La Argentina tiene más empleados públicos por habitante que Brasil, pero menos que en países desarrollados

¿Tamaño o calidad? Un trabajo del Cippec coloca el dedo en la llaga de uno de las cuestiones más sensibles en la agenda actual: la cantidad y la eficiencia del empleo público en la Argentina.

El reporte, de Mauro Solano, director de gestión pública de la ONG, aborda esta cuestión desde una perspectiva interesante, al comparar la situación local con la de Brasil en términos de la proporción y la evolución del empleo en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal con el total de la población.

La “excusa” de este trabajo escrito es la celebración de los 200 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina -primera y tercera economías de América Latina, respectivamente-, que el presidente Alberto Fernández afirmó querer potenciar con el inicio del mandato de Lula en el vecino país.

Según el último informe del Indec, en diciembre de 2022 había 340.593 empleados en la administración pública nacional y las empresas y sociedades con participación estatal.

A raíz de esta ocasión, Cippec consideró que es imprescindible para mejorar la cooperación con Brasil que cada uno de los dos países cuente con capacidad de articulación e implementación de las políticas públicas que se mencionan cada tanto. De hecho, meses atrás se habló nuevamente de la posibilidad de implementar una moneda común entre los dos mayores socios del Mercosur, una herramienta que se discute desde mediados de los 80 sin avance alguno.

“Esta articulación, que resulta estratégica para el presente y futuro de ambas naciones, solo podrá alcanzarse si sus Estados cuentan con las capacidades necesarias para acompañar el proceso y alcanzar resultados que impacten en la provisión de más y mejores bienes y servicios públicos”, se indicó.

En este sentido, el trabajo observa que “Brasil cuenta con un servicio civil que tiene un nivel de profesionalización alto: alcanzó los primeros lugares en América Latina (primer y segundo puesto en 2004 y 2011/13, respectivamente) en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

“Esto da cuenta de un proceso que se extendió a lo largo de los años y que logró una burocracia meritocrática y profesional, pero que no estuvo exento de avances y retrocesos”, aclaró el autor.

En cambio, destacó, “en Argentina, si bien se evidencia cierta tendencia hacia la configuración de un servicio civil profesional en el ámbito nacional, aún tenemos bastante camino por recorrer en la configuración y el fortalecimiento del trípode del empleo público: estabilidad y carrera, ingreso por concurso e igualdad en el acceso”.

Solano, ex director del Inap, dijo a Infobae que “la complejidad y especificidades del tema requieren el planteo de un plan integral de fortalecimiento del empleo público, que contemple múltiples acciones con efectos en el corto, mediano y largo plazo”.

“Hay que buscar mayor homogeneidad en los regímenes laborales y de carrera, para que la idoneidad y la capacidad, así como la igualdad de oportunidades y de trato, atraviesen los diferentes colectivos laborales. Eso se completa con la consolidación efectiva de un régimen de empleados públicos profesionales en funciones superiores e intermedias, como engranajes claves de una gestión pública de calidad, y en la sustancial mejora en los regímenes y procedimientos de contratación para reducir el peso del personal transitorio, reducir clientelismos y erradicar injusticias laborales”, afirmó Solano.

Además, el director de gestión pública consideró que es necesario “instrumentar un régimen de planeamiento (cuanti y cualitativo) de las dotaciones, en especial para orientar el ingreso de aquéllos llamados a desempeñar ocupaciones críticas y las que se derivan de las nuevas tecnologías. Son medidas que deben contar con acuerdos plurales y compromisos de largo plazo, a partir de la generación de consensos producto del diálogo entre actores políticos, sociales, y la representación gremial de las y los trabajadores”.

En cuanto a las provincias y municipios, Solano afirmó que, aunque el panorama es muy heterogéneo, “existe la posibilidad cierta de avanzar en línea con las propuestas efectuadas para el nivel nacional, más teniendo en cuenta que allí se concentra el mayor peso en materia de empleo público, con gran incidencia en tres grandes áreas de servicios esenciales como son salud, educación y seguridad”.

Al respecto, el informe reveló que “hasta la actualidad, los avances han sido dispares y se matizan con una heterogeneidad vertical y horizontal marcada que cuenta con un nivel de coordinación interjurisdiccional escaso; alta fragmentación; inequidades retributivas y de condiciones laborales”.

De inmediato, el informe de Cippec precisó que “hay una gran diferencia de escala en lo que hace al empleo público total: para 2019 en Brasil, según el Atlas do Estado Brasileiro del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, había 10,89 millones de contratos públicos en todo el país”. En el caso de la Argentina -según la medición del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y demás estimaciones- “ese número se ubica entre 3,4 millones y 3,8 millones de personas trabajadoras en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal)”.

Si la comparación se desarrolla en términos proporcionales, según Cippec, “para 2019 las personas ocupadas en todos los niveles del sector público en Brasil alcanzaban al 5% de la población, y en Argentina el empleo público total correspondía al 8% del total”. De inmediato, la publicación aclaró que “la media de los países de la OCDE es de aproximadamente del 10 por ciento”.

De este modo, “la diferencia de 3 puntos porcentuales, respecto de personas que se desempeñan en cualquiera de los niveles del ámbito público da cuenta de que el tamaño es apenas una de las variables a atender; el foco hay que ponerlo en lo cualitativo”.

En particular, se detalló que “en Argentina, las personas trabajadoras en el ámbito estatal de las provincias y los municipios explican cerca del 80% del empleo público total”; en tanto, en “Brasil el cuadro es similar, aunque está todavía más orientado hacia los niveles subnacionales: solamente el 8,6% de los vínculos laborales públicos corresponden al nivel nacional”.

“Esto tiene sentido por la propia organización federal, pero también por los procesos de descentralización administrativa iniciados en la década del 70 y profundizados durante la década del 90″, aclaró el autor.

“Gran parte del empleo público en Argentina está directamente relacionado con la provisión de bienes y servicios públicos, dentro de los cuales los vinculados a educación, salud y seguridad explican más del 60% de los empleos estatales, una rigidez funcional que no puede dejar de atenderse”, explicó Mauro Solano.

En el país gobernado por Lula, “sucede algo similar: en los municipios, el 40% de los empleos públicos están vinculados con los servicios de educación o salud, y algo parecido ocurre a nivel de los gobiernos estatales”. En este último caso, “la cifra alcanza el 60% del total de puestos de trabajo al considerar sumar a estas dos áreas a las personas trabajadoras en el ámbito de la seguridad pública”.

De este modo, consideró Cippec, “ambos países comparten desafíos, desigualdades y problemáticas que deben combatir, en un contexto en que el Estado es el actor que cuenta con las mayores (e indelegables) responsabilidades”. Además, sobre este cuerpo “la ciudadanía deposita altas expectativas en materia de prestación de bienes y servicios en forma rápida y con estándares de calidad altos”, en un contexto de creciente presión tributaria.

De este modo, concluyó, “Argentina y Brasil cuentan con avances y espacios de mejora que pueden resultar complementarios en el proceso de consolidación y perfeccionamiento de sus servicios civiles, y enfrentan retos similares en materia de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno”.

Ante la consulta de Infobae, Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, afirmó sobre esta cuestión que “la efectividad de las políticas públicas se apoya, en gran medida, en dos pilares: la calidad del empleo público y el fortalecimiento de las capacidades de gestión”.

“En torno a cada uno de ellos, se despliegan acciones y programas con alcance territorial y que permiten producir, capitalizar y poner en valor los saberes estatales. A estas dimensiones transversales las denominaremos: federalización de las políticas de la función pública y producción de conocimiento sobre la función pública. La articulación y mirada integrada de lo público define una parte sustantiva de la legitimación social de las acciones de gobierno”, resaltó la funcionaria.

Por este motivo, afirmó Castellani, “La capacidad del Estado para dar respuesta a las nuevas demandas sociales depende de la calidad de sus burocracias, requiere un análisis y planificación de las dotaciones y una permanente actualización y resignificación de los saberes de los y las trabajadores”.

En este sentido, la funcionaria afirmó que se definieron cinco ejes de trabajo para alcanzar “Accesibilidad de servicios a la ciudadanía, innovación y calidad en la gestión, integralidad en las políticas de empleo, transparencia, integridad y ética pública y participación activa y federal”.

Seguir leyendo: