El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, viajarán en las próximas horas a Washington para una nueva negociación con el Fondo Monetario. La discusión girará en torno a tres ejes claves para el Gobierno: el próximo desembolso, la acumulación de reservas y la meta de déficit fiscal. También viajarán Lisandro Cleri, director del Banco Central,y Raúl Rigo, secretario de Hacienda.
El objetivo más inmediato, y también más accesible, será asegurar el desembolso de los USD 5.400 millones, indispensables para hacer frente al cumplimiento de los compromisos con el propio organismo. Esos fondos dependen de la aprobación por parte del organismo de las metas del último trimestre del año pasado, que Economía considera sobrecumplidas tanto en el frente fiscal el déficit de 2022 cerró en 2,4% del PBI vs. un objetivo de 2,5%- como en el de acumulación de reservas, que ascendieron a USD 8.500 millones a diciembre del año pasado.
Objetivos 2023
Sin embargo, bien formalmente la agenda indica que la discusión se basa en esa aprobación del FMI, lo cierto es que el nudo de las tratativas se enfocará en los objetivos de este año. Antes del viaje, el equipo económico mantuvo un encuentro durante el fin de semana en la casa del ministro Sergio Massa para pulir la argumentación ante el organismo. Esencialmente, tanto en el plano fiscal como monetario, los números previstos en el acuerdo para 2023 son más que desafiantes, en un contexto de una economía en plena desaceleración y con un calendario electoral por delante.
Para este año, la meta de déficit primario es del 1,9%, un objetivo complejo de alcanzar con un volumen de recursos que empieza a sufrir el impacto del enfriamiento económico. En enero, por caso, por primera vez en más de dos años, la recaudación fiscal creció por debajo de la inflación. Más exigente aún es la meta de acumulación de reservas, que implica que para fines del mes próximo, el Banco Central debería contar con unos USD 7.700 millones de reservas netas. Esa cifra luce difícil de alcanzar.
Para abordar ambas cuestiones y lograr, eventualmente, una flexibilización en las metas del primer semestre, el equipo económico recurrirá, como argumento central, al dramático golpe de la sequía en todas las cuentas públicas.
La cuestión de la sequía ya formaba parte de las preocupaciones compartidas con el staff técnico del FMI desde fines de 2022, cuando se preveía un impacto climático grave. Incluso, los mismos técnicos del organismo hicieron una mención al respecto en su último informe aprobado por el directorio. “La intensificación de la sequía en curso podría reducir las exportaciones agrícolas y las entradas de divisas, avivando la inflación y poniendo en peligro los objetivos del programa. Los riesgos de implementación del programa siguen siendo elevados dada la muy compleja situación económica, social y política interna”, reportaron. Desde ese momento a hoy, las consecuencias climáticas no hicieron más que empeorar y la proyección más aceptada es que el ingreso de divisas caerá en al menos USD 10.000 millones respecto del año pasado.
Ese planteo será el que desarrollarán ahora Rubinstein y Madcur para evitar el camino de un waiver, ante el casi seguro desvío respecto de las metas, sobre todo de reservas. Sin embargo, todo indica que la negociación será más que dura.
El FMI no sólo ya anticipó la necesidad de un “endurecimiento de las políticas” para adaptarlas al nuevo escenario sino que advirtió su rechazo a las medidas de excepción como el “dólar soja”, que el mercado descuenta para mayo.
“La planificación de contingencias y el ajuste ágil de políticas, incluido un mayor endurecimiento de las políticas si se materializan los riesgos, serán fundamentales para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Los esfuerzos serán esenciales para mantener un amplio apoyo político para el programa y su estrategia de financiamiento”, apuntó el mes pasado el equipo técnico del Fondo.
Sin romper lanzas, el ministro Massa admitió en una entrevista este fin de semana que la sequía formará parte de la discusión. “El Fondo plantea que discutamos con honestidad cuál es el impacto de la sequía”, dijo en declaraciones a CNN en Español, en las que también aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario “es cumplible”.
El menor flujo de dólares por la sequía para alimentar las reservas del BCRA no son el único problema: también las cuentas fiscales se resentirán por el menor ingreso de recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones agrícolas. En ese plano, el Gobierno deberá recortar el déficit fiscal primario desde 2,4% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI. Sobre este último punto, los primeros tres meses del año tendrán como techo para la financiación del déficit unos $139.000 millones, cerca de un sexto del tope nominal de todo el año, que es de $883.000 millones.
Seguir leyendo: