A un año del acuerdo con el FMI: balance, cambios, metas, exigencias y cómo sigue el programa

Mientras los funcionarios del Ministerio de Economía todavía sostenían el contacto técnico con su contraparte del Fondo Monetario para concluir la negociación sobre los cambios más relevantes que haya tenido hasta ahora el programa económico, el acuerdo Extended Fund Facility (EFF) cumplía un año de vigencia, en un recorrido que tuvo en doce meses tres ministros de Economía, cuatro revisiones técnicas, más de USD 23.000 millones en desembolsos, metas y objetivos modificados, eliminados o demorados y una hoja de ruta que experimentó un volantazo mayúsculo por el fuerte impacto de la sequía en la economía argentina.

El 3 de marzo del 2022 el equipo técnico del Fondo Monetario informó de manera oficial, después de una última milla de negociaciones que duró casi un mes y medio, el organismo había alcanzado con el Gobierno argentino un acuerdo final para poner en marcha un programa financiero que reemplace al todavía vigente Stand By de 2018, y que funcionara como mecanismo para refinanciar esos vencimientos.

Concluyeron, con ese anuncio, casi un año y medio de ida y vuelta desde el anuncio, en 2020, de que el Ministerio de Economía, en ese entonces al mando de Martín Guzmán, buscaría una renegociación completa del programa entonces vigente. Luego de tensiones internas en el Frente de Todos, ya que el kirchnerismo propiciaba un acuerdo a 20 años y con condonaciones de parte de la deuda, el resultado de la discusión derivó en un programa a 30 meses que incluye desembolsos suficientes para cubrir las obligaciones de pago del SBA de 2018 y, luego, un período hasta 2032 para devolver el Extended Fund Facility (EFF).

Lo curioso es el que acuerdo inició en medio de un contexto que forzó a una primera reconsideración sobre los números plasmados en el programa, por los efectos de la invasión de Rusia a guerra en Ucrania, que prenunció un incremento en los precios internacionales de las materias primas y también de la energía, con fuerte impacto en la economía nacional y mundial.

Además del mecanismo de cobertura de vencimientos, el programa EFF incluyó una hoja de ruta de medidas estructurales y un sistema de metas, principalmente sobre acumulación de reservas, reducción del déficit fiscal y un tope a la emisión monetaria para asistir al Tesoro, tres elementos que el staff y el Gobierno consideraron como vertebrales para estabilizar la economía en los años siguientes.

El FMI consideró que se trataba de un programa “creíble y realista” pero alertó rápidamente sobre el cambio de condiciones internacionales que apuró a una reconsideración de los supuestos del acuerdo, algo que quedó de manifiesto unas semanas después, cuando el directorio aseguró, directamente, que por el conflicto bélico en Europa del Este los riesgos para el programa eran “excepcionalmente altos”. Más allá de eso, en ese momento el directorio aprobó el acuerdo y giró los primeros USD 9.600 millones al Banco Central, que incluyeron así un desembolso para pagar luego vencimientos del SBA y un financiamiento “neto” para reforzar las reservas en un momento crítico.

Así nació el programa con el Fondo: con un horizonte corto que obligó a un recálculo de su estructura de objetivos apenas salido del horno. Sin ir más lejos, el Gobierno y el organismo acordaron en ese momento anticipar un mes la primera revisión técnica, que estaba prevista para junio. Había un temor que sobrevolaba: que la situación internacional impacte directamente sobre la inflación, una variable que no tenía metas en el programa pero sí configuraba un dato decisivo.

Tras un viaje de Guzmán a Estados Unidos para reunirse con el entonces director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn -que renunciaría meses después para asumir en el BID-, la primera revisión trimestral, que evaluaría si el Gobierno cumplió las metas de fines de marzo, concluyó con todos los objetivos aprobados y con algunas primeras modificaciones a los números centrales respecto a metas trimestrales y algún reajuste nominal para las que están expresadas en pesos por la mayor inflación. Así, habilitó un segundo desembolso, en este caso de USD 4.000 millones.

Fue la primera y última revisión de la que participó Guzmán. El 2 de julio, poco menos de un mes después de superar el primer examen ante el FMI, el entonces ministro anunció su salida del ministerio, en medio de una tensión interna que ya había superado los límites, con funcionarios que no respondían a su autoridad y con un apoyo cada vez más flaco en el equipo de Gobierno. El mentor del acuerdo, así, salió del Poder Ejecutivo tres meses después de haber prohijado el programa vigente.

Su sucesora fue Silvina Batakis y uno de sus primeros anuncios fue que el acuerdo seguiría sin cambios. Durante su breve interregno en el Palacio de Hacienda, incluso, fue a Washington a sostener presencialmente su convicción de que el programa iba a continuar a pesar del recambio ministerial y para dar un mensaje de continuidad. Pero su paso por la silla principal de la gestión económica fue tan fugaz que no llegó siquiera a regresar de la capital norteamericana y ya el Ministerio tenía nuevo responsable.

A principios de agosto Sergio Massa concretó su traspaso desde la presidencia de la Cámara de Diputados al Ministerio de Economía, un viejo anhelo, y reconfiguró el gabinete para tener bajo su ala áreas que, anteriormente, estaban desperdigadas, como Energía, Agricultura o Comercio Interior. Armó su equipo de funcionarios energéticos, presentó una primera serie de medidas -entre ellas, un esquema más profundo de segmentación de tarifas al que había anunciado Guzmán y una señal fiscal fuerte ante un escenario de fuerte expansión del gasto público en la primera parte del año- y tuvo su propio cara a cara con los funcionarios del Fondo.

Su primera misión fue aprobar la segunda revisión trimestral, que tuvo lugar en septiembre. El cuadro fue menos favorable para el Poder Ejecutivo en ese segundo examen: incumplió dos de las metas incluidas: la de acumulación de reservas, que fue atribuida a un uso de dólares mayor al esperado para la importación de energía y a desembolsos de organismos internacionales demorados.

El otro objetivo que no se alcanzó fue el piso de recaudación tributaria. De hecho, tras este incumplimiento el Gobierno y el FMI acordaron eliminar a esa última variable del esquema de condicionalidad. De todas formas, el desembolso fue aprobado y otros USD 3.800 millones viajaron al Banco Central.

En esta instancia ya hubo, directamente, una flexibilización de la meta más sensible del acuerdo, que es la de acopio de reservas en el BCRA. En un primer ejercicio del recálculo de ese objetivo que se lleva adelante en estos días, el FMI y el Gobierno acordaron recortar en unos USD 800 millones la meta de 2022, que era de USD 5.800 millones, hasta USD 5.000 millones.

De todas formas, en rigor, se trató de un “aplazamiento” de esos USD 800 millones, ya que fueron agregados al umbral mínimo de 2023, que pasó de USD 4.000 millones a USD 4.800 millones.

Los meses siguientes transcurrieron entre la puesta en marcha del esquema de segmentación de tarifas con tope al consumo y una medida que terminó por configurar el cumplimiento de las últimas metas del año: el dólar soja, que aceleró el ingreso de divisas sobre el cierre del año y también el de retenciones al fisco. En diciembre, también tuvo lugar la tercera revisión, que dio lugar pocos días antes de Navidad al cuarto desembolso, por USD 5.900 millones.

El informe del FMI, aprobado por el directorio, llegó con una serie de advertencias sobre lo que llegaría en 2023. En primer lugar, la sequía. El segundo, un desaliento a la reiteración del dólar soja. Y, por último, el riesgo de un descontrol del gasto público durante los meses previos a las elecciones.

Tras esa última alerta que instaló el Fondo Monetario, el nuevo año empezó con un fuerte impacto en las exportaciones por las condiciones climáticas y apuró el cambio de metas de acumulación de reservas netas en el Banco Central que se discute desde hace algunos días.

La meta trimestral original estipulaba que el organismo que conduce Miguel Pesce debería tener hacia el 31 de marzo 2023, aproximadamente, unos USD 7.800 millones. Esto se compone de los USD 2.277 millones con los que contaba en diciembre de 2021 -según el cálculo del FMI- más los USD 5.500 millones que estaban previstos para este primer trimestre. Todo indica que esos números serán ahora mucho menores.

El tiempo corre y el próximo vencimiento -que orilla los USD 2.700 millones- se acerca en el calendario de pagos. El staff, luego de comunicar que flexibilizará la meta de acopio de divisas en el Banco Central, deberá darle forma al reporte técnico que será girado al directorio unas semanas después. Con la luz verde final, habrá un desembolso de unos USD 5.400 millones.

El Palacio de Hacienda esperaba tener terminado el ida y vuelta técnico el martes de la última semana. Sucede que una modificación mayúscula como la que está en conversaciones vendrá acompañada de una serie de medidas y consideraciones adicionales, entre ellas cómo quedará configurado el sendero completo entre los cuatro trimestres del año y, un tema decisivo, si habrá alguna suerte de mecanismo automático para recalibrar las metas.

Una posibilidad que apareció sobre la mesa en los últimos días y que seguía en negociación es la de establecer un “ajustador” de metas -hacia arriba o hacia abajo- de acuerdo al ritmo de exportaciones que permita la sequía en todo el país. En algunos despachos oficiales creen aún que más allá del impacto que ya sufre la economía en su balanza externa por las condiciones climáticas, para el segundo trimestre todavía ven posibilidades de un repunte en las ventas externas.

Según comentaron en despachos que estuvieron involucrados en la discusión técnica de las últimas semanas, el Fondo Monetario puso sobre la mesa una advertencia por la demora que tuvo la puesta en marcha de la segmentación de tarifas para reducir la cuenta presupuestaria de subsidios, una iniciativa que el organismo bendijo pero que tuvo algunos contratiempos.

El Gobierno y el FMI trabajan, en paralelo, en un plan para subir el nivel de cumplimiento en dos impuestos clave como IVA y Ganancias. En las próximas semanas, incluso, habrá una misión técnica para avanzar en un primer paso decisivo: hoy la AFIP no tiene una estimación certera de cuánto es el porcentaje de evasión de Ganancias, tanto en empresas como en individuos.

Se trata de un objetivo que corre en paralelo a las metas trimestrales y anuales que conforman la columna vertebral del acuerdo -reservas, déficit fiscal y emisión monetaria- pero que también cuenta con métricas concretas.

Para el caso del IVA, donde cuenta con información más clara sobre la brecha de incumplimiento, la “meta de evasión” debía ser del 34,3%, un objetivo que según aseguran en el organismo tributario, fue alcanzado en 2022. Para este año esa métrica debería caer hasta 31,5%, especificaron.

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