El Gobierno aseguró que la demora en la puesta en marcha completa de la segmentación de tarifas de energía eléctrica no pondrá en riesgo la meta de recorte del gasto en subsidios a la que se comprometió en el programa con el Fondo Monetario Internacional y que implica una poda de medio punto del PBI, es decir unos $350.000 millones a lo largo del año.
La Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón anunció este lunes que postergará la última parte de la segmentación de subsidios a las tarifas de luz porque buscará una ventana de tiempo para identificar cuántos de los 5,3 millones de usuarios que aparecen en la base de datos como categorizados en el segmento N1 -es decir lo que dejarán de contar con cualquier tipo de subvención- son en realidad hogares con personas que, por distintas razones, no realizaron el trámite.
El riesgo que percibían en Energía es que un grupo relevante de ese universo -que podría ser superior a los 750.000 usuarios- pudiera recibir, de haber avanzado de acuerdo al cronograma planeado con la eliminación completa de subsidios de luz, un aumento que no puedan pagar por tratarse de hogares a los que por nivel de ingreso les hubiese correspondido ser subsidiados.
Por eso, el equipo económico prefirió aplazar la tercera etapa de la quita de subvenciones a la energía eléctrica y ganar tiempo. Claro que una demora en la implementación del esquema completo debería, en ese plano, ser un elemento de presión a la meta de reducción de subsidios prevista: el sistema comenzaría más tarde de lo previsto y redundaría así en un ahorro menor a lo largo del año.
Royón salió a asegurar que la medida anunciada este lunes no debería tener ese efecto y sostuvo la meta de recorte y de tope al gasto presupuestario en subsidios energéticos, que este año está previsto en 2023. Esto representaría un ajuste de medio punto del PBI en relación al 2,1% del Producto con el que habría terminado el 2022, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario. En términos nominales, así, implicaría una poda de $350.000 millones. La cuenta se estira a 0,6% del PBI si se agregan los subsidios al agua y al transporte.
La cuestión del peso de los subsidios en el presupuesto tiene una sensibilidad especial en el programa con el Fondo Monetario. El organismo repitió en distintas ocasiones la relevancia de que el Gobierno pueda avanzar en la segmentación completa de subvenciones para descomprimir uno de los items del gasto que presionan a las cuentas públicas.
“Se han dado los primeros pasos para implementar el esquema de segmentación de subsidios de energía, que impulsará la reducción del gasto en subsidios en 2023. Los usuarios residenciales de altos ingresos (que representan alrededor del 25 por ciento de todos los usuarios residenciales) y los usuarios comerciales ya han experimentado una reducción acumulada del 60 por ciento en sus subsidios de luz y gas durante octubre y noviembre”, recopiló el organismo en su último informe de staff.
“Para los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos subsidiados, las tarifas de energía se incrementarán, a partir de febrero de 2023, en un 80 por ciento y un 40 por ciento del crecimiento del salario nominal (proyectado en alrededor del 100 por ciento), respectivamente”, mencionó. Este es el paso que, anunció Royón, se postergará hasta abril.
“En conjunto, se prevé que estos esfuerzos reduzcan los subsidios a la energía en alrededor del 0,5% del PBI y, según las estimaciones del personal, aumenten los niveles de recuperación de costos de alrededor del 30% en septiembre de 2022 a alrededor del 60% para fines de 2023″, continuó el staff técnico del organismo.
La cantidad de usuarios residenciales de energía eléctrica inscriptos en el RASE (registro para mantener los subsidios) hasta diciembre de 2022 fue de 15,8 millones. De ese total, 5,3 correspondieron a los usuarios de mayores ingresos y los todavía no inscriptos; más de 7,7 millones a usuarios de ingresos bajos y 2,8 millones a usuarios de ingresos medios. Para el caso del gas, esas cifras fueron de 3,4 millones, 3,4 millones también para el secto de menores ingresos y 2,3 millones para segmento medio.
Tal como informó Infobae, desde que Energía abrió el registro de inscripción para mantener los subsidios a los servicios públicos, más de 450 mil personas decidieron darse de baja del sistema luego de haber solicitado sostener la asistencia del Estado en el precio de las boletas de gas y luz. La persistencia en ese registro fue desde septiembre uno de los causales para tener prohibida la compra de dólares en el mercado oficial o en el paralelo a través del dólar Bolsa.
Hubo un pico muy claro de solicitudes en agosto, cuando trascendió que el Banco Central prohibiría a los usuarios que mantengan los subsidios acceder al dólar a tipo de cambio oficial o al dólar Bolsa, una medida que terminó de cristalizar en septiembre.
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