Minería: entusiasmo por la promesa del litio y preocupación por el declive del oro y la plata

Pocas veces se ha dado en la Argentina un nivel de consenso político como el actual en torno de la minería: gobierno y oposición hablan de ella, y en particular del litio, como una oportunidad, un potencial pilar para el desarrollo del país.

En la reciente reunión anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), al que concurren las grandes mineras mundiales, el gobierno presentó una cartera de 119 proyectos en territorio nacional, desde aquellos ya en operación, pasando por otros “en construcción”, estudios de “factibilidad”, “prefactibilidad” y “evaluación económica preliminar” hasta llegar a los de “exploración avanzada”. Pero sobre el fin de la tenida la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que nuclea a las empresas con operaciones en el país, emitió un alerta sobre el declive de los dos minerales que más divisas aportan: el oro y la plata.

“En el sector minero se extiende la preocupación por la situación que atraviesa la minería del oro y la plata, cuyo deterioro se hace palpable en la ausencia de nuevos proyectos. Un declive de la producción de estos minerales tendría gran impacto negativo, pues representan casi el 80% de las exportaciones de la minería”, expresó la CAEM, y apuntó al “permanente incremento de los costos en dólares, la disparidad de tipos de cambio y las dificultades en la provisión de insumos importados” como “principal causa” del deterioro. A eso se suma, agregó, que la mayoría de las operaciones existentes están en etapas maduras, implican mayores costos de explotación y menores rendimientos y redundan en tres efectos: 1) declive de la producción de oro y plata, 2) adelantamiento de la finalización de su vida útil, y 3) merma de incorporación de nuevos proyectos.

De hecho, precisaron los empresarios mineros, “Argentina no tiene ningún yacimiento de oro en construcción ni en etapas avanzadas (…) puede pasar hasta una década para que tenga un nuevo proyecto de oro produciendo” y de la plata alertó que hay “un solo yacimiento en construcción”, pues al mineral “se le suma la prohibición para la producción en provincias que cuentan con reservas de escala mundial”.

Fuentes mineras oficiales atribuyeron lo de CAEM a internas sectoriales. Además, un informe de la secretaría de Minería sobre los resultados de enero precisó que ese mes la minería exportó por un total de USD 367 millones, con un aporte de los minerales “metalíferos” (básicamente, oro y plata) de USD 279 millones, 30% más que en enero de 2022, de USD 79 millones del litio (+274% interanual) y de USD 9 millones del “resto” (+50%). Y según un gráfico del “índice de cantidades exportadas, si bien las de plata cayeron 32,9%, las de oro aumentaron 188,9% (ver abajo), dato que sorprendió a fuentes mineras privadas consultadas por Infobae, que no le encontraron explicación.

“La minería es el sexto complejo exportador nacional, con exportaciones por USD 4.000 millones en 2022: lo que produce y vende se liquida al dólar oficial, pero al momento de acceder a bienes y servicios, estos se ven recargados con un incremento en dólares que ronda un 30% adicional, aumenta los costos productivos e impacta directamente en la competitividad”, dijo Franco Mignacco, presidente de CAEM, a Infobae.

En el caso del oro y la plata, reiteró, eso se ve empeorado porque la mayoría de los yacimientos activos están en una etapa de extracción que demanda mayores esfuerzos y costos. “Cuando la ecuación deja de ser positiva, disminuye el aprovechamiento que se puede hacer del yacimiento y se acorta su vida útil”, dijo el directivo. “Si a todo esto le sumamos un contexto previo de mayor presión impositiva que otros países de la región con los que compite por las inversiones productivas, queda demostrado por qué no hay más celeridad en la apertura de nuevos proyectos, que compensen a los que están en declive”, explicó, amén de recordar los retrasos en las aprobaciones de SIRA y SIRASE para importar bienes y servicios necesarios para la producción. Eso, dijo “genera incertidumbre y no permite una adecuada planificación”.

“Expresamos estas dificultades para que se entienda que golpean a uno de los sectores que aporta divisas netas hoy más necesarias que nunca para el país. El sector genera más de 90.000 empleos de calidad y sostiene una gran cadena de proveedores pyme del interior del país”, enfatizó Mignacco.

En buena medida, el aumento de las exportaciones mineras de los últimos dos años se explica más por el aumento de los precios internacionales que por las cantidades producidas y exportadas. El gráfico de abajo, de un informe de la propia Secretaría de Minería, muestra que el índice de precios de los minerales que exporta la Argentina era, a fines del año pasado, 70% más alto que el valor promedio del año 2017, además de remarcar la tendencia, ondulante pero muy positiva de los últimos tres años.

¿Hay acaso dos minerías”, le preguntó Infobae a Mignacco, a propósito del entusiasmo y proyecciones positivas en torno del litio y la prospectiva declinación del oro y la plata.

“En realidad, el sector minero comparte las mismas preocupaciones. Los temas que hablamos, de retrasos en importaciones, dificultades en el acceso al MULC, desfasaje cambiario, son cuestiones compartidas. También hay una visión en común sobre la necesidad de que se garantice un entorno de previsibilidad y de competitividad. Argentina tiene un gran potencial de oro y plata, así como de litio y de cobre, y estamos frente a una demanda sostenida y creciente. Las diferencias están dadas porque los proyectos de litio requieren menores volúmenes de inversión y tiempos más cortos desde la exploración inicial hasta la producción. Esto, en los proyectos de oro, plata y cobre puede demorar hasta dos décadas”, respondió el titular de CAEM.

“El litio está abriendo enormes posibilidades para el país y genera expectativa, pero cuando se piensa en desarrollo regional, debe tenerse en cuenta también la enorme contribución de los yacimientos de oro, plata y cobre, por la complejidad de su construcción, el volumen de mano de obra que se emplea, su creación de puestos de trabajo y el aporte de divisas. El 80% de los ingresos mineros actuales provienen del oro y la plata; cuando pensamos los sectores productivos capaces de aportar al desarrollo argentino, la verdadera ecuación minera para un desarrollo sostenible económico y social abarca el litio, la producción de oro y plata y poner en marcha los grandes proyectos de cobre”, completó el empresario.

Desde el lado oficial reconocen en parte el problema. Es cierto, dicen, que hacia la primera mitad de la próxima década Santa Cruz podría quedar sin producción y exportación de oro y plata y sin proyectos de reemplazo, a diferencia de San Juan, donde para entonces ya habrán entrado en operación proyectos cupríferos como José María, Pachón y Los Azules. De hecho, uno de los actuales conflictos en la provincia patagónica es el cierre del yacimiento de plata “Manantial Espejo”, El miércoles pasado la empresa Triton, subsidiaria de Pan American Silver, confirmó el cierre de ese yacimiento, que implica la pérdida de 200 puestos de trabajo, de alto impacto en la localidad de Gobernador Gregores. Los trabajadores tomaron el yacimiento. “El cierre abrupto, desordenado y desprolijo de Pan American Silver le va a provocar un daño muy importante a la minería en Santa Cruz”, dijo Javier Castro, secretario general de la Asociacion Obrera Minera Argentina, que cuestionó la actuación de los gobiernos nacional y provincial.

Manantial Espejo fue la primera mina de plata en Santa Cruz. Según Castro, su cierre equivale a “apagar el 90% del motor económico” de Gregores. Pan American Silver negocia a su vez la compra a Yamana Gold del yacimiento aurífero Cerro Moro, también en Santa Cruz, uno de los 3 más importantes de oro de la Argentina, junto a Cerro Negro (también en Santa Cruz) y Veladero (San Juan).

El conflicto y la toma del yacimiento en Manantial Espejo llevó a que el Grupo Sarmiento, de profesionales y científicos vinculados a la minería, se expidiese por redes sociales. “En un país normal el cierre de una mina no se vive como un trauma, ya que frente a un cierre otras minas abren. Así, los trabajadores capacitados de un yacimiento que agota el mineral aprovechable encuentran nuevas oportunidades. Pretender que continúen los trabajos cuando la riqueza mineral termina es tan absurdo como exigir que quienes construyen una vivienda, le pidan al titular de esta seguir pagando salarios una vez construida. Los dirigentes sindicales que simulan preocupación son los mismos que estuvieron y están callados frente a las retenciones, los cepos, el desdoblamiento cambiario y gravosas medidas provinciales que atentan contra los trabajadores, ya que anticiparon el fin de las operaciones”, señalaron en un hilo en la red social Twitter.

Las tribulaciones del sector metalífero contrastan con el entusiasmo que genera el litio. Tanto, que algunos lo creen exagerado y temen que el tiro salga por la culata. “No hagamos fábricas de baterías” advirtió, provocativamente, en una nota en el portal Seúl, Santiago Dondo, exsubsecretario de Política Minera. El litio es una gran oportunidad, coincidió con el consenso general: puede aportar desarrollo regional, nuevas empresas, empleos de calidad y divisas para estabilizar la economía, pero –agregó- “todavía estamos a tiempo de arruinarla”. Riesgo que visualiza en angurria tributaria y equívoca exigencia de “agregar valor”, como si producir carbonato de litio no lo hiciera. El peligro, describió, es “almorzarnos la cena”.

La Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, que encabeza Mercedes Marcó del Pont, trabaja en un proyecto de ley del litio (y otro del hidrógeno) a consensuar con la “Mesa del Litio” y enviar al Congreso. ¿Se necesita una ley especial? ¿Hay ahí algún riesgo de los que citó?, le preguntó Infobae a Dondo.

“El litio es hoy una ventana de oportunidad única para caminar hacia el desarrollo del noroeste argentino, pero en el debate público se agitan ideas viejas. Entre ellas, el reclamo de fabricar baterías, que no tiene sustento ni justificación real, pero atemoriza y puede ahuyentar a los inversores, porque cuando los políticos hablan así es porque planean imponer restricciones, afectar el mercado con intervenciones, seguir la fantasía de que los negocios se generan por ley o DNU. Así lo hizo Bolivia, y no produce litio. Miremos a Australia, que se concentró en producir y exportar, generando empresas proveedoras del sector minero”, respondió el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.

“Según se dice públicamente, el proyecto de ley que estudian impondría un cupo de venta local. Falta ver los detalles, pero es difícil imaginar que esto tenga alguna lógica, cuando no hay compradores ni demanda actual dentro del país. Si hablan de un cupo en una ley, implicará alguna imposición o restricción para las productoras, afectando su negocio y la estabilidad de reglas bajo las que invirtieron. Si hubiera demanda, la cercanía de producción facilitaría la venta local, porque el costo logístico disminuye enormemente. Por otro lado, ir al Congreso a las apuradas, para tocar un régimen tan especial y sensible como el que sostiene al sector minero no parece aconsejable. Si quieren subir las regalías (algo que no está mal por sí mismo y se puede discutir), hay que tener claro que las nuevas sólo aplicarían para proyectos futuros. Y un cambio así debiera discutirse junto con otras variables que hacen a una minería virtuosa y sustentable: transparencia, buen uso de los fondos, carga tributaria total competitiva a nivel regional, entre otras”, completó el abogado especializado en derecho minero.

Infobae notó a Dondo que precandidatos de JxC como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales también hablan de fabricar baterías, lo que indica que el equívoco sobre “agregar valor” abarca todo el arco político. Al mismo tiempo parece emerger un consenso sobre la minería más como oportunidad que como amenaza. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza?, le preguntó.

“Es muy cierto que, por primera vez la minería se aborda sin miradas extremistas y desde una perspectiva positiva. Hay un interés marcado y eso es muy alentador. Tiene que ver con la conexión entre nuestra riqueza mineral y la transición energética para atenuar el cambio climático. El desafío ambiental que enfrenta el mundo necesita de los minerales que Argentina guarda en su “cofre de potencialidades”. También es cierto que el mundo demanda “minerales responsables” y como país debemos trabajar mucho en las condiciones de producción (ambientales, sociales, de transparencia). No es malo que los precandidatos de distintos espacios hablen de crear industrias, desarrollo y empleo. Lo importante es que esos deseos no se traduzcan en normas intervencionistas que, precisamente, empeorarían el clima de estabilidad que se necesita para el desarrollo”.

En los despachos oficiales sigue primando el optimismo. Apuntan, por caso, que Rosendo Grobo, hijo del prominente empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel, muy activo en redes sociales como comunicador de ideas y propuestas del PRO, se sumó con ímpetu a la caravana pro-minera y que, si todo marcha según lo previsto, a fin de año habrá cinco operaciones de litio activas en la Argentina, mientras avanzan los proyectos de cobre en San Juan. Además, en la tenida minera en Canadá, la secretaría de Minería presentó, aunque en muy distintas etapas de avance, 25 proyectos de oro y 7 de plata, además de los 36 de litio.

De todos modos, además de los reclamos de adentro, el sector minero debe estar atento a las críticas de afuera. Hace una semana la secretaría de Minería respondió duramente al informe de un “Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y DDHH” (GTNUEDH), encabezado por Fernanda Hopenhayn, una socióloga argentina residente en México, muy crítico sobre la minería argentina.

La respuesta oficial, publicado por el portal especializado Club Minero, lleva las firmas del subsecretario de Política Minera, Enzo Araya, el director nacional de Producción Minera Sustentable, Leonardo Pfluger, y la directora de Desarrollo Comunitario, María Belén Poquet, quienes señalaron que el informe se basa en “apreciaciones y conclusiones vinculadas a la actividad minera en información predominantemente testimonial procedente de actores que se auto-perciben activistas en contra de la actividad minera, sin contrastar dichas percepciones con las de las autoridades gubernamentales o con las de referentes comunitarios y trabajadores que mantienen un saludable y constructivo vínculo con la actividad minera”.

El grupo visitó el país del 16 al 28 de febrero para “monitorear el estado de los Derechos Humanos y Ambientales” en 3 sectores de actividad: minería, hidrocarburos y agroindustria. En la rueda de prensa antes de partir el grupo llegó a sostener que petróleo, gas y minería son “expresiones del atraso, la discriminación y la pobreza” y que la justicia argentina había “criminalizado” la protesta de los “defensores de los DDHH” que en abril de 2021 atacaron e incendiaron las oficinas de la Minera Agua Rica, en Andalgalá (Catamarca) con apoyo de la intendencia local. Amén de la argentina Hopenhaym, el “Grupo de Trabajo” lo integraron el inglés Robert McCorquodale, el nigeriano Damilola Olawuyi y la polaca Elzbieta Karska.

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