Tarifas y prepagas: Por qué la adhesión a los registros para mantener subsidios es más baja de lo que se esperaba

Desde el año pasado, comenzó a aplicarse por primera vez en el país la segmentación de usuarios de acuerdo a sus ingresos para el pago de distintos servicios, como una forma de reducir los subsidios sobre los consumos de los servicios públicos esenciales, con un impacto menor para la población con bajos recursos monetarios.

Este nuevo sistema de tarifas diferenciadas se aplica desde 2022 para los servicios de gas, electricidad y para los usuarios de AySA; y desde este año para los usuarios de medicina prepaga.

Sin embargo, a pesar de los cálculos que se hicieron preliminarmente desde distintas áreas, la cantidad de usuarios inscriptos en los diferentes registros -RASE para gas y electricidad, formulario del ERAS para AySA y de la Superintendencia de Servicios de Salud- fue notablemente menor a la prevista.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para gas y electricidad se lanzó a mediados del año pasado. De los 15,8 millones de hogares que reciben el servicio de energía eléctrica, 2,8 millones quedaron dentro del segmento de ingresos medios (17,8%) y 7,7 millones en el segmento de ingresos bajos (48,6 por ciento).

El segmento de ingresos altos -que ya debería haber comenzado a pagar la tarifa plena- quedó conformado por más de 5 millones de hogares (33,5% del total). En ese grupo están los que se anotaron, pero superaron el nivel de ingresos para mantener subsidios, y también los que directamente no se inscribieron.

Sin embargo, a comienzos de febrero, la Secretaría de Energía decidió postergar la quita total de subsidios prevista para los usuarios de mayores ingresos porque estimó que hay un alto porcentaje de usuarios que no solicitaron mantener el beneficio, aunque les correspondería. La estimación es que el 33,5% de usuarios que está dentro del segmento de ingresos altos podría reducirse a un 24 por ciento.

Además de mantener el registro abierto, el Gobierno lanzó una campaña para que más hogares se puedan anotar a través de mensajes de texto y avisos en plataformas de redes sociales, ya que a pesar de que se realizan entrecruzamiento de datos entre organismos del Estado que podría facilitar el trámite, la segmentación no puede hacerse de forma compulsiva y es el usuario el que debe pedir mantener el subsidio, según lo estableció la reglamentación.

Un dato clave es que muchos usuarios no piden el subsidio o lo pidieron y luego se “bajaron” porque estar dentro de los segmentos que reciben aporte del Estado en sus facturas les impide acceder a la compra de dólar ahorro o de dólares financieros (como MEP y CCL).

También se argumenta que un factor que atemoriza a algunos usuarios es que la información solicitada se comparta con otros organismos del Estado.

En el caso de los titulares del servicio de gas natural, de los 9 millones de hogares el 37,3% quedó dentro de la categoría de mayores ingresos (Nivel 1). Mientras que un porcentaje similar se registró en el nivel de ingresos bajos y un 25% en ingresos medios.

“En servicios públicos domiciliarios hay un altísimo porcentaje de titulares que no son los que efectivamente lo utilizan. Hay mudanzas y cambios. El usuario que paga no es el que figura en la factura. Lo que primero que habría que haber hecho es una campaña para titularizar a cada servicio público con quién lo consume. Eso es una gran dificultad porque hay un desorden administrativo”, explicó a Infobae Fernando Blanco Muiño, ex director nacional de Defensa del Consumidor.

En el caso del servicio de Aysa, donde la segmentación se aplica por el domicilio de cada titular, de los 4 millones de hogares que reciben facturas pidieron mantener el subsidio apenas 58.000 titulares. De los cuales, 18.000 fueron aprobados y otros 33.000 lo habían solicitado pero ya tenían la tarifa social o porque viven en un barrio de coeficiente Zonal Bajo.

Solo 7.000 fueron rechazados porque no les corresponde el subsidio por no cumplir con los requisitos: por ejemplo, tienen un auto 0 km o ganan más del equivalente de dos canastas básicas. ¿Por qué fue bajo el número de inscriptos? Desde el ente regulador atribuyeron el bajo pedido de subsidios, a pesar de las campañas publicitarias, a varias razones: entre ellas, que ya 2,5 millones de hogares tenían el beneficio y no se les iba a quitar. Otros 200.000 ya tienen tarifa social. Y el resto, consideró otros factores como que la tarifa de agua es baja comparada con otros servicios y la limitación para la compra de dólares que no los motivaron a inscribirse.

El registro más reciente es el de las empresas de medicina prepaga -disponible en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud- donde quienes ganen menos de 6 salarios mínimos (unos $407.000 a febrero) pueden pedir un ajuste mensual menor en su cuota.

Las cuotas de todos los abonados se actualizan por el índice de costos de salud y las de los de menos ingresos por un porcentaje equivalente al 90% del índice de evolución de los salarios registrados estables (Ripte).

La Superintendencia no dio datos oficiales de la cantidad de inscriptos, pero desde las empresas del sector estiman que, de los 6 millones de afiliados, de los cuales 4,5 millones derivan sus aportes a través de obras sociales sindicales, se anotaron cerca de 350.000 usuarios para solicitar una reducción en los aumentos, una cifra menor a la esperada.

Hasta ahora, las fórmulas diferenciadas que se aplicaron dieron aumentos más altos para los clientes de más ingresos y menores para los que se anotaron en el registro, tal como se preveía. Por ejemplo, en febrero fue de 8,21% según costos de salud y de 4,91% según salarios. En marzo, es de 7,66% general y 5,04% para los inscriptos en el beneficio. Sin embargo, en abril se dará una situación inversa: el índice general arrojó 2,36% mientras que el Ripte llegó a 5,41%. Por eso se aplicará a todos el aumento más bajo.

Los usuarios tienen que completar online todos los meses -del 1 al 20- una Declaración Jurada de Certificación de Ingresos. “La normativa es de actualización mensual y se hace difícil porque al tener que ver con los salarios si un mes tuviste un ajuste por paritaria y tu salario cambia quedás afuera. Es una complicación más para una vida de los ciudadanos argentinos que ya es tan complicada. Todo esto es consecuencia del desorden marcoeconómico que tiene la Argentina donde son todos parches sobre parches para salir del paso e ir cerrando reclamos de distintos sectores”, agregó Blanco Muiño.

“Los datos personales después se comercializan y se están haciendo denuncias. Las personas se espantan con esos cuestionamientos. La Argentina es uno de los países con más problemas de datos personales. Se venden y no hay un control seguro y las empresas están a la pesca constantemente por los datos”, dijo a este medio Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

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