A 41 años de la guerra de Malvinas, cuál era el plan económico de la dictadura para las islas y qué pasó con el dólar

La guerra de Malvinas tuvo un capítulo económico, tanto para las islas como para el país. El ministro de Economía, Roberto Alemann, tenía pensado un ajuste fiscal y una renegociación con los acreedores externos del país que quedó inconclusa.

Y, también, con sus colaboradores, tuvo que pensar en un esquema económico para las islas, improvisado cuando se enteró de la decisión de la Junta Militar de desembarcar en las islas del Atlántico Sur ocupadas por Gran Bretaña.

En “La política económica durante el conflicto Austral”, presentado ante la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1982, Alemann admitió que, luego de la crisis que determinó el final de la “Tablita cambiaria” de José Martínez de Hoz y la fallida experiencia de Lorenzo Sigaut, antes del inicio de la guerra “estaba en marcha una política encaminada a estabilizar la moneda, erradicando de cuajo las fuentes de inflación monetaria, sin alterar el funcionamiento ordenado de los mercados”.

Sin embargo, la operación encarada por el general Leopoldo Galtieri para recuperar poder, “planteó problemas absolutamente nuevos e imprevistos”, dijo el economista, que falleció en marzo del 2020.

“El objetivo principal de la política económica que por entonces consistía en abatir la inflación para desembocar en la reducción del sector público, cedió después del 2 de abril a la necesidad de preservar las reservas monetarias. El Banco Central contaba con activos externos de alrededor de USD 5.000 millones, pero las reservas disponibles eran considerablemente inferiores”, admitió Alemann, en una referencia que podría ser asimilada al presente.

La primera decisión fue implementar un cepo cambiario al limitar “el mercado de divisas a compras exclusivamente para vencimientos comerciales y financieros con cierta fecha”. La intención, explicó, era contar con “efectivo” para la compra de armamento durante el conflicto.

En la política cambiaria, contó, intentó demorar la inevitable devaluación generada por el aumento de la desconfianza, hasta que permitió un salto del 25% a principios de mayo, a cambio de colocar derechos de exportación, un instrumento que curiosamente varias décadas después fue reinterpretado como progresista.

Respecto de la deuda externa, Alemann afirmó que se logró “la renovación de los vencimientos hasta que se superara el conflicto” con el consentimiento de los bancos comerciales, que eran los principales acreedores del país.

Sin embargo, en Nueva York afirmaron que la Argentina fue el primer país en caer en default en los inicios de los 80, aún antes de México, en el inicio de la denominada “década perdida”.

Esto se basa en el hecho de que el gobierno argentino no le pagó a los bancos británicos por la guerra de Malvinas. A fines de 1981, con una deuda externa pública de USD 20.024 millones que apenas se podía afrontar, el gobierno militar se hallaba en pleno proceso de desgaste como producto de la crisis económica y por el lento pero progresivo avance del diálogo político, luego de los años más duros de la represión.

Con urgencia para captar fondos, el ministro partió hacia la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena de Indias para acordar la refinanciación de los compromisos de la deuda soberana de 1982.

El plan oficial consistía en contratar unos USD 3.500 millones en créditos sindicados a largo plazo y renovar otros USD 7.200 millones. Desde el 26 de marzo, ajeno a los planes bélicos del gobierno, el funcionario comenzó a tejer en el Caribe colombiano la delicada operación para sacar a la Argentina de la cornisa de la cesación de pagos.

A cambio, Roberto Alemann juró que no subiría la deuda pública y a reducir el déficit fiscal en un 2% durante ese año. La realidad rompería con promesa, ya que a fines de 1982 los pasivos externos del Estado ascenderían a USD 28.626 millones.

Con menos pruritos que José Martínez de Hoz para aplicar un programa de ajuste con el objetivo de reducir la inflación, el ministro diseñó un esquema de “racionalización” del gasto público junto con la secretaría de Hacienda, que había intentado la misma tarea sin éxito desde 1976 a las órdenes de Juan Alemann. Así, Alemann dispuso un congelamiento de los salarios y el recorte de los subsidios a las empresas estatales.

Tras lograr un rápido “compromiso verbal” para la refinanciación de la deuda, el ministro decidió adelantar su regreso dos días con una escala en Bogotá, para arribar el 30 de marzo a Buenos Aires. Sin embargo, las rutas aéreas no favorecieron sus planes y debió penar durante 25 horas entre un avión y otro para llegar al país a través del Brasil.

Finalmente, aterrizó la tarde del jueves en el aeropuerto de Ezeiza, donde, ansioso, lo esperaba Manuel Solanet para explicarle que el enlace de la Fuerza Aérea con el Ministerio de Economía le había anticipado la noche anterior que el 2 de abril habría novedades importantes en relación con las islas del Atlántico Sur.

Al tanto de la operación militar, en Hacienda se le ordenó al presidente del Banco Central, Egidio Ianella, que girara las reservas internacionales del Banco Central que estaban depositadas en el Banco Central de Inglaterra y en los bancos comerciales de los Estados Unidos. El nuevo destino sería el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de Nueva York, lejos del alcance de un eventual embargo británico.

Agotado por el extenso viaje desde Colombia, Alemann le dijo a Manuel Solanet en el aeropuerto que nada pasaría en relación con Malvinas y que necesitaba dormir una siesta en su casa para recuperar fuerzas. A las 19, su colaborador lo despertó por teléfono para reafirmar sus temores, pero el ministro volvió a pedirle calma, hasta que a la una de la mañana del viernes convocaron al ministro a una reunión de urgencia del gabinete nacional a las 7 de la mañana en la Casa de Gobierno para analizar una invasión que él desconocía.

Enojado y confundido, Roberto Alemann sintió que en un instante su castillo de naipes se derrumbaba: la ansiada lucha contra el déficit y la inflación dejaban paso al gasto militar como prioridad de la política económica.

Mientras el ministro tomaba conciencia del cambio de escenario, Ianella se aseguraba de que la operación de rescate de las reservas resultara “prácticamente” exitosa, ya que aún restaban 50 millones de libras esterlinas que por cuestiones operativas sólo podrían ser liberadas el viernes 2 de abril. El Ministerio de Economía aprovechó la lentitud del gobierno británico para reaccionar -la premier Margaret Thatcher presuntamente se había enterado de la operación militar argentina a través de la inteligencia norteamericana la madrugada del viernes e impuso el control de capitales recién el sábado- para salvar ese dinero remanente.

Sin embargo, puertas adentro del sistema financiero inglés quedarían congelados durante toda la guerra unos USD 1.450 millones de residentes argentinos, incluidos USD 70 millones pertenecientes a la comisión de compra de armas de la Armada Argentina, que un integrante de esa fuerza aún menos informado que Alemann se olvidó de retirar.

En la economía de guerra, Roberto Alemann limitaría la compra de divisa para evitar la fuga de capitales, el mercado cambiario volvería a desdoblarse, el peso se devaluaría, crecerían las retenciones a la exportación y se adoptarían otras medidas impositivas para enfrentar el crecimiento de los recursos militares, que consumieron USD 450 millones de gasto corriente, más los fondos destinados a la compra de aviones.

A pesar del apoyo retórico del sector privado a los planes del ministro, la fuga de un 4% de los depósitos totales del sistema financiero local registrada durante la primera semana de abril demostró los nervios del mercado ante la guerra contra la principal potencia marítima del planeta.

Mientras los argentinos retiraban sus depósitos de los bancos en Buenos Aires y obligaban al BCRA a bajar los encajes para combatir la situación de iliquidez en el mercado, en pleno corazón del conflicto bélico la administración militar lograba mantener cierta confianza en la población de las islas.

La gobernación militar juró no incautar los bienes de los kelpers y de mantener la estabilidad, a través de un régimen bimonetario con un tipo de cambio fijo (a 20.000 pesos por cada libra malvinense) instaurado luego de un viaje de un funcionario de Economía a Puerto Argentino a mediados de abril, cuando la mediación diplomática del gobierno norteamericano, conducida por Alexander Haig, ya había fracasado.

El ministro Roberto Alemann no aceptó las posturas más duras del gobierno militar, pero aceptó suspender los pagos de la deuda, reconociendo una situación de default de facto que estaba latente por la falta de recursos del país

Mientras tanto, con el apoyo de sus aliados de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña dispuso el congelamiento de los fondos argentinos y el embargo de las importaciones de origen nacional. En la Argentina el sector más duro de la Junta Militar pidió como represalia la confiscación de los bienes británicos.

Alemann no aceptó, pero sin dudarlo suspendió el pago de los vencimientos de capital de la deuda externa para preservar el nivel de reservas del Banco Central, generando una reacción de histeria entre los banqueros de todo el mundo. Si bien el ministro aseguró que la medida se basaba en el contexto bélico, sus colaboradores más estrechos sabían que la guerra permitiría esconder un default que estaba latente, porque no había dinero más que para pagar uno o dos meses de vencimientos.

El Lloyds Bank del Reino Unido era el principal acreedor individual del país y la Argentina había tomado una buena parte de sus créditos a través de préstamos sindicados, que todos los bancos cobraban a través de una sola ventanilla. Si no cobraba uno, no cobraba nadie.

Alemann comprendió entonces la ineficacia de los mensajes a distancia y viajó a una reunión del Fondo Monetario Internacional en Helsinki, donde el 12 de mayo intentó sin demasiado éxito obtener el respaldo del titular del organismo, el francés Jacques de Larosiére, para lograr un programa de asistencia con la complicada promesa de continuar con un ajuste.

Pesimista, dejó Finlandia y comenzó sin pausa una gira por Zurich, París y Nueva York para ofrecerles a los acreedores privados no británicos la posibilidad de cumplir en forma efectiva con los vencimientos del pago de intereses a través de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS). En forma paralela, se habilitaría una escrow account para asentar los compromisos con los bancos ingleses sin pagarles, hasta que Londres levantara las sanciones contra el país.

Esta solución se le ocurrió al abogado Richard Davis, socio del estudio neoyorquino Weil, Gothsam & Manges, ex subsecretario de Finanzas del Tesoro durante la administración de James Carter y experto en sanciones económicas internacionales, contratado por el Ministerio de Economía por el temor a que el gobierno de Reagan cediera a la presión de Thatcher de embargar los bienes argentinos en territorio norteamericano.

En realidad, Davis sólo se limitó a recomendarle al gobierno argentino una fórmula parecida a la que utilizaron los iraníes durante la toma de los rehenes en la embajada de los EEUU en Teherán, para eludir el congelamiento ordenado por el Tesoro en aquel entonces. Davis comenzó su trabajo con una visita a Buenos Aires, antes de que las tropas inglesas llegaran al Atlántico Sur, en la que sugirió reducir al mínimo los incentivos de los bancos para declarar un default formal.

Mientras el represor Alfredo Astiz se rendía sin presentar combate en las Georgias del Sur, el ministro se tranquilizó cuando los bancos no británicos se resignaron a aceptar la propuesta argentina, que hasta recibió elogios del Tesoro de los Estados Unidos.

El 14 de junio de 1982 los militares argentinos se rindieron ante sus pares británicos en Puerto Argentino. La dictadura sellaba su suerte en forma definitiva a costa de la muerte de 649 soldados argentinos en una guerra que Galtieri buscó ganar con la ilusión de recibir la ayuda de los Estados Unidos.

Junto con la derrota en el campo de batalla, el país acumulaba al final de la guerra unos USD 2.000 millones de atrasos en el pago de la deuda que debió empezar a renegociar al día siguiente de la rendición en el Atlántico Sur.

Sin embargo, Alemann afirmó que “los mercados funcionaron normalmente y las medidas de política económica contribuyeron a su mejor funcionamiento, excepción hecha con el comercio y con los pagos al exterior, donde las sanciones injustas de otros países nos obligaron a responder puntualmente sin afectar el crédito argentino en el exterior ni el funcionamiento de la economía argentina en su conjunto”.

Luego de aquella trágica experiencia en Malvinas, Galtieri renunció y asumió Reynaldo Bignone, en una gestión desordenada desde el punto de vista económico, con continuas negociaciones con los acreedores para salir del default.

El 4 de octubre de 1983, 26 días antes de los comicios que marcaron el retorno democrático y el ascenso de Raúl Alfonsín al gobierno, el presidente del Banco Central, Julio González del Solar fue detenido cuando regresaba de Washington acusado de “traición a la patria”, por disposición de Oscar Pinto Kramer, un juez de Río Gallegos que se hizo eco del enojo de la Fuerza Aérea porque el gobierno había tomado a Aerolíneas Argentinas como caso testigo para la reestructuración de la deuda de las empresas públicas, de acuerdo con el programa de asistencia firmado a principios de ese año con los bancos del exterior.

El 21 de septiembre los pilotos militares habían expresado su “unánime desagrado por la forma en que se renegoció la deuda de Aerolíneas”, mientras González del Solar y el ministro de Economía, Jorge Wehbe, le rogaban al comité de acreedores que postergaran el ultimátum contra la Argentina, debido a que el gobierno no había cumplido con sus pagos en todo el año.

El juez basó la orden de detención del presidente del Banco Central en dos cláusulas del acuerdo: una que otorgaba una garantía oficial para la reestructuración y la otra que cedía la competencia para resolver cualquier diferencia judicial a los tribunales extranjeros.

Con cierto temor por la decisión judicial, el steering committee postergó su intimación al gobierno. El 6 de octubre González del Solar fue liberado por decisión de la Cámara Federal, que acusó a Pinto Kramer de colocar al país “al borde de un default”, que en realidad ya tenía más de un año de vigencia en términos prácticos y que, en los hechos, se prolongaría casi una década más hasta que la Argentina firmó el plan Brady a principios de la década del 90.

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