Los problemas de la economía impactan en los rubros de la producción. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) reconoció que el Gobierno nacional les adeuda más de 3 meses en los pagos por obras de viviendas públicas y hay mucha preocupación en el sector.
Los constructores sostienen que existe un importante retraso en los pagos que excede al presente ejercicio. A la fecha, faltan abonar parte de los certificados emitidos por obras ejecutadas en el mes de diciembre de 2022, que se suman con la nueva deuda originada en lo que va del primer bimestre ya que solamente las empresas del sector recibieron sólo el 7,2% de los certificados devengados.
“Sobre la situación de los planes de vivienda se están teniendo problemas fundamentalmente por la falta de los certificados aptos técnicos para poder licitar las obras presentadas por las provincias a la Nación, así como también con los aptos financieros de aquellas obras que ya fueron licitadas en algunos casos durante 2022, pero fundamentalmente con los presentados desde principios de 2023”, dijo a Infobae Gustavo Weiss, presidente de Camarco.
Con respecto a la inflación (hoy se supo que en febrero llegó al 6,6% y al 102,5% en los últimos 12 meses), la actualización de los contratos de vivienda pública se realiza de manera automática por medio de un indicador: Unidades de Vivienda (UVI). Esta forma de actualizar las obras es un logro muy importante para el sector y evita largos y tediosos procesos que llevaban consigo la re determinación del precio de los contratos de obra pública, el Banco Central lo estipula a partir de un modelo de vivienda residencial (Modelo 6) del Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC, que proyecta las variaciones de precios registrados el mes anterior con un mes hacia adelante.
Es alarmante el atraso de pago por parte del Gobierno nacional. Hasta el primer bimestre del año las empresas de construcción de viviendas públicas sólo recibieron el 7,2% de los certificados devengados
Weiss, señaló que “en épocas inflacionarias como la actual, estos 60 días sumados al retraso en los pagos de los certificados está generando distorsiones muy fuertes en los reconocimientos de las variaciones de costos de las obras, produciendo importantes quebrantos en las empresas que realizan viviendas en el interior del país, fundamentalmente Pymes”.
Prioridades para 2023
Los aspectos coyunturales para 2023 escapan a lo analizado en el CPI, “pero podemos decir que debe facilitarse la concreción de la inversión pública en vivienda, resolviendo problemas derivados de la alta inflación, de las dificultades de provisión de algunos insumos y de los atrasos en las obras que esos aspectos provocaron. En otro sentido deben darse signos en favor de una mayor certidumbre macroeconómica para los desarrollos privados”, sostuvo Weiss
Otra preocupación para los empresarios del sector es que el déficit habitacional no deja de crecer. Cada año aumenta más el número de nuevas familias que soluciones habitacionales y las existentes envejecen y se deterioran.
Weiss, puntualizó que “se debe adoptar para el futuro Políticas de Estado permanentes, que trasciendan los ciclos de gobierno, que atiendan las necesidades de vivienda de los distintos sectores sociales. Entendemos que las recomendaciones de la Mesa Técnica referidas son una base ineludible para esas políticas”.
De acuerdo con datos del CPI, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta para este año 2023 con partidas por $381.100 millones, donde el 48% tiene por destino el Fondo Fiduciario Procrear; el 43,2% corresponde al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, a través del cual se llevan adelante, entre otros, la ejecución de las viviendas del programa Casa Propia en las provincias. El 8,9% restante son transferencias a los gobiernos provinciales, municipales y cooperativas.
“La ejecución del presupuesto de vivienda de este año viene bastante ralentizada. Finalizado el primer bimestre (16,6% del ejercicio 2023), el avance de la ejecución presupuestaria alcanza solamente al 6,8%”, precisó Weiss.
Sector privado
El sector de desarrollo privado de viviendas trabaja intensamente, sólo en la ciudad de Buenos Aires hay más de 40.000 viviendas en plena ejecución.
Weiss, añadió: “Pero se enfrenta a una marcada reducción de las ventas y del precio de las unidades terminadas. Ello hace previsible un estancamiento de la actividad, sin gran número de nuevos emprendimientos en tanto las condiciones macroeconómicas no sean más propicias, momento en que como ha pasado siempre, el segmento crecerá”.
Plenario
Estos temas y otros se trataron recientemente en la reunión del plenario del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), conformado por las cámaras empresarias que integran el Grupo de los Seis (G6), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
Del encuentro participaron también integrantes del G6, como Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina; Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina; Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos.
En referencia con la vivienda se expusieron consensos alcanzados luego del trabajo de la Mesa Técnica respectiva donde participaron la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina. Así como otras entidades profesionales y académicas
Y los participantes del CPI accedieron al informe de avances de las 8 Mesas Técnicas del Consejo, que trabajan desde hace más de un año. Agua y Saneamiento; Caminos Rurales; Conectividad; Transporte y Logística; Energía; Minería, y Vivienda y Desarrollo Urbano fueron las cuestiones -clave para la infraestructura- tratadas en la jornada. También se presentaron los consensos en un tema transversal como es el financiamiento de la inversión.
Los consensos alcanzados en vivienda puede resumirse en los siguientes lineamientos:
– Fomentar la concreción de planes de construcción y acceso a la vivienda, adecuados a cada sector de la sociedad, según sus características y posibilidades para reducir sustancialmente el enorme déficit habitacional; el Tesoro deberá contribuir para asistir a los sectores más vulnerables
– Promover una ley de fomento del crédito hipotecario en una moneda vinculada a la evolución de los salarios, acelerar el funcionamiento de los Registros de la Propiedad de las jurisdicciones para que sean realizables las hipotecas en tiempo oportuno.
– Generar políticas activas de incentivo fiscal y/o de regularización impositiva para desarrolladores y compradores de viviendas; generar suelo edificable para abaratar la incidencia de la tierra en el costo, hacer más eficiente la construcción de viviendas con innovación, y con trabajo articulado entre Estado y privados
– Modificar sustancialmente el actual régimen de alquileres de vivienda.
– Analizar experiencias comparables en países vecinos para la promoción de la vivienda
El CPI aspira a elaborar propuestas -consensuadas entre usuarios y ejecutores- de inversiones en infraestructura social y para la producción, a realizar en los próximos diez años. Serían presentadas a mediados de año a todos los actores políticos, candidatos y bloques legislativos.
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