Inexistente. Cero. Nula. Tal la expectativa de las empresas sobre la probabilidad de alivio de la presión impositiva que sofoca las actividades productivas en la Argentina, al punto que casi 97% de los ejecutivos y expertos en impuestos dijo que el año pasado las empresas se vieron obligadas a “desinvertir” o se limitaron a mantener inversiones ya realizadas.
Así surge de la encuesta anual de KPMG titulada “Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas”. Nada menos que 84% de los encuestados dijo que cree que en 2023 la presión impositiva aumentará y 16% que se mantendrá igual. Nadie tiene la esperanza de que aflojará.
De las respuestas emerge también que Ingresos Brutos, el caballito de batalla de los fiscos provinciales, sigue siendo el impuesto de mayor impacto en los precios de los productos y servicios: así lo consideró el 52% de los encuestados, contra 20% que respondieron que el tributo más gravoso es Ganancias.
La Corte Suprema, el organismo más objetivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación logró la más alta calificación en cuanto a objetividad en materia impositiva seguida por el Tribunal Fiscal de la Nación y por detrás agencias provinciales como ARBA, el brazo fiscal bonaerense. Y la mayoría de los consultados coincidió en la importancia de tener un marco de previsibilidad fiscal por 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales.
Los consultados fueron los máximos ejecutivos de las áreas de Finanzas y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país, cuyas opiniones hicieron foco en la percepción fiscal de 2022 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad económica para 2023, año en que el turno electoral debería ser una oportunidad para enriquecer el debate acerca de la presión fiscal y la sustentabilidad del sistema tributario argentino.
“De las respuestas que se recogen cada año se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo sin que se haga una readecuación de este gravamen (por Ingresos Brutos) y reduzcan fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, dijo Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta, cuyas conclusione suelen
resultar significativas respecto del crecimiento, empleo y formalización económica. La encuesta tiene 3 capítulos temáticos: 1) Presión fiscal receptada y su incidencia en precios y planes de inversión de las empresas, 2) Rol de organismos administrativos y judiciales y 3) Perspectivas para 2023.
Los principales resultados en esas áreas fueron los siguientes:
Presión fiscal, incidencia en precios y planes de inversión
-El 52 % de los encuestados respondió que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impactó los precios de los productos y servicios en 2022, seguida por Ganancias (19.64%).
-Un abrumador 96,43% dijo que el marco fiscal argentino o los obligó a desinvertir o a lo sumo a “mantener” las inversiones ya efectuadas. Apenas 3,57% dijo haber desarrollado algún plan de expansión e inversión. Y la mitad dijo que se vieron obligados a desinvertir
-Descontando el efecto de la inflación, 34% de los consultados prevé tener un resultado sujeto a impuesto mayor a 2021 en la próxima Declaración Jurada de 2022 (se hace en mayo 2023 para los cierres de diciembre). Un 32% cree determinar un resultado impositivo menor, 9% estimó presentar una utilidad impositiva igual que en 2021 y 25% manifestó reportar pérdidas impositivas.
-Más del 90% de las respuestas coincidió en que las normas tributarias no son publicadas con suficiente nivel de estudio y consenso previo entre el Estado y las cámaras empresariales para su implementación adecuada, tanto a nivel nacional como provincial.-Consultados sobre si fuera posible fijar precios diferenciales por jurisdicción, en qué provincias debería vender más caros sus productos y servicios, dado el marco fiscal de cada una, Buenos Airs volvió a encabezar la lista de presión fiscal e incidencia sobre los precios de productos y servicios, seguida por CABA. Además, en 2022 irrumpieron en el ranking Misiones y Tucumán, desplazando a Córdoba al quinto puesto. Misiones fue la más votada entre los distritos que restringieron ventas y como “un ejemplo de cómo la presión fiscal provincial termina limitando la oferta de bienes y servicios a la que acceden sus propios residentes”, dijo Quiroga Lafargue.
-Un 82% de los consultados dijo tener saldos a favor de impuestos provinciales, una inmovilización de recursos muy perjudicial que se profundiza y naturaliza y se agrava por la multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, a menudo duplicadas al aplicarse también sobre las acreditaciones bancarias.
-Consultados sobre qué incentivos sirvieron para el desarrollo económico, la Industria del Conocimiento fue la más reconocida con un 57 por ciento. Para la industria y la exportación la identificación de este tipo de medida fue de solo 18 % y 17 %, respectivamente. Y más pobre aún fue la identificación de medidas impositivas a favor de la inclusión financiera: 5,36 por ciento. De hecho, casi 95% de los encuestados dijo desconocer medidas de incentivo eficaces.
Rol de organismos administrativos y judiciales
-En una escala de 1 a 10, la Corte Suprema de Justicia recibió la calificación más alta de los expertos al consultárselos sobre la objetividad. Otros organismos incluidos en la compulsa fueron AFIP, AGIP, ARBA, el Tribunal Fiscal de la Nación y las Justicias provinciales.
-La justicia en el ámbito tributario de las Provincias fue calificada con un 4,70 y la AFIP recibió una calificación intermedia.
Perspectivas para 2023
-El 84% de los consultados afirmó que en 2023 la presión fiscal aumentará, en línea con el pesimismo que mostró la encuesta de KPMG en los últimos 5 años. “El agravamiento que se prevé en materia de presión tributaria para este año sumado al elevado porcentaje de encuestados que señalaron que ya en 2022 la presión fiscal los había llevado a una situación desinversión, debiera ser una potente señal de alerta para las autoridades económicas como para los equipos económicos de aquellos que apunten a ser elegidos en funciones ejecutivas en el proceso electoral de este año”, advirtió Quiroga Lafargue. Aun así, 64,29% de los encuestados prevé mantener su inversión en el país, contra 30,36% que manifestó su intención de disminuirla.
-El 98 % de los encuestados cree que hay poco o ningún interés de las provincias de atraer inversión productiva a sus territorio utilizando incentivos impositivos
-Para ganar previsibilidad, las principales propuestas de los encuestados apuntaron, por orden de importancia, a establecer un marco de previsibilidad fiscal por 10 años, sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales, atenuar significativamente las alícuotas de IIBB, rebajar los costos patronales considerar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias e IVA, contar con fiscos y justicias provinciales más objetivos, simplificar trámites, registros, abaratar el acceso al financiamiento y sumar convenios que eviten la doble imposición con otros países.
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