La Aduana intensifica el control del comercio exterior y genera 667% más de ingresos por fiscalizaciones

La aplicación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la mayor actividad de control e inteligencia aduanera por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA) genera resistencias en el sector privado.

Por caso, en un informe de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), el presidente de Adiba, Silvio Zurzolo, si bien reconoció la expansión de la actividad industrial bonaerense en 2022, citó la falta de insumos por las restricciones a las importaciones y la inflación como “deudas por saldar” y advirtió que la actividad industrial de la primera parte de 2023 “estará condicionada por lo que ocurra con los insumos: destrabar esta situación es clave para muchos sectores de la industria”.

A su vez, un análisis sobre “El boom de los controles aduaneros” de la consultora PwC criticó la imposición de cargos suplementarios y multas por parte de la Aduana “apostando a viejas recetas de fiscalización generalizada”. Y precisa que la agencia pasó de percibir por esos conceptos USD 132,7 millones en el primer semestre de 2022 a USD 1.018,4 millones en el segundo, un aumento del 667 por ciento.

Según PwC, “el nuevo régimen SIRA regulado por la AFIP y la Secretaría de Comercio, lejos de ser una herramienta facilitadora para el comercio internacional, ha resultado ser un valladar para su ejercicio, toda vez que la aprobación de la declaración jurada depende de cumplir con una serie de requisitos”.

El informe critica “la utilización indiscriminada de valores criterio y valores de referencia” y el “ánimo recaudador” a través de valores referenciales de exportación “para mercaderías del rubro ganadero, agropecuario, minero y del sector cerealero” y de “valores criterio de importación” al que se incorporaron “productos de bisutería y juguetes, entre otros”.

“Los valores criterio y de referencia, e incluso los valores de comparables, deben ser un mero indicativo para la Aduana: una herramienta más para el control del comercio exterior y no para la recaudación. No se puede pretender sustituir los valores declarados por los operadores y sin más confeccionar un cargo e imponer multas desorbitantes”, dice el informe de PwC.

Consultado por Infobae, Guillermo Michel, director de la DGA, dijo: “Sorprende que asesores impositivos en la materia confundan el significado y el sentido de los Valores Criterio (VC) para importaciones y Valores Referenciales (VR) para exportaciones”.

Tanto los VC como los VR, dijo Michel, están definidos por Resoluciones Generales (RG) de la AFIP, “sirven para seleccionar las operaciones a fiscalizar y no implican en sí mismo una suerte de tabla de valores preestablecidos para efectuar cargos”. Además, destacó, “son elaborados con intervención de las Cámaras y Asociaciones que nuclean cada sector y publicados por la Aduana y por lo tanto son de conocimiento de todos los operadores de comercio exterior”.

“Cuando se registra una destinación de importación o exportación y la mercadería declarada se encuentra dentro de las establecidas por las citadas normas, el sistema establece una marca informática para su selección por parte de los equipos técnicos de valoración”, explicó el funcionario. A partir de allí, la Aduana envía un requerimiento al importador/exportador y se inicia un proceso de intercambio de información.

Concluido dicho proceso y tras un análisis técnico por equipos especializados en cada mercadería, prosiguió Guillermo Michel, si la Aduana concluye que las dudas sobre los valores declarados no fueron justificadas, emite un informe con los motivos por los cuales descarta el valor declarado y formula un “Cargo de Valor”. Además, si durante el proceso se detecta algún tipo de falsedad en la declaración o una maniobra fraudulenta, como la presentación de documentación apócrifa, se hace la denuncia por infracción o penal, “según corresponda”.

El director de la Aduana agregó que los VC y VR no son las únicas herramientas usadas para seleccionar operaciones a fiscalizar. La brecha cambiaria y la realidad económica del país, reconoció, implican adoptar otras medidas en la selección de casos, por lo cual se empezó a aplicar “de manera sostenida”, un “Análisis Inteligente de Riesgo” en base a una “Matriz de Riesgo” en línea con las recomendaciones de la OMA (Organización Mundial de Aduanas) y una resolución de la AFIP en el marcos de directivas del Mercosur.

Fue por eso que en la segunda mitad de 2022 “se implementó una estrategia de fiscalización sistémica sobre operaciones con riesgo de Sobrefacturación en importaciones y Subfacturación en exportaciones”, fundamentó el funcionario, lo que le permitió a la Aduana “ser más certera en la detección de casos a fiscalizar” y derivó en un aumento de los casos “con novedad estadística e investigaciones para detectar triangulación nociva (con terceros vinculados), ventas sucesivas fraudulentas (transferencias de cautelares) y empleo de ingeniería tarifaria para evitar el pago de tributos (oleínas)”.

Los resultados del Control a Posteriori (CAP) en 2022 llevaron a más de 47.000 “acciones de fiscalización”, con aplicación de cargos suplementarios como denuncias contenciosas y penales.

El 80% de las acciones correspondieron a importaciones por un monto equivalente a USD 524 millones y el 20% restante a exportaciones por USD 626 millones. Los rubros más significativos fueron minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios, agroquímicos, entre otros, precisó el titular de Aduana, quien suministró sendos cuadros sobre las acciones de “fiscalización del Valor en Aduana” y “de Valoración” (sobre y subfacturación) en operaciones de comercio exterior”.

En el primer cuadro puede observarse que las denuncias contenciosas y penales representan el 16% de las acciones y el 96% de los montos liquidados por tributos y multas. Y en la segunda mitad de 2022 el fortísimo aumento de acciones de fiscalización y montos en concepto de Cargos y denuncias por infracción y penales. Las acciones fiscalizadoras con cargos o denuncias aumentaron así 135% y los montos por tributos y multas el 667% citado por el informe de PwC.

Las denuncias por infracción o penales y los cargos y multas, dijo Michel, se explican por mayor fiscalización mediante “herramientas de Análisis Inteligente de Riesgo” más allá de la aplicación de Valores Criterio o Referenciales. “Son casos en los que el valor declarado se encuentra alejado de toda razonabilidad, donde se dá lo que los técnicos definen como una irrealidad económica, en los que el declarante no puede explicar ni justificar adecuadamente ante el servicio aduanero las razones de índole comercial que amparan el precio documentado, ni aportar pruebas que permitan despejar las dudas sobre lo declarado”, subrayó el funcionario.

El activismo de la actual gestión aduanera no puede confrontarse con los ejercicios previos a 2022, porque los registros no estaban sistematizados.

Un reciente caso, de alto perfil, es la multa de USD 20 millones aplicada por la Aduana a Prometeon (una empresa del grupo chino Chemchina, también dueña de Pirelli) por “inflar” importaciones, que la compañía apelará porque –aseguró- la operación “cumple con las normas locales e internacionales”.

Más allá del “ánimo recaudador” que denuncia el informe de PwC, lo cierto es que la Aduana exhibe una notable serie de detección de irregularidades y abiertos delitos aduaneros.

Los más recientes van desde tráfico de cocaína mediante el supuesto envío de piononos, ocultamiento de drogas en un calefón y envío de casi 4.000 atados de cigarrillos ocultos en “pufs” de madera acolchada, en los 3 casos hacia Australia, destino marcado en los perfiles de riesgo, por los altísimos márgenes de cotización entre el mercado argentino y el del país oceánico, hasta la importación ilegal de 100 pares de zapatillas que un viajero pretendió ingresar como equipaje personal o, en las últimas horas, fraude en la importación de máquinas tragamonedas, con una sobrefacturación del 80% en el valor y falsedad en la cantidad de unidades declaradas.

La Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) publicará hacia marzo una evaluación sobre el funcionamiento del SIRA y de las acciones aduaneras.

Una fuente vinculada al sector dijo, off the record, que el control de importaciones es clave para el buen funcionamiento del sector, mediante la desactivación de maniobras y operadores fraudulentos y reconoció que Michel, el actual director de Aduanas, “tiene mucha gestión”. No obstante, la misma fuente apuntó un uso excesivo del “canal rojo” y “costos asociados” que encarecen excesivamente la operatoria. A nivel mundial, precisó, el “canal rojo” se aplica a entre 7 y 8% de las operaciones, pero en la Argentina actual la proporción es de “veintilargo” por ciento.

“Es cierto que están encontrando y desactivando muchas truchadas, pero para quienes realizan operaciones de importación honestas el exceso de “canal rojo” implica verificación física de cada contenedor y tiempos de gestión muy prolongados. Cuando uno demora 15 o más días para pasar la inspección física, llevarse la mercadería y devolver el contenedor vacío, los únicos que ganan con el mayor costo son los concesionarios de las terminales portuarias, que son empresas multinacionales. Son todos en dólares y se van afuera”, concluyó la fuente.

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