Volvieron a aumentar los litigios laborales: en qué provincias y contra qué tipo de empleadores escalaron más rápido

Tras un retroceso por la pandemia, el número de litigios laborales volvió a aumentar y en los primeros once meses de 2022, período para el cual se cuenta con información actualizada, superó los 85.000 casos, a un ritmo de poco más de 7.700 por mes.

El aumento a nivel país fue del 17,4% respecto de igual período de 2021 y se observa una gran disparidad entre provincias.

Un informe de Vanesa Toselli, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, precisa que en la región pampeana (Buenos Aires, CABA, La Pampa, Córdoba y Santa Fe) concentró el 77% de los juicios iniciados de enero a noviembre del año pasado y que el número de litigios aumentó 96% (esto es, prácticamente duplicó) el grado de litigiosidad registrado en 2019, último año de prepandemia.

Un aspecto llamativo es la heterogeneidad: si bien el número total de litigios aumentó 17,4%, en 14 de las 24 jurisdicciones (23 provincias y CABA) declinó. Hubo reducciones del nivel de litigiosidad de 35,2% en el NEA y del 12% en el NEA, pero en la región pampeana, que concentra el mayor número de habitantes y relaciones laborales del país, el aumento fue del 17,1% y en Cuyo de más del 35%.

Las provincias donde más aumentó la litigiosidad laboral fueron Córdoba (105,1%), Santa Cruz (98,1%) y Mendoza (50,3%).

A nivel regional, un caso intermedio es la Patagonia, donde la litigiosidad aumentó solo 8,5% pero con la ya mencionada excepción de Santa Cruz y también de Chubut, donde la litigiosidad aumentó 44,7 por ciento.

Fuentes del sector de aseguradoras de riesgos de trabajo asociaron el aumento de la litigiosidad en Mendoza a un probable intensificación de actividad de los abogados laboralistas, pues se trata de la provincia más avanzada en hacer operativa la ley 27.348, complementaria de la ley sobre Riesgos de Trabajo, y a principios de este mes llamó a concurso de profesionales médicos para conformar el Cuerpo Médico Forense.

Según esa norma, los Cuerpos Médicos Forenses (conformados por profesionales médicos: traumatólogos, psiquiatras, psicólogos, etc) deben determinar el grado de daño en casos de accidentes laborales en base al baremo de la ley de riesgos de trabajo. Hasta la sanción de la norma complementaria y todavía, en la medida que las provincias no conformen esos cuerpos, en los litigios por siniestros laborales, los peritos judiciales que determinan el grado de daño cobran un porcentaje de la compensación monetaria determinada, un claro incentivo para elevar los montos y para litigar.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), los daños o porcentajes de incapacidad determinados por los peritos judiciales son en promedio 17 puntos porcentuales superiores al baremo o tabla de la ley de riesgos de trabajo, debido a que cobran a porcentaje en vez de “por acto médico”. La conformación de los Cuerpos Médicos Forenses terminaría con ese incentivo. Según la ley, los Cuerpos Médicos deberían atenerse al baremo y la parte afectada debería ir en primer término a una Comisión Médica en vez de recurrir directamente a instancias judiciales.

El gráfico de arriba, sobre la evolución de la litigiosidad laboral muestra una marcada tendencia al aumento de 2003 a 2017, en que se sancionó la ley complementaria y una fuerte retracción posterior, hasta 2020, en que el número de litigios se redujo a poco más de 44.000, luego de un pico de más de 130.000 en 2017. El número volvió a aumentar en 2021 y 2022, con la salida lenta y luego más rápida de la pandemia.

Otro aspecto de la litigiosidad laboral, según un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) sobre el tercer trimestre de 2022, es que el sector o rubro donde más aumentó el número de litigios fue la “Administración Pública Nacional”: la cantidad de demandas contra el Estado nacional como empleador aumentó un 47,5%, mucho más que contra el sector que le sigue, Transporte, en el que el aumento fue del 38,6% respecto de igual período de 2021.

El informe de la SRT, publicado a principios de febrero (ver abajo), precisa que entre julio y septiembre del año pasado se acumularon 27.381 nuevos expedientes y muestra que si bien el número de juicios laborales en trabajos en casas particulares es muy menor en comparación a los iniciados contra “unidades productivas”, su tasa de aumento fue superior, del 36,6 por ciento.

Al 30 de septiembre pasado el número de juicios acumulados superaba los 280.000 casos y en los primeros nueve meses se habían dictado 71.687 sentencias.

A su vez, el informe de la UART destaca que Mendoza ocupa el tercer lugar del ranking nacional de demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo que –señala- “no condice con el número de siniestros, que marcan una tendencia descendiente”.

Según una fuente del sector asegurador, es paradójico mientras los accidentes bajan, la litigiosidad suba, contrasentido que –dijo- “solo se explica por la industria del juicio”.

De todos modos, cabe señalar que el número de litigios en general no se refiere solo a juicios por accidentes de trabajo o riesgo laboral, sino por otros motivos, como despidos, denuncias o diversos conflictos en el lugar de trabajo.

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