Curiosa regularidad entre ingresos y empleo: los sectores más ricos de la población son los que más trabajan en el Estado

Es casi un cliché: los pobres son las principales víctimas de la inflación. Y es tristemente cierto, más aún cuando la inflación se acelera y los salarios –como dice otra frase hecha- suben por la escalera, mientras los precios lo hacen por el ascensor.

Un reciente informe de la consultora Ecolatina corrobora de modo consistente y preciso la relación inversa entre inflación y distribución del ingreso (a más alta la primera, más desigual la segunda) y agrega una sorprendente comprobación: a medida que se asciende en la escalera de ingresos de la población, aumenta la proporción de quienes trabajan en el Estado.

En 2022, precisa el estudio, los salarios volvieron a perder contra la inflación, pero perdieron más en la franja de menores ingresos, cuyo poder adquisitivo cayó 5,1%, que en los deciles 9 y 10 (entre los dos, el 20% de las personas de mayores ingresos) que perdió “apenas” 1,2% de poder adquisitivo.

Esto se debe no solo a la aceleración de la inflación sino a la estructura de gastos y de empleo.

Por empezar, “la inflación de los sectores más vulnerables no es la misma que la de la población con más poder adquisitivo”, subraya el informe, pues los de menores recursos se ven más afectados por la dinámica de los precios de alimentos y bebidas mientras los más altos consumen una mayor proporción de sus ingresos en artículos para el hogar, educación y esparcimiento. El fenómeno se traduce en una perfecta escalera: la incidencia del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en el presupuesto del 10% más pobre es del 36,1% y se va reduciendo decil a decil: pasa a ser menor de un 25% ya en el sexto y es de menos de 14% (esto es, menos de una séptima parte del presupuesto) para el 10% más rico.

El carácter regresivo de la inflación se acentuó en el primer semestre, dice Ecolatina, porque en ese período la inflación de alimentos fue superior al nivel general. Cabe agregar que el retraso relativo del precio de la carne permitió sortear ese efecto en la segunda mitad del año, pero se revirtió violentamente a partir de enero de este año.

De hecho, según el Índice Barrial de Precios que a partir del relevamiento de 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), en comercios del conurbano bonaerense, en enero los precios de los alimentos subieron 6,2% y marcaron una variación interanual del 102,2%, con lo cual “una familia de dos personas adultas y dos peques que a principios de 2021 precisaba $ 33,685,3 para adquirir sus alimentos indispensables, en el primer mes de este año necesitó $68.094,3 para comprar los mismos productos”.

En cuanto a la estructura de empleo e ingresos, que más del 85% de los trabajadores del 10% más pobre de la población sean cuentapropistas o trabajadores informales, cerca de 7% tenga un trabajo formal en el sector privado y otro tanto en el Estado son datos en línea con la percepción general, sin escarbar estadísticas. En cambio, que el porcentaje de quienes trabajan en el Estado aumente sistemáticamente a medida que se asciende en la escala de ingresos luce más novedoso. Y es lo que sucede, según los datos que a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, la más rica base de datos socioeconómicos del Indec) elaboró y graficó Ecolatina: mientras apenas 7,3% del decil más pobre de trabajadores se desempeña en el Estado, la proporción de quienes derivan sus ingresos del empleo público aumenta a 12,1% en el decil siguiente y va ascendiendo hasta superar el 30% en el octavo y es más de un tercio (exactamente, 34,3%) en el último, del 10% más rico de la población.

En tándem con el empleo público, a medida que se asciende en ingresos también aumenta el nivel de empleo privado formal, que de solo 7% en el decil más pobre trepa hasta superar el 41% en el más rico. Ergo: más del 75% de los ingresos salariales del 10% más rico de la población se derivan de empleos formales en el sector privado o en el Estado.

Otro dato es que mientras los ingresos laborales de la mitad más rica crecieron 90% interanual, los del 50% más pobre crecieron sólo 81%, lo que potencia el efecto regresivo de la inflación, presiona por mayor asistencia gubernamental y explica también, dice el informe, la persistencia del efecto “trabajador adicional”: más miembros del hogar se vuelcan a la búsqueda de trabajo para intentar suplir el deterioro en los ingresos.

En 2023, prevé Ecolatina, el poder adquisitivo de los sectores más postergados volvería a ser el más perjudicado. “En primer lugar esto se daría vía los precios: la aceleración en los precios de los alimentos vista en enero (pasó de promediar 4,8% en el cuatro trimestre de 2022 a 6,7% en enero) se agudizará significativamente en febrero con el aumento en la carne vacuna”, dice el informe, según el cual en la primera quincena en el Gran Buenos Aires el rubro alimentos y bebidas se encareció 9,2%, algo que sería contrapesado por menores aumentos a los inicialmente anunciados en las tarifas de servicios y transporte públicos, para “morigerar la regresividad de la inflación en los primeros meses del año”.

Luego, vía acuerdos paritarios, la brecha entre deciles se seguiría ensanchando pues “los salarios de los sectores más acomodados, al poder recomponer ingresos más seguido y en mayor sintonía la inflación gracias a los acuerdos paritarios, seguirán dejando atrás los ingresos laborales de los sectores más postergados, con mayor proporción de trabajadores informales y buena parte de los cuentapropistas”.

El resultado, concluye el informe, es una paradoja para el Gobierno: en un año electoral, el mecanismo para aceitar paritarias y que vayan al mismo ritmo que la inflación es el principal resorte para sostener el nivel de consumo privado, focalizado en los servicios, sector que –arriesga- “podría ser el único componente del PIB que evite terminar en rojo este año”. La contracara es que si los sectores vuelven a perder terreno se profundizará la demanda de asistencia social en un contexto de reducción del gasto para cumplir con la meta de déficit fiscal acordada con el FMI.

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