FMI y el año electoral: la hoja de ruta de las medidas que pidió el organismo en medio de la campaña

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer esta semana su primer informe de staff del año, en el que trazó un panorama de cómo se desarrolla, a un año de su aprobación, el programa Extended Fund Facility (EFF) y en el que dio paso a su primer reajuste de metas relevante desde su vigencia.

También hubo distintas alertas, con variado énfasis, sobre algunas de las medidas de política económica de los últimos meses y también dibujó una suerte de hoja de ruta de cómo será este año la relación entre el Poder Ejecutivo y el organismo, en un 2023 que estará marcado por el turno electoral que decidirá quién se sentará en la Casa Rosada los próximos cuatro años.

Hay un camino marcado en términos de objetivos macroeconómicos que tuvo en esta cuarta revisión trimestral un recálculo a la baja de la exigencia de acumulación de reservas por la severa sequía que impactó en el nivel de exportaciones, de liquidación de granos y de ingresos fiscales por retenciones. A pesar de esta primera señal del FMI hacia el Gobierno, es esperable, algo que ya anticiparon desde Washington, que a lo largo del año tengan lugar nuevas discusiones para realinear las condiciones bajo las cuales se desarrolla el acuerdo.

A grandes rasgos, de las cifras que componen la columna vertebral del EFF solo fue modificada la meta de reservas: USD 1.900 millones a acopiar en el primer trimestre (un objetivo que fue incumplido), USD 6.800 millones para el segundo, USD 7.200 millones para el tercero y USD 8.000 millones a fin de año. Es, en definitiva, un recálculo de USD 1.800 millones respecto al horizonte original. No hubo cambios en las metas fiscales ni monetarias.

Más allá de esos números que marcan el trazo grueso del programa, hay un camino que se desarrolla en paralelo con medidas puntuales que el Fondo Monetario y el Gobierno acuerdan, incluso con un cronograma determinado, para llevarlas adelante, una evaluación sobre si hubo cumplimiento o no, o si existen demoras. A diferencia de las metas contables, no forman parte de la “condicionalidad”. Es decir, no compromete el giro de un desembolso en caso de que el Poder Ejecutivo caiga en algún tipo de incumplimiento.

Se trata de una batería de medidas que cubrirán aspectos diversos como la estructura fiscal, la integridad financiera, de política monetaria, de gestión de gobierno y de financiamiento. Y están incluidas medidas de un arco amplio: desde encajes bancarios o un estudio del sistema previsional hasta medidas contra el lavado de activos, un plan de desarme del cepo al dólar y un revalúo inmobiliario en todo el país hasta un auditoría sobre el gasto Covid-19. Algunas de esas metas ya fueron alcanzadas, mientras que otras sufrieron demoras.

Esta hoja de ruta cobra especial relevancia este año ya que, en caso de un cambio de signo político al frente de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, muchas de las medidas planteadas y acordadas en esta instancia necesitan ser continuadas por la próxima administración.

La revisión con el FMI planteó, en primer lugar, la actualización de las tarifas a partir de mayo. El organismo fue muy puntilloso sobre el paso a paso que deberá seguir la Secretaría de Energía para continuar la puesta en marcha completa del esquema de segmentación de tarifas con topes de consumo y arriesgó cuánto debería ser el aumento para algunas de las boletas.

El Fondo pidió “actualizar los precios de la electricidad (PEST) en mayo equivalente a: un aumento para los consumidores residenciales de nivel 1 para garantizar un cambio inmediato al precio monómico en mayo (85%-90%); y un aumento del 31% para ‘otros’ usuarios comerciales (y pequeños usuarios comerciales para un consumo superior a 800 Kwh), según se define en el TMU. Para el alumbrado público municipal, los precios en mayo se elevarán al nivel de ‘otros’ usuarios comerciales”, manifiesta el reporte del staff conocido esta semana.

Hacia fines de mayo, por otra parte, el Fondo Monetario espera que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso una nueva Ley Penal Cambiaria “para mejorar el marco sancionador, incluso introduciendo la autorización de multas administrativas, para hacer más eficiente el marco sancionador y mejorar la puntualidad de la ejecución”. Es incierto aún cuál será el contexto político para poder discutir en el parlamento un proyecto de esa naturaleza.

Hay una medida adicional, que en rigor tenía fecha para fines de marzo y que ya levantó polémica en al discusión política y que promete agregar tensión a la convivencia en el oficialismo: la revisión de algunos planes sociales. El FMI reclamó “una evaluación integral de los programas y la estrategia de apoyo social para identificar opciones para mejorar las políticas”, aunque en el informe fue más específico.

“Deben continuar los esfuerzos para fortalecer la focalización del programa emblemático de empleo social (Potenciar Trabajo). Luego de una auditoría reciente, alrededor de 97.000 solicitantes no elegibles fueron suspendidos, mientras que se espera que otros 400.000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral y otros 500.000 se reinscriban en la escuela. Mientras tanto, luego de una rápida expansión en asistencia social durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del año pasado, una evaluación integral de los programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas, incluso limitando los beneficios de asistencia social total para aquellos que reciben otras transferencias sociales en o por debajo del salario mínimo para fomentar la entrada al mercado laboral formal”, planteó el organismo.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aclararó que “no hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema financiero o de crédito sobre la política social en Argentina. No es verdad que se haya solicitado o puesto como meta la reducción de la cantidad de titulares del Potenciar Trabajo”.

Hasta fines de junio correrá otro plazo más: es el tiempo al que se comprometió el Ministerio de Economía para hacer un estudio exhaustivo de los distintos esquemas de alícuotas impositivas, que busca unificar la diversidad de tipos de cambio que existen, entre el dólar turista, que el mercado bautizó como Qatar (turista a partir de 300 dólares mensuales), Netflix, Coldplay, entre otros.

El Gobierno había dejado trascender que podía hacer converger algunos de esos valores de importación, pero desde el Palacio de Hacienda le bajaron el tono de urgencia y afirmaron que estudiarán alternativas, y se concentró inicialmente en la tercera edición del dólar soja, ampliado para las exportaciones de productos de las economías regionales.

El programa con el Fondo volvió a poner sobre la mesa una medida tributaria que planteó desde el origen del EFF: un revalúo fiscal a nivel nacional. Los avances fueron lentos pero el Gobierno dio alguna pista al respecto, al anticipar que buscará “vincular los catastros provinciales y los registros del impuesto predial con los números de identificación de contribuyentes federales (CUIT/CUIL), a partir de la región AMBA”.

“Se están logrando avances importantes en esta área, con alrededor del 75% de CUIT/CUIL vinculados a la propiedad relevante en la región AMBA a fines de enero. Además, el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi), está desarrollando una metodología unificada para las valuaciones de propiedades, de modo que las valuaciones futuras (para efectos de Bienes Personales) se basen en la mayor de la valuación provincial; o la valoración de la metodología unificada de Ofevi”, consideraron.

Una medida que sigue en la agenda, a pesar de las dificultades que tiene el Gobierno en el frente cambiario, es el compromiso asumido desde el inicio del programa de establecer una hoja de ruta particular para relajar, en la medida de lo posible, los controles cambiario, en un trabajo que debería realizar el Banco Central con asistencia técnica del Fondo Monetario.

“A medida que las condiciones lo permitan y los desequilibrios se resuelvan, una unificación gradual del régimen cambiario, junto con la liquidación del capital. Se deben buscar medidas de gestión de flujos y la eliminación de múltiples tipos de cambio y restricciones cambiarias. En este contexto, las autoridades han solicitado asistencia técnica en la elaboración de la hoja de ruta para una flexibilización de los controles cambiarios basada en condiciones”.

El calendario marca una fecha precisa para que el plan de desarme del cepo haya sido diseñado: el último día de junio, dentro de poco menos de tres meses.

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