El costo acumulado de los subsidios a la energía ya superó el del Plan Marshall y de la fallida intervención de EEUU en Afganistán

En 2014, antes del retiro de las tropas norteamericanas, el “Especial Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán” (Sigar, por su sigla en inglés) precisó en un informe que EEUU llevaba invertidos allí, a valores de entonces, USD 109.000 millones, contra los USD 103.400 millones que, también a valores de 2014, había invertido en el Plan Marshall, el programa de ayuda a la reconstrucción de Europa al cabo de la Segunda Guerra Mundial.

Tanto el Plan Marshall como la inversión en materia civil de EEUU en Afganistán fueron más baratos de lo que fue para la Argentina la política de tarifas y subsidios a la energía del kirchnerismo. Costo que, en lo cualitativo, se refleja también en la cantidad y duración de los recientes cortes de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la decisión del Gobierno de intervenir Edesur, una de las dos distribuidoras del área.

Si se actualizan los valores del informe del Sigar, el costo en dólares del Plan Marshall (al tiempo de su ejecución, USD 13.300 millones) fue, a precios de diciembre 2022, de USD 127.500 millones y la fallida “reconstrucción” afgana insumió en sus primeros 11 años unos USD 134.400 millones.

En la misma cantidad de años, de 2012 a 2022, la política energética le costó a la Argentina el equivalente a USD 150.938 millones en subsidios a la energía y un déficit de la balanza comercial del sector de USD 32.569 millones, precisa el informe 2022 sobre Hidrocarburos y Energía del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, como se puede ver en los gráficos.

Peor aún: remontándose a 2008 y sumando transporte, el IAE calculó que la cuenta de subsidios supera los USD 200.000 millones, costo extraordinariamente alto para llegar a la situación actual.

Salvador Gil, doctor en Física, profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam, en la que dirige la carrera de Ingeniería en Energía) y uno de los principales expertos en eficiencia y uso racional de energía del país, cree que en la Argentina las medidas de eficiencia energética “se han básicamente descartado”. No porque no sean intrínsecamente viables (“lo son a precios realistas de la energía”, aclaró) sino porque en la situación actual “ni cambiar la heladera casi conviene porque, a los precios locales de la energía, no se justifica un reemplazo”.

La alusión es reveladora, porque la electricidad que consumen las heladeras en la Argentina supera la que generan sus 3 centrales nucleares. El desincentivo a ahorrar energía mediante un consumo racional acarrea otro problema, dijo Gil a Infobae: “En casos como las recientes olas de calor, en que el consumo aumenta por razones térmicas y el servicio colapsa, el sistema se vuelve inviable”.

El experto señaló que en algunos barrios afectados por los cortes, algunas cuadrillas que iban a hacer tareas de reconexión fueron atacadas por los vecinos, estirando la situación, lo que le recordó un ejemplo de la revolución francesa: una mala cosecha de trigo y la subsiguiente escasez de pan llevaron a culpar, atacar y hasta guillotinar panaderos. El cierre de panaderías solo agravaba el problema.

Igual ahora, ante un problema, lo empeoramos, dijo el profesor de la Unsam, quien advirtió que los eventos climáticos extremos no solo se pueden seguir produciendo, sino que, por el calentamiento global, probablemente aumenten su frecuencia. Algo que sucedía cada sesenta años, podría darse cada seis. Y como, tributo a la “transición energética”, la matriz de energía depende cada vez más de fuentes renovables y estas son más intermitentes, la probabilidad de fallas es mayor.

Un problema es que la población no está integrada al problema y al sentirse ajena, lo agrava. Si el calor aumenta, se debería activar una alerta para que la gente reduzca su consumo. Usando termostatos, o con medidas regulatorias, como que el precio del KWh en esos momentos aumente e induzca el ahorro, algo que no sucede ahora (la tarifa residencial es plana).

“Como está planteado el sistema, los ciudadanos somos espectadores pasivos de un acontecimiento del cual somos partícipes: tener alarmas sirve; las inversiones para atender eventos extremos no son muy factibles, son difíciles de amortizar”, explicó Salvador Gil.

Tener una alarma en un edificio -ejemplificó- “no va apagar un incendio, pero puede evitar problemas mayores: en momento en que se activa la alarma reducir el consumo sirve para evitar corted de servicio. Si las condiciones cambian, la decisión se revierte. Restituir un servicio cortado es mucho más caro. “Hay que pensar la sociedad de otro modo, los usuarios como stakeholders”, dijo Gil.

El término no tiene traducción sencilla al español. “Soy stakeholder de la verdulería de abajo, necesite que esté ahí, le vaya bien, funcione. Acá se piensa al revés: dénme el servicio, no participo y tampoco quiero pagar mucho. Eso nos lleva a una situación inviable”.

Las diferencias entre distritos y la enrevesada “segmentación” de tarifas que diseñó Martín Guzmán y está implementando, con variantes, el actual equipo económico, dice bastante de la situación.

Como informó una reciente nota de Infobae, en el interior del país los cortes del suministro eléctrico son mucho menos frecuentes que en el AMBA, lo que se debe básicamente a que en CABA y el Gran Buenos Aires el gobierno, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que regula a Edenor y Edesur, priorizó tener tarifas bajas, mientras los reguladores provinciales reconocieron valores que remuneran el mantenimiento y la inversión.

Desde 2019, esa brecha se acrecentó: si bien el precio de la energía mayorista es igual para todo el país, el costo final por KWh consumido es muy variable. “Esto se explica por las diferencias en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que cada distribuidora cobra a sus clientes y que es autorizado por los entes reguladores provinciales, excepto en el AMBA, que se encuentra bajo jurisdicción nacional”, precisó el primer informe del “Observatorio de Tarifas y Subsidios” del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet.

Así, por ejemplo, tomando los extremos y el promedio, a un usuario residencial de ingresos medios (categoría 3, en el contraintuitivo esquema que pergeñó el equipo de Guzmán), un consumo de 300 KWh por mes le cuesta $7.399 en Neuquén, $3.406 en el promedio del país, $1.791 a un usuario de Edenor y $1.783 a uno de Edesur. A un usuario de “ingresos altos” el mismo consumo le cuesta $8.171 en Neuquén, $5.174 en el promedio del país, $3.667 si es cliente de Edenor y $3.661 si lo es de Edesur. A un usuario de “ingresos bajos” (categoría 2) ese consumo le cuesta $5.865 en Santa Fe, $3.106 en el promedio del país, $1.257 si está en la zona de Edenor y $1.251 en la de Edesur.

Esto implica, por caso, que por un mismo consumo un usuario de ingresos altos del AMBA paga menos de la mitad de lo que paga uno de ingresos medios en Neuquén o Santa Fe y –de hecho- menos del costo promedio para la clase media en todo el país.

Las diferencias se deben al VAD: un estudio de mediados de 2022 de los especialistas Luciano Caratori y Mauricio Roitman, precisó que el “valor agregado” por y para las distribuidoras equivale en Neuquén al 51% de la factura, contra 27% de costo mayorista de la energía y 21% de impuestos (y en Mendoza 48, 30 y 22% respectivamente), en el AMBA las distribuidoras se quedan con solo 28% de la cuenta, contra 51% del costo mayorista de la energía y 21% de impuestos.

De esas estructuras y extremos surge un promedio según el cual, precisa el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet, “una familia argentina que consume 300kWh/mes paga una tarifa eléctrica que, medida en dólares, representa la mitad de lo que se paga en Brasil y casi un cuarto que en Uruguay”.

El mismo informe precisa que en el primer bimestre del año los subsidios energéticos sumaron $225.161 millones, en términos reales 28,2% menos que en igual período de 2022. Pero las presiones políticas y el propio esquema de segmentación harán difícil mantener ese ritmo de reducción.

Según el último informe de “Indicadores del Sector Eléctrico” de la consultora Economía y Energía, que encabeza Nicolás Arceo, en febrero el consumo eléctrico de los sectores de bajos ingresos (aquellos a los que no les retirará el subsidio) explicó al 61% del total, contra 16% de los de ingresos medios (a los que se les retirará parte del subsidio) y 23% de los de ingresos altos (a los que se les retirará todo).

Por otra parte, la última medida de Economía de forzar la venta de activos en dólares de la Anses y una serie de agencias del Estado, incluido una miríada de fideicomisos, a efectos de intervenir en el mercado de dólares “financieros”, podría afectar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), acordado con el Banco Mundial, para financiar y garantizar la inversión en energías renovables.

El Foder tiene al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario y a Economía como autoridad de aplicación y desde 2020, cuando asumió a su frente el actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren, no publicó sus estados contables.

El Foder otorga avales y garantías respaldados por la Nación y el Banco Mundial. Aunque no necesariamente haya allí dólares puestos por la entidad crediticia, la medida generó reacciones negativas. Cali Villalonga, de “Los Verdes” y exdiputado de Cambiemos, la consideró “un golpe letal al programa Renovar”. En los últimos años la generación de fuentes renovables (excluida la hidroelectricidad, considerada aparte) fue la que más creció en la oferta eléctrica nacional, como muestra el ensanchamiento del área verde del gráfico de abajo, elaborado por Salvador Gil en base a datos oficiales.

“No sé si eso se puede pesificar: es como que te doy una garantía para que alquiles una casa, y vos vendas o comercialices esa garantía. La legalidad la desconozco, pero parece dudosa”, dijo el experto, a quien le llamó la atención “la liviandad con que se hacen estos cambios”. Los activos del Foder, explicó, eran para garantizar a los inversores que se cumplirán los contratos. Ahora rifamos las garantías. Suena a ‘después de mí, el diluvio’. Afecta todas las inversiones, no cumplir sería otro desastre: ¿cómo vamos a buscar inversiones?, se preguntó.

En tanto, la generación térmica, a partir de combustibles fósiles como petróleo, gas, carbón y derivados, va a contramano de las demandas de época. La de petróleo fue en 2022, todavía inferior a la de 2019, en la medida que el aumento de la producción del “no convencional” en la parte neuquina de la formación Vaca Muerta no llegó todavía a compensar el declino de los yacimientos convencionales, como ilustra el gráfico de abajo, del informe del IAE.

En tanto, si bien el gas es condiderado el combustible ideal de la “transición energética” a completarse en los próximos 25 a 30 años, la producción argentina todavía está limitada por deficiencias de infraestructura y, al igual de lo que sucedió con el petróleo, el aumento de la producción no convencional no superó todavía la caída de la producción convencional, como muestra abajo otra elaboración del informe del Mosconi.

Además, el sector petrolero-gasífero sigue denunciando limitaciones en la provisión de equipos y repuestos para sostener y aumentar los niveles de inversión y producción.

La última edición de “Carta Energética”, el informe trimestral de la consultora Montamat & Asociados muestra, en base a datos de BakerHughes, un referente de información petrolera internacional, que el número de equipos de perforación en operación (Rig Count) no superó aún los picos de la década pasada.

La escasez de dólares y los diferentes cepos también afectan de otros modos el sistema eléctrico. Una fuente consultada por Infobae contó la imposibilidad de importar medidores eléctricos “inteligentes”, capaces de medir y facturar cargos según hora de consumo. Hay producción local de esos medidores, pero son más caros y también están trabados, porque la electrónica es importada.

El uso de esos medidores, apuntó el economista, permitiría por caso que los productores del cinturón frutihortícola de La Plata se abstengan de consumir electricidad en horas diurnas o críticas y rieguen después de medianoche, con el incentivo de una tarifa reducida. Pero para eso se necesitan medidores inteligentes y salir del corset de la “tarifa plana”.

Consultado al respecto, Salvador Gil destacó que, en Mendoza, provincia histórica y culturalmente marcada por el cuidado de un recurso escaso como el agua, el 50% de los medidores eléctricos son de ese tipo. Son los que permiten, recordó el experto, emitir alertas, diferenciar “picos” y “valles” de consumo, hasta enviar mensajes de WhatsApp personalizados a los usuarios. En suma, regular mejor el servicio y prevenir y evitar los cortes de servicio, “solución” extrema, socialmente perjudicial y económicamente mucho más costosa y que políticamente lleva situaciones como la intervención de Edesur y un acting oficial que llegó al punto de prohibir la salida de los directivos de la empresa (propiedad de la italiana Enel), comparando la situación con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.

Así, mientras en la Argentina afronta las consecuencias de actuar en un contexto de eutanasia de inversiones derivada de una política de tarifas bajas, subsidios desmesurados, cortes cada vez más frecuentes y prolongados y creciente inviabilidad sistémica, en Italia Enel está llevando adelante el parque de energía renovable más grande de Europa. Un proyecto al que apuesta la Unión Europea para, amén de reducir la dependencia del gas ruso, pretende también reducir la que tiene de los materiales y equipos de energía renovable de China.

Emplazada cerca de Catania, en Sicilia, la bautizada como “Fábrica del Sol” generará 3.000 MW de electricidad, más del doble del proyecto hidroeléctricos más grande en desarrollo en la Argentina: las dos “represas patagónicas”, en Santa Cruz, con financiamiento chino.

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