La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), que nuclea a 17 pymes que fraccionan GLP butano en garrafas, advirtió sobre un inminente “quiebre del abastecimiento”, en especial en las zonas más alejadas del país. Esta semana presentaron un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, para evitar que el sector colapse y se ponga en riesgo la distribución.
Según explicaron en un comunicado, el sector produce con una pérdida operativa como consecuencia de la medida oficial Programa Hogar. Para asegurar que los hogares de bajos recursos -que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red- puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el Gobierno subsidia a los usuarios mediante el Programa Hogar, mientras que a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET).
De acuerdo al reclamo del sector, esa compensación no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos. Desde el Ministerio de Economía argumentaron que la demora responde a que las empresas no entregaron las constancias de entrega correspondientes a la Subsecretaría de Combustibles, mientras que la Secretaría de Energía no respondió a una consulta por este tema.
A pesar de los recientes aumentos de los Precios Máximos de Referencia, el sector produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de $156,4 de promedio ponderado nacional, que varía según la zona de distribución, precisaron desde la cámara.
Y citaron varios ejemplos: por la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa fe (zona I), las pérdidas alcanzan $104,3 por unidad, mientras que la brecha entre el Precio Máximo de Referencia y el costo producción es aún mayor en las regiones de NEA y NOA (zona II), donde las pérdidas superan el doble, llegando a $234,6 por garrafa, sobre todo, por el costo del transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (zona III).
“Los precios de referencia, que define la Secretaría de Energía de la Nación, solo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55% y el 70% de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”, sostuvo Pedro Cascales, presidente de Cegla.
“La fijación de precios, que impiden a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituyen una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita”, agregó.
De acuerdo a los datos de la cámara, en la estructura de costos del sector influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y transporte primario. Con todo, el costo ponderado total de producción sería de $883,6, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y $121,2 de Asistencia Económica Transitoria (AET), que se está incumpliendo. Esto representa una pérdida estimada de $156,4 por unidad, según detallaron las empresas en un comunicado.
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