Deuda con el FMI: pagos, sobretasas y saldos, cómo cambió la relación con la Argentina y la hoja de ruta

El 2023 será el año que aparece como el más exigente para la Argentina en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en marzo 2022 por la magnitud de las metas de déficit fiscal, reservas y emisión monetaria que prevé el programa para este año electoral, y porque además comenzará a reducirse, en términos reales, el saldo de deuda con el organismo.

De ahí que saldrán de las reservas del Banco Central más divisas hacia Washington que las que ingresarán por la vía de los desembolsos. Y será una particularidad que llegará para quedarse, ya que, en lo sucesivo, la próxima década de relación con el Fondo Monetario requerirá la cancelación paulatina del EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas), que a su vez tiene la función de cubrir los pagos del programa original que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Eso sucede porque, en términos prácticos, al no existir la posibilidad de reestructurar plazos, pagos o negociar quitas del Stand By de 2018, por USD 57.100 millones en total, de los que terminaron por ingresar poco más de USD 44.000 millones, la opción que encontraron entre Buenos Aires y Washington fue acordar la puesta en marcha de un Extended Fund Facility, que requiere otro tipo de compromisos de política económica, además de las metas cuantitativas.

El nuevo EFF lo que hizo fue crear un marco de desembolsos trimestrales para que el Gobierno argentino pueda cumplir con el apretado cronograma de devoluciones que exigía el Stand By Agreement de 2018. La lógica fue, entonces, que los desembolsos trimestrales como el que llegará en marzo próximo le sirvan al Poder Ejecutivo Nacional para cancelar la hoja de ruta de vencimientos original, sin cambios.

Una vez que termine esa etapa, llegará la de cancelar la deuda propiamente dicha, ya que el saldo seguirá siendo igual de oneroso cuando el gobierno termine de cubrir los vencimientos del SBA. Será el turno entonces de pagar el Extended Fund Facility con un plazo desde 2026 a 2032. En ese tiempo ya no habrá desembolsos, sino que será un repago total con dólares de caja en el BCRA.

Según la base de datos hasta 2032 incluida en el último informe del Fondo Monetario Internacional, desde que se terminen los desembolsos y se inicie la devolución propiamente dicha del préstamo ante el organismo, el Estado argentino deberá repagar unos 40.800 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen -al tipo de cambio actual entre los DEG y el dólar estadounidense- a más de USD 54.800 millones.

Hay una diferencia crucial que explica por qué habiendo recibido un préstamo que rondó los USD 45.000 millones el repago termina por ser casi USD 10.000 millones más alto, más allá de diferencias de tipo de cambio entre los DEG y el dólar que pueda haber. Se trata de un debate que la Argentina intentó instalar en distintos momentos de la rediscusión con el Fondo Monetario en los últimos tres años, pero que no llegó a puerto: se trata del esquema de sobrecargos de interés por exceso de la cuota en el organismo.

A grandes rasgos, hay dos tipos de tasas que influyen en el saldo pendiente con el FMI: uno de 200 puntos básicos (2% anual) porque el crédito tomado por Argentina superó 187,5% del monto de la cuota que posee el país como miembro del organismo -fue incluso cercano a 1.200%-, y otro 1% anual por tener acceso a ese nivel de préstamo excepcional por un lapso mayor a 36 meses.

La acumulación de estos sobrecargos terminan por tener un peso específico considerable en la hoja de ruta financiera del acuerdo. Según los datos provistos por el Fondo Monetario, de esos USD 54.800 millones a devolver entre 2025 y 2032, unos USD 8.700 millones corresponden al item considerado “cargos”. Dentro de ese rubro, los sobrecargos representarán poco más de USD 5.000 millones.

El 2023 será un año particular para el acuerdo con el Fondo Monetario en términos del flujo de ingresos y salidas de divisas. Así como el 2022 implicó desembolsos superiores a los pagos a lo largo del año, lo que implicó un financiamiento neto, ahora ese diferencial será negativo, en unos USD 3.400 millones, según estimaciones de la consultora Equilibra. En total, quitando esos ingresos que compensan la mayor parte, serán unos USD 20.800 millones.

Un dato pone en su justa medida lo exigente de la hoja de ruta de devolución del préstamo con el FMI este año: esos USD 20.800 millones representan un 45% de las reservas brutas del Banco Central, según el método de cálculo que hizo el propio organismo. También será equivalente al 3,3% del PBI y al 21% de las exportaciones de bienes y servicios de todo el año. En 2024, el próximo gobierno deberá repagarle al Fondo el equivalente al 15% del nivel actual de reservas, esto es 1,2% del PBI y al 7,5% de las ventas externas del ejercicio.

El Gobierno cerró en la última semana el primer contacto técnico presencial con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en el inicio del segundo año de vigencia del programa Extended Fund Facility que arrancó en marzo pasado. Es la cuarta de las diez revisiones trimestrales que se esperan y que incluyen también sus desembolsos desde Washington.

El sistema de metas anuales de 2023 prevé que el déficit fiscal primario pase desde 2,4% del PBI hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI.

Sobre este último punto, los primeros tres meses del año tendrán como techo para la financiación del déficit unos $139.000 millones, cerca de un sexto del tope nominal de todo el año, que es de $883.000 millones. También deberá acumular USD 550 millones en las reservas del BCRA y un límite de rojo fiscal primario de $441.000 millones.

También apareció en la mesa de negociación una cuestión que retomó el ministro de Economía, Sergio Massa: el costo que tuvo para las cuentas públicas la invasión de Rusia a Ucrania y de qué manera impactó en el desarrollo del acuerdo con el FMI.

Para el equipo económico el conflicto bélico impactó de manera negativa en la balanza comercial por unos USD 4.940 millones, por la combinación de mayores precios internacionales de la energía (importada) y una compensación insuficiente de la suba en alimentos (exportados).

Economía proyectó además que hubo un impacto fiscal negativo que estuvo relacionado con un incremento forzado en la cuenta de subsidios a la energía de $587.000 millones.

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