El Ministerio de Economía continuó el fin de semana con negociaciones todavía abiertas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo en la revisión de metas de este trimestre, a diez días del primer gran vencimiento de deuda con el organismo, por unos USD 2.700 millones. Para ese pago, el Gobierno debería contar con el desembolso de USD 5.400 millones, que tendrá que ser aprobado por el directorio del organismo.
Altas fuentes del Palacio de Hacienda indicaron en las últimas horas que las conversaciones técnicas se encontraban en su recta final, ya que todavía se discutían las cifras finales y el alcance que tendrá la recalibración de metas de acumulación de reservas que estará explícito en el programa. La sequía, que es más severa de lo esperado por las nuevas proyecciones de recorte de producción, es el elemento principal que condiciona ese número definitivo.
Entre Buenos Aires y Washington los debates continúan de manera virtual, y además de las cifras finas uno de los temas de discusión, aunque sea más un detalle lateral, tiene que ver con la forma y el horario en que se comunicaría un cambio trascendental en el desarrollo del Extended Fund Facility (EFF) como el que se buscó a lo largo de las negociaciones.
Una posibilidad, incluso, fue que el comunicado oficial se diera a conocer este lunes antes del inicio de la actividad bursátil, aunque no existía todavía confirmación oficial. Los mercados internacionales se encuentran desde la semana pasada en un momento de turbulencia por la caída de Silicon Valley Bank, uno de los bancos principales especializado en financiamiento de startups tecnológicos y existe aún un temor de riesgo sistémico para el resto de los bancos.
Con todo, el debate se extendió durante las últimas dos semanas luego de que desde el equipo económico dejaran saber que tras el encuentro entre Sergio Massa y la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva en la India durante la cumbre de ministros del G20, existía un terreno listo en la conducción política del organismo para rediscutir las metas. Tras esa luz verde, uno de los temas principales de debate versó sobre cómo determinar, además de las nuevas metas anuales y trimestrales de acopio de divisas en el Banco Central, la necesidad y modo de funcionamiento de un eventual mecanismo “automático” de reajuste de las metas según el ritmo de exportaciones.
En algunos despachos oficiales creen que las ventas externas pueden, tras el impacto pleno de la sequía en esta primera parte del año, repuntar durante el segundo trimestre durante los meses de cosecha gruesa. Si bien se espera que la reducción en la obligación de acumulación de dólares sea significativa, el alcance definitivo se conocerá con el informe final que el staff enviará al directorio para su tratamiento, cerca de finales de marzo.
El comunicado del equipo técnico del Fondo también incluirá un panorama general de la implementación del programa, más allá de la discusión puntual sobre el nuevo escenario de reservas por la sequía y la menor cantidad de exportaciones. Un nivel más bajo del esperado de ventas de granos implicarán menos derechos de exportación cobrados y menores ingresos al fisco.
Esa variable impactará, así, en las perspectivas de recaudación para los primeros meses del año, un efecto que ya se empezó a notar en los números oficiales de enero y febrero. En el Gobierno aseguran que no habrá modificaciones en las metas fiscales, aunque el cumplimiento de los topes trimestrales de déficit primario estará más presionado por contar el sector público con menos ingresos de retenciones.
En enero, por caso, Hacienda ya “utilizó” más del 40% del techo nominal que tiene para el primer trimestre por una aceleración de pagos atrasados de fin de 2022, lo que hizo crecer más de 1000% el déficit primario.
En términos fiscales, además, hubo discusiones entre las partes sobre el ahorro del gasto que podría haber tenido lugar en caso de una implementación plena de la segmentación de subsidios a las tarifas de energía. En los últimos días se sumó un número nuevo en la negociación: la extensión del plan de pagos para personas en edad jubilatoria sin el total de aportes, que tendría un costo fiscal de 0,36% del PBI en el primer año de vigencia y de 0,48% del Producto en su segundo año, de acuerdo a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El tema del recorte en el gasto público no es menor. Para el staff, una implementación completa del esquema de segmentación de tarifas implicaría un ahorro fiscal de 0,5% del PBI, es decir toda la diferencia que debe recortar el Poder Ejecutivo este año de acuerdo al programa (desde 2,4% del Producto hasta 1,9 por ciento).
El acuerdo con el FMI y sus implicancias volvieron a formar parte del discurso del kirchnerismo en los últimos días. Además de Máximo Kirchner en Avellaneda, que machacó el carácter del programa firmado, la vicepresidenta Cristina Fernández también pidió una revisión de las condiciones, aunque aseguró que su fuerza política no busca desconocer la deuda con el organismo.
“Si te dieron 45 mil millones los vas a tener que devolver, nadie pretende que no lo devuelvan”, dijo la vicepresidenta y agregó: “Los programas económicos no son una cuestión de fe, son objetivos que se persiguen y la eficacia y eficiencia para lograrlos”. “Los acuerdos no pueden ser lo mismo para todos. Esto es lo que sostuve, sostengo y sostendré siempre. Creo que es importante, porque lo van a tener que hacer, se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo”, resaltó.
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