Tras el anuncio del canje, el Gobierno espera esta semana el cambio de metas y el desembolso del FMI

Días después del anuncio del canje de deuda en dólares para el sector público, una medida con la que buscará financiamiento para el Tesoro y una herramienta para mantener a raya al contado con liquidación, el Gobierno espera que en los próximos días el Fondo Monetario Internacional otorgue su visto bueno a la cuarta revisión trimestral del programa, que incluye un cambio en las metas de acumulación de reservas y un diagnóstico con alertas por parte del staff del organismo sobre los próximos meses de la economía.

Eso sucede porque, en términos generales, los exámenes trimestrales que realiza el FMI no solo versan sobre los objetivos mensurables en discusión -en este caso, los últimos números de 2022- sino sobre la marcha actual del programa. Y los últimos meses tuvieron distintos hecho macroeconómicos y medidas que el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario debatieron durante dos meses antes del acuerdo preliminar anunciado hace quince días.

Por un lado, la sequía que tuvo ya un fuerte impacto en el horizonte de acopio de divisas en el Banco Central por una menor producción agropecuaria y un menor nivel de exportaciones. Ligado a eso, una recaudación tributaria recortada por ingresos más acotados de derechos de exportación. En el medio, una aceleración de la inflación que llevó al IPC de los dos primeros meses del año por encima del 6 por ciento.

En este tiempo, además, el Palacio de Hacienda ensayó una serie de medidas para buscar estabilidad en el frente financiero y que la sangría de reservas no derive en volatilidad en los precios de los dólares financieros -a los que en los despachos oficiales les adjudican parte de la explicación por la inflación mensual más alta de la esperada en lo que va de 2023- y sobre los precios de los activos argentinos.

En ese listado se encuentran el anuncio de recompra de bonos globales que hizo el Ministerio de Economía en las primeras semanas del año, un canje de bonos en pesos para despejar 4,34 billones de pesos de vencimientos hasta fines de junio y, la más reciente, una conversión compulsiva de títulos en dólares bajo ley extranjera (Globales) para los tenedores intra sector público, a cambio de bonos duales con vencimiento en 2036. Esta última medida incluye subastas de bonos en dólares ley local (Bonares) para darle mayor volumen a la plaza de negociación del “contado con liqui”.

Sobre esta última medida, está por verse qué nivel de apoyo ofrecerá el directorio y el staff del FMI. El Ministerio de Economía había dejado saber que el organismo estaba al tanto de la decisión, aunque la vocera del Fondo Julie Kozack mencionó que los técnicos están evaluando el canje y sus consecuencias. Por lo pronto, el staff ya se pronunció contra la recompra de deuda con reservas del BCRA.

Si el board del FMI da su visto bueno -se prevé que la sesión tenga lugar este viernes- desencadenará un desembolso, el primero de 2023, por USD 5.300 millones. De ese total, una parte quedará en el organismo, ya que el Gobierno acordó con Washington posponer para ese día el pago de USD 2.700 millones de vencimientos a la propia entidad.

En una entrevista este fin de semana Sergio Massa señaló que el FMI está “en un período de secreto, porque cada director se está informando previo al voto de aprobación. Pero puedo anticipar que se modifican las metas de reservas para todo el año y se establece algunas nuevas pautas que el comunicado de prensa del Fondo deja entrever”.

El recálculo de metas no implicaría, por el momento, un cambio al objetivo de déficit. La política fiscal inició el año con viento de frente. La sequía redujo considerablemente la recaudación de derechos de exportación por la sequía y tuvo un impacto en los números de déficit de los dos primeros meses del año. Con una vía de ingresos relevante como son las retenciones recortada, el rojo primario del primer bimestre finalizó en los $432.000 millones.

El margen para cumplir la meta trimestral pactada con el Fondo es muy bajo. El acuerdo prevé un tope de $441.000 millones a fines de este mes, es decir que el déficit primario solo podría incrementarse en cerca de $9.000 millones para no salirse de ese parámetro. Esta cifra, de todas formas, será analizada en detalle durante la quinta revisión, que tendrá lugar entre mayo y junio. Aunque hay un antecedente que podría mejorar, al menos un poco, las chances de cumplir.

En la primera revisión, en junio del año pasado, el FMI reajustó en términos nominales las metas del programa expresadas en pesos por haberse registrado una inflación más alta de lo esperada en el escenario base con el que se trazan los objetivos condicionales. El Extended Fund Facility (EFF) fue diseñado con un horizonte de suba de precios para este año de 60 por ciento. El inicio del 2023 con suba de precios más acelerada podría implicar, eventualmente, un recálculo de ese tipo.

“El Gobierno debería tomar medidas en materia de reducción de gastos o aumento de ingresos para revertir el mayor déficit proyectado y limitar su financiamiento monetario dentro de las pautas acordadas con el FMI. Ello es así, porque, aunque parte del mayor déficit -el originado por la sequía puede considerarse transitorio-, el Gobierno está encontrando dificultades para renovar los vencimientos de la deuda en pesos y, más aún, para obtener recursos adicionales para financiar el déficit”, mencionó un informe de la consultora Quantum, que dirige Daniel Marx.

Si en marzo los ingresos y gastos tuviesen las mismas variaciones anuales nominales que en febrero -fuerte caída de retenciones por exportaciones, menores transferencias a provincias y fuertes aumentos de los gastos de capital, entre otros-, el déficit primario acumulado en el primer trimestre sería de $730.000 millones. Un desvío de $286.000 millones respecto de la meta nominal”, continuó.

El desvío que pueda tener la meta de déficit fiscal, de todas formas, tiene un asterisco. Como la nominalidad es más alta de lo esperado en un escenario base del acuerdo, la diferencia en términos del PBI sería menor. “Con el PBI nominal ajustado, la meta del primer trimestre representaría 0,4% del PBI, levemente superior a la prevista”, estimó Quantum.

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en el primer bimestre hubo “un déficit acumulado del 0,25% del PIB. Por lo tanto, dada la meta del 1,9% del PIB para todo el año, en los próximos 10 meses el gobierno tendría que registrar un déficit del 1,65% del PIB. En relación a 2022, el déficit en términos del PIB se multiplicó por 2,3 veces”.

Además, estimó que “el esfuerzo fiscal del periodo marzo-diciembre de 2023 para cumplir con la meta es de 1,37%, es decir, una reducción promedio mensual de 0,14 puntos porcentuales del PIB”. “El cumplimiento de la meta por parte del gobierno requiere la generación de nuevos ingresos, de una mayor reducción real del gasto o una combinación de ambos”, concluyó Iaraf.

Otro componente de las cuentas públicas es la deuda flotante, que también forma parte del set de metas con el FMI, aunque con un peso menor. Es la forma que tiene el Poder Ejecutivo de ir administrando el ritmo de pagos que hace el sector público y que se define como la diferencia entre el gasto devengado -es decir, comprometido- y base caja, lo efectivamente abonado.

Tras un pico de deuda flotante en diciembre que superó los 1,1 billones de pesos, en enero había tenido una caída hasta los $790.000 millones -lo que implica que se compensaron pagos atrasados y que se corresponde con el alto déficit que tuvo el primer mes del año-, en febrero el número general de pasivos flotantes se mantuvo estable, en los $731.000 millones, según información de la Tesorería General de la Nación a la que tuvo acceso Infobae.

De todas formas, al analizar en detalle ese número se ven dos tendencias distintas. Los pagos atrasados correspondientes a compromisos de 2022 cayeron en febrero hasta $176.000 millones desde $463.000 millones el mes anterior. Pero, en simultáneo, los atrasos de erogaciones de 2023 crecieron en un mes 70%, desde $326.000 millones hasta $555.000 millones.

Al respecto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), mencionó que “la dinámica de ingresos y gastos se complejizó en el primer bimestre del año y prácticamente la totalidad del margen fiscal de la meta trimestral ya se utilizó”.

“El margen ganado en la deuda flotante permitiría cumplir ese criterio de ejecución: se devengará buena parte del déficit de marzo y se cumplirán la meta fiscal y la de deuda flotante. Hacia adelante, las metas del segundo trimestre comenzarán con un nivel de deuda flotante elevado y requerirán nuevamente una corrección, siempre que el Gobierno no logre cambiar los criterios de ejecución”, concluyó el CEPA.

Por otra parte, el Banco Central giró adelantos transitorios por primera vez en el año para financiar al Tesoro y quedó al borde del tope que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un trimestre con fuertes presiones en el frente fiscal por la caída de la recaudación, el Ministerio de Economía compensó pagos atrasados del 2022 pero aumentó la deuda flotante de este año.

Según información de la autoridad monetaria, se trató de un único envío al Tesoro por $130.000 millones, una herramienta de financiamiento a la que el Palacio de Hacienda no había acudido en lo que va del 2023 para cubrir el déficit. Para los primeros tres meses del año, el programa financiero incluye un tope de $139.300 millones, por lo que el primer giro que hizo el Banco Central al Tesoro consumió prácticamente la totalidad del cupo para el primer trimestre. Para todo 2023 el techo autorizado es de 0,6% del PBI, que equivalen a $883.000 millones.

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