Expropiación de YPF: una decisión política que provocará un multimillonario daño patrimonial al Estado

“El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”.

La frase la pronunció Cristina Kirchner el 16 de abril de 2012, cuando anunció con toda pompa que el Estado local había expropiado YPF. “Lo único que lamento es que él [por Néstor Kirchner] no pueda... Creo que desde algún lado lo está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país”, agregó la entonces cabeza del tercer gobierno kirchnerista.

Hoy la justicia de Estados Unidos dijo que ese acto expropiatorio fue un error de desconocimiento de las leyes locales que nada tuvo que ver con la soberanía. Por ese mismo motivo, la jueza Loretta Preska, a cargo de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, dejó afuera de la extensa demanda que se instruyó a lo largo de siete años a la petrolera estatal y falló en contra del Estado Argentino.

A pesar de los algarabía de hace 10 años –y de lo que pasó luego y del contexto actual de la empresa– la total impericia de ese procedimiento generó una pérdida por la compensación a Repsol, la petrolera española expropiada, de USD 5.000 millones. Y ahora, habrá un juicio que seguramente pagará el próximo gobierno que terminará con desembolsos de entre USD 8.000 millones y USD 20.000 millones, según calcularon los demandantes ante el tribunal de Preska.

“Lo más interesante del fallo de hoy es que la jueza, que viene analizando el tema con leyes argentinas desde hace años, les dijo a Cristina, a Kicillof y al Congreso de ese momento que interpretaron muy mal la ley argentina”, detalló Sebastián Maril, abogado, CEO de Latam Advisors y especialista en la causa.

“Una jueza de EEUU nos dice que Cristina Kirchner interpretó mal sus propias leyes. Nos dice que no se puede expropiar una empresa que cotiza en la Bolsa sin consecuencias y lo hace de esta manera tan contundente para que a ningún gobierno soberano se le ocurra hacer lo mismo con empresas cotizantes de sus países. Cualquier persona informada sabe que cuando se expropia hay que ofrecerle a todos los socios la posibilidad de vender. Acá eso no se hizo”, destacó Maril.

Los socios perjudicados de entonces iniciaron la demanda en Nueva York, luego le vendieron el juicio al estudio inglés Burford, una empresa que se dedica a comprar este tipo de litigios, y ahora llegó el fallo adverso para el Estado local. Las acciones de Burford en la Bolsa de Londres saltaron hoy hasta superar el 30 por ciento.

En 2011 habían aparecido los primeros vestigios de reservas de shale en la Argentina. En 2013 la Agencia Internacional de Energía lo ratificó: el país tenía la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. El shale gas local, del que Vaca Muerta explica un 40%, son más de 300 TCF (trillion cubic feet, o 300 billones de pies cúbicos), cuando internamente se consumen 2 TCF por año.

“Todo esto es la consecuencia con retardo de una mala decisión del último gobierno de Cristina Kirchner por recomendación de Kicillof, quien pensó que ganaba una caja para financiar la fiesta del gasto y no analizó las consecuencias. La medida contó con el consenso con gran parte de la sociedad; se mezcló estatización con soberanía. Pero no fue algo que benefició al país. Al contrario”, dijo Emilio Apud, ex director de YPF y experto en energía cercano a la precandidatura de Patricia Bullrich.

El ex economista senior de YPF, Nicolás Gadano, puso el acento en la supuesta “picardía” del gobierno argentino en 2012 de expropiar solo el 51% de la empresa y así pasar a controlarla. Explicó que el estatuto de YPF vigente desde los años 90 en la Argentina y en EEUU, donde históricamente ha cotizado, “justamente protegía a los accionistas minoritarios contra esta clase de cambio de control y exigía que si alguien tomaba el control de la empresa debía hacerles una oferta de compra a todos los accionistas. Eso, en 1999, obligó a Repsol a pagar 44 dólares por acción, algo a lo que todos accedieron porque era un precio muy alto”.

“El Gobierno argentino decidió pasarse por alto esa regla y no expropiar el 100%, por lo que no le hizo la oferta de compra al resto de los accionistas. Y la justicia de Estados Unidos no es lo mismo que la argentina. Más allá de los esfuerzos jurídicos, todo indica que con el fallo de hoy vamos a tener que pagar muchísimo dinero”, señaló Gadano.

Esa previsión de proteger a los accionistas minoritarios, señalo, está pensada exactamente para casos como éste. “Si alguien se perjudicó con la expropiación fueron los accionistas minoritarios. YPF nunca más distribuyó dividendos y siempre hizo lo que el Gobierno le pidió: no subir los precios en tiempos de campaña, reestructurar su deuda y otras cosas que una compañía privada no haría”, dijo Gadano, ex jefe de Gabinete del ministerio de Economía.

Daniel Montamat, quien fue presidente de YPF y también secretario de Energía, recuerda que el entonces viceministro aseguró que lejos de pagar, Argentina iba a terminar cobrando por la “nacionalización”.

De hecho, el 17 de abril de 2012, ante un plenario de comisiones en el Senado, Kicillof anticipó que la Argentina no pagaría lo que exigía Repsol y que tenía a su favor esos pasivos ambientales. “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar la empresa según las reglas de YPF. No le vamos a pagar lo que ellos quieran, esos 10.000 millones de dólares. Ya hemos hablado con los gobernadores para que liquiden provincia por provincia los daños ambientales. Vamos a ser inflexibles”, dijo Kicillof.

“Todo se hizo tan mal que la prensa española habló de confiscación porque la expropiación impone que haya un precio, y no lo hubo. Fue una fiesta épica del populismo. Me convocó la oposición al Congreso y yo dije que con el acto ya realizado había que ponerse a pensar cuánto íbamos a tener que pagar. Nos salió caro, al final: Repsol hizo juicio y el ministro expropiador e interventor se apuró a pagar USD 5.000 millones con títulos públicos que valían casi el doble. Esas locuras épicas siempre hipotecan el futuro”, aseguró Montamat.

Ahora vendrán las apelaciones, el juicio y se definirá el resarcimiento que tendrá que pagar el Estado. Hoy, una jueza de EEUU aseguró, 10 años después, Argentina es culpable por tomar decisiones equivocadas. Habrá que pagar dólares que hoy no están, y que es muy probable que tampoco estén en los próximos años.

Otro ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, señaló sobre el proceso de expropiación de 2012: “El kirchnerismo tomo una decisión que va a tener un efecto negativo en la economía argentina y se deberá hacer responsables. De concretarse ese daño, tendrán que dar explicaciones”.

En su opinión, la Argentina arrastró “una decisión estratégica equivocada al haber extranjerizado en los años ‘90 la columna vertebral del sistema energético argentino que era YPF. La empresa se desfinanció y perdió algunas de sus funciones esenciales que no se retomaron. La expropiación de 2012 no modificó eso”.

“El peronismo, en todas sus variantes, desde los ‘90 viene tomando decisiones sobre YPF por las cuales tendría que hacer un mea culpa, más allá de que este fallo que se conoció hoy determine responsabilidades, tanto políticas como personales”, concluyó Lapeña.

Seguir leyendo: