En las próximas horas terminará la primera visita técnica presencial del Fondo Monetario Internacional, que aceleró la cuarta revisión de metas del programa vigente y que tiene en la hoja de ruta próxima un nuevo encuentro. Esta vez, será a través de un viaje de funcionarios del equipo económico a Washington, para concluir la discusión y allanar el camino al desembolso de USD 5.400 millones a fines de marzo.
Este jueves el reducido grupo de técnicos del FMI que arribó a Buenos Aires el lunes continuó con reuniones con funcionarios del equipo de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. Algunos de los números fiscales principales que tiene en su despacho el secretario de Hacienda Raúl Rigo estuvieron en la mira. El Ministerio de Economía aseguró que sobrecumplió con la meta de reducción del déficit el año pasado, empujado por la aceleración de ingresos al fisco por el dólar soja, entre otros motivos.
Para este año, el Gobierno deberá recortar el déficit fiscal primario desde 2,4% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI. Sobre este último punto, los primeros tres meses del año tendrán como techo para la financiación del déficit unos $139.000 millones, cerca de un sexto del tope nominal de todo el año, que es de $883.000 millones.
De acuerdo a las estimaciones del organismo, las principales herramientas para el cumplimiento del objetivo de 1,9% de déficit serán la reducción del gasto social, que representarían 0,8 puntos porcentuales y una poda adicional a los subsidios energéticos, por un monto que equivalga a otros 0,6 puntos porcentuales.
Los números fiscales que mira el Fondo Monetario no terminan solo en el mayor o menor nivel de déficit primario que acumule la administración nacional sino también el ritmo de pagos que hace el sector público, lo que se refleja en el stock de deuda flotante o pagos atrasados.
No solo es mirado por los técnicos del FMI sino que además está incluido dentro del sistema trimestral de metas. Para el 2022 el programa vigente prevé que los pagos demorados no podrían superar los $654.000 millones, lo que equivale a un 0,8% del Producto Bruto.
El dato del cierre del 2022 de deuda flotante, de acuerdo a la base de datos de la Tesorería General de la Nación (TGN) fue de 1,1 billones de pesos (1,3% del PBI), un aumento superior al 80% respecto a los $602.000 millones que había registrado noviembre. Una suba en el stock de atrasos de pagos no es extraño a fin de cada año, aunque en 2021 había tenido una suba pronunciadamente menor.
Desde el equipo económico aseguraron ante la consulta de Infobae que “hacia los últimos días del semestre se devengan gastos que siempre suelen pagarse los primeros días del mes siguiente”. “Generalmente esto ocurre con gastos relacionados a jubilaciones, transferencias para programas sociales y salarios, que hacia el cierre de cada semestre poseen aguinaldo, bonos, etcétera. Esto produce entonces que la deuda flotante crezca al cierre del año y que luego baje fuerte durante el mes de enero”, mencionaron.
En el Palacio de Hacienda aseveran, además, que a pesar del salto de diciembre, la meta anual de stock de deuda flotante no correrá peligro. Eso se explicaría porque el número de 1,1 billones de pesos que relevó la TGN contempla toda la administración nacional, y el tope del programa actúa solo sobre el Tesoro. Además, la métrica que considera el FMI consta de un número promedio de los últimos tres meses, no solo de la cifra final del año.
Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no.
Según la definición de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.
Con todo, la semana de reuniones presenciales habrá versado, además de las metas de fin de 2022, que son las que habilitarán el desembolso de USD 5.400 millones en marzo, sobre las primeras semanas de gestión este año, con algunas de las medidas clave que tomó o analiza el Gobierno, como la recompra de deuda en dólares o la idea de un préstamo Repo de entidades financieras extranjeras.
El costo que tuvo para las cuentas públicas la guerra en Ucrania y de qué manera impactó en el desarrollo del acuerdo con el FMI también estuvieron en la conversación. Para el equipo económico la guerra en Ucrania impactó de manera negativa en la balanza comercial por unos USD 4.940 millones junto a un impacto fiscal como consecuencia del conflicto bélico, que estuvo relacionado a un incremento forzado en la cuenta de subsidios por $587.000 millones.
Desde el Fondo Monetario Internacional aseguraron a Infobae que “el trabajo y la comunicación entre el equipo técnico del FMI y las autoridades, continua con fluidez en todos los temas e iniciativas relevantes”.
En ese sentido, afirmaron que “en línea con revisiones anteriores, las discusiones técnicas sobre la cuarta revisión del programa han comenzado en un formato híbrido. Un pequeño equipo técnico del FMI visita Buenos Aires esta semana para continuar con estas discusiones, y esto será seguido por una visita de las autoridades a Washington, D.C. hacia fines de mes para finalizar el trabajo técnico”.
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