
En línea con lo estimado por el consenso de los consultores privados, la tasa de inflación general de la economía cerró marzo con una nueva aceleración, y más allá de factores estacionales y puntuales, como puede ser el efecto de la sequía sobre los precios de los alimentos, que puede dar lugar a variaciones menores en el mes a mes, el cotejo interanual se mantiene claramente expansivo, según el último relevamiento de expectativas de mercado.
Y si bien para el consenso de los economistas, más del mundo que en la Argentina, “la inflación es siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario”, según acuñó Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976 en su libro A monetary History of the United States, 1867-1960 (Una historia monetaria de los Estados Unidos, 1867-1960) que escribió en 1963 junto a Anna Schwartz, siempre aparece la tentación en el poder político de turno de responsabilizar del fenómeno a “la puja distributiva” por mayor ingreso entre los dos grandes factores de producción: el trabajo y el empresario.
Sin embargo, las pobres estadísticas nacionales, principalmente por su corta periodicidad -la última serie ininterrumpida hasta el momento comienza en el primer trimestre de 2016- no permite avalar esa teoría que surge más como excusa de autodefensa de algunos gobernantes por su fracaso en estabilizar los precios, y de dirigentes sindicales que los acompañan porque se aferran a políticas heterodoxas de controles y limitaciones a lo largo de las cadenas productivas y comercial, porque no aceptan que la causa principal de ese flagelo es la resistencia a implementar probadas políticas monetarias y fiscales de austeridad, y sostenerlas en el tiempo.
El supuesto implícito de quienes consideran que la puja distributiva es una de las causas principales de la aceleración de la inflación, es que el poder de los empresarios, más concentrados que el de los trabajadores -más atomizados-, en particular cuando se baja a nivel de sectores y ramas específicas de actividad, tienen mayor agilidad para aumentar los precios a un ritmo superior a los aumentos salariales que conceden porque se traslada a los costos de producción, y con una periodicidad notablemente más corta -casi a diario en los productos frescos y no regulados-, en particular cuando enfrentan situaciones inesperadas, como la sequía, o incertidumbre macroeconómica.
Sin embargo, a lo largo de la serie de 27 trimestres con datos de la participación de los asalariados totales y del sector privado, en particular, en la generación del PBI de cada período, y 29 de tasas promedio trimestral de inflación interanual, no se advierte una correlación directa entre esas dos variables.
Esa falta de correspondencia se advierte en el período reseñado tanto en los 16 trimestres bajo el gobierno de Cambiemos, con la presidencia de Mauricio Macri, como en los 13 del Frente de Todos, con la gestión de Alberto Fernández -aunque los datos de Distribución del Ingreso llegan hasta septiembre 2022, y el de diciembre el Indec tiene previsto difundirlo el 18 de abril-.
Así, en el tramo presidencial de Mauricio Macri se observa que, de 8 períodos de tres meses con aceleración del ritmo promedio de suba de los precios al consumidor en el cotejo interanual, en 5 cayó la participación de los asalariados en el PBI, a favor de las empresas; y en los 8 en que disminuyó la tasa de aumento del IPC en 7 se elevó la participación de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia en el reparto de la riqueza, aunque en dos muy levemente.
En tanto, desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández la estadística oficial permite detectar que sobre 6 trimestres con mayor inflación (no incluye los dos últimos por falta de datos de Distribución de la Generación de Ingreso), la pérdida de participación de los asalariados en el PBI se verificó únicamente en 2; y en los 5 en que se atenuó el ritmo de suba de los precios (4 durante el primer año de irrupción del Covid-19), los trabajadores “ganaron” en la mitad de esos períodos.
Efecto monetario
Por el contrario, la variación del saldo de los instrumentos de regulación monetaria -emisión de Letras de Liquidez del Banco Central (Leliq) y operaciones de Pases con los bancos (préstamos de corto plazo de las entidades) para absorber la expansión primaria que provoca el financiamiento al Tesoro Nacional del déficit fiscal y la compra de dólares a un tipo de cambio preferencial al agroexportador (como desde abril el dólar soja 3 ampliado) a un valor sustancialmente mayor al que le vende a los importadores- anticipa con notable precisión la aceleración de la inflación posterior, pese a registrar un rezago que oscila entre los 12 y 18 meses, según las circunstancias y el contexto político.
Esa serie, medida también como tasa promedio de variación interanual por trimestre, muestra que, salvo la excepción del período abril-junio 2022 -antes de la renuncia del ministro Martín Guzmán a la conducción de la Economía-, muestra desde el primer cuarto de 2020 una brecha creciente con la correspondiente a la dinámica del IPC, y anticipó en 11 meses el ingreso a un sendero de tres dígitos porcentuales en el aumento del índice general de precios de la economía en comparación con el año previo.
A ese ritmo también se mueve el saldo de depósitos totales del sector privado: 110,3% consignó el Informe Monetario del Banco Central a marzo 2023 (121,4% en el caso de las colocaciones a plazo fijo y 101,4% en las imposiciones a la vista), ascendieron al equivalente a 14,7% del PBI, aunque se mantienen relativamente bajos en comparación con la media internacional, e incluso de países vecinos.
De ahí que el consenso de las economistas locales e internacionales consideran que sólo con un plan económico integral destinado a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, “sanear” el balance del Banco Central, abrir la economía y, principalmente incentivar la inversión productiva que aumente el empleo y la productividad del uso del conjunto de los factores, la inflación podrá volver al rango de un dígito porcentual al año, como se observa en la mayor parte del planeta.
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