta, solo la confirmación de que se abriría un expediente para seguir el tema.

“El contacto lo mantenemos permanentemente con la Cámara de Diputados para ver la situación. Pero la situación es la misma”, explicó Marta Liotto, presidenta del CPI.

En el Congreso, tanto los legisladores del oficialismo, como de la oposición, aseguran que no hay ninguna iniciativa que avance en el sentido de modificar la ley. Los puntos más discutidos de la normativa vigente son la extensión del plazo mínimo de los contratos, de dos a tres años, y tener una única actualización anual de los valores de acuerdo a un índice que combina inflación y salarios.

Antecedentes

La Ley de Alquileres entró en vigencia en junio 2020, con efectos no deseados que a los pocos meses hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios. Fue uno de los lemas de campaña de la oposición en las elecciones legislativas de 2021 y hubo más de 30 proyectos presentados por oficialismo y oposición para modificarla o derogarla.

El año pasado, el Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones y se convocaron a cientos de referentes del sector inmobiliario y de grupos de inquilinos a participar de debates de Comisión en el Congreso, pero finalmente no se llegó a un proyecto consensuado entre oficialismo y oposición.

Distintos legisladores consultados por Infobae (del oficialismo y la oposición) confirmaron que no hubo ninguna iniciativa en el Congreso en los últimos días. El interbloque de Juntos por el Cambio no cuenta con los 129 votos necesarios para que se trate un proyecto propio. Y el proyecto que cuenta con dictamen de mayoría desde el año pasado -del oficialismo- no modifica la duración de los contratos ni la actualización anual, los temas clave.

Las fuentes coincidieron en que los problemas que preocupan hoy a los inquilinos difícilmente se resuelvan por derogar la ley en un contexto de inflación anual proyectada por encima del 100%. El aumento para la actualización anual de abril es de 92,5% sobre el valor del alquiler de hace 12 meses.

Según las estimaciones del gobierno porteño, en CABA se tarda cuatro meses en promedio para alquilar un inmueble y el gasto mensual representa entre un 40% y un 50% del ingreso de los inquilinos. En Buenos Aires, el 36% de los hogares son inquilinos. Y el 70% de los que buscan acceder a un alquiler lo hacen por motivos de “emancipación”, por lo tanto, se retrasa la autonomía y los proyectos personales de los más jóvenes.

De 1,4 millones de propiedades de la ciudad, unas 138.000 se encuentran vacías (el 9,2% del total), según el último censo. De ese número, una proporción no menor corresponde a viviendas que se habitan algunos días de la semana, algunas en muy mal estado y otras en procesos judiciales, según estadísticas del gobierno de CABA.

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