Los fraudes con criptomonedas registrados en la Argentina alcanzaron los USD 104,5 millones de dólares en los últimos dos años. Si bien la cifra es abultada debe contemplarse como dato positivo que en 2022 las cripto-estafas fueron sensiblemente menores que en 2021, pasando de USD 92,7 millones a USD 11,8 millones registrados el año pasado, una baja del 87%, según explicó a Infobae Eric Jardine, jefe de Investigación de Delitos Cibernéticos en Chainalysis, una plataforma de análisis especializada en blockchain.
La mejora operada en 2022 con respecto al año anterior, atribuible a una mejora en los mecanismos de seguridad por parte de las billeteras y sus usuarios, se repitió en varios países de la región abordador por la investigación de Chainalysis. En Brasil, el monto de las estafas con criptomonedas pasó de USD 30,1 millones en 2021 a USD 7,3 millones en 2022.
La tendencia a la baja desde un año hacia el otro también se replicó en Chile (USD 29,9 millones y USD 13,5 millones), Colombia (USD 192 millones y USD 74,7 millones), Ecuador (USD 78,5 millones y USD 8,6 millones), Paraguay (USD 5,2 millones y USD 315.000), Perú (USD 72,5 millones y USD 15,1 millones) y Uruguay (USD 5,1 millones y USD 238.000).
A nivel global, estos datos de la Argentina y la región deben enmarcarse en un monto de USD 3.500 millones en fraudes perpetrados a lo largo de 2022. Chainalysis estima que las víctimas de estafas con cripto ya habían sufrido pérdidas por USD 26.000 millones entre 2017 y 2021. En esas operaciones fraudulentas, el monto promedio es apenas superior a los 1.000 dólares, lo que según los expertos habla de millones de víctimas de pequeños robos virtuales, incluyendo muchos que caen en estafas más de una vez, que en general son personas que han hecho pequeñas inversiones en cripto, con poco conocimiento sobre el tema.
Según explicó Dan Cartolin, experto para Norte y Latinoamérica de Chainalysis, “en la Argentina el principal problema son las estafas, especialmente los esquemas ponzi y las de tipo piramidal. Estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles adecuados en el blockchain. Ven a estas nuevas empresas como objetivos principales para blanquear dinero”.
La creciente adopción de las criptomonedas, en la que la Argentina marcha con firmeza dentro de la región, trajo también un aumento en los delitos vinculados a ellas. “Si bien el crecimiento del uso legítimo de este tipo de activos supera ampliamente el uso ilícito, en general conduce a grandes aumentos en el valor bruto en dólares de las transacciones ilícitas usando criptoactivos. Mover miles de millones de dólares hacia una nueva clase de activos atrae a delincuentes, estafadores y actores malintencionados”, señalaron en Chainalysis, que opera en materia de ciberseguridad en más de 60 países.
Apoyados en la idea de descentralización e independencia de los gobierno, los expertos rechazan “la idea errónea” de que la lucha contra esta clase de delitos es competencia exclusiva de los grandes organismos nacionales encargados de la ciberdelincuencia y que eso debe restringirse a casos en que está en juego la seguridad nacional, como los ataques de ransomware con datos sensibles en juego. Cualquier agencia estatal pequeña puede combatir estos delitos, aseguraron.
“Estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles adecuados en el blockchain” (Dan Cartolin, experto de Chainalysis)
“Contrariamente a la creencia popular, no es necesario ser un experto en ciberdelincuencia para investigar muchas de estas estafas. Con las herramientas adecuadas, se puede pasar de un dato fácil de obtener -como la dirección de una criptomoneda de la víctima- a conseguir la información necesaria para una citación judicial que desenmascare al estafador en tan solo unos minutos”, explicaron.
El ransomware, nombre que recibe el secuestro de datos por parte de hackers que luego piden un rescate por ellos a gobiernos o empresas, cayó más de un 40% en 2022 con respecto a 2021 a nivel global, medido en los pagos que recibieron los ciberdelincuentes: de USD 765,6 millones a 456,8 millones.
La caída en los pagos, explican en Chainalysis, no significa necesariamente que haya habido menos ataques sino que hay víctimas mejor preparadas. “La evidencia sugiere que la disminución de los ingresos de los atacantes se debe a la creciente falta de voluntad de las víctimas para pagar sus demandas de rescate, que puede atribuirse a varios factores. Hay una mayor utilización de copias de seguridad que mitigan el impacto de los ataques, hasta el temor a incumplir las normativas gubernamentales que prohíben el pago de rescates a organizaciones delictivas”, señalaron.
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