Economía rechazará pedidos de aumentos de entre 200 y 300% de las distribuidoras eléctricas

En base a análisis técnicos de las proyecciones económico-financieras para 2022 y este año que presentaron las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur en la Audiencia Pública de adecuación de tarifas del 30 de noviembre pasado, el Gobierno rechazará los pedidos de aumentos presentados entonces por Edenor y Edesur.

Esos pedidos, recordaron fuentes oficiales fueron de hasta 295% en el caso de Edenor y hasta 224% en el de Edesur.

Un memo de la cartera económica refleja que en los últimos 4 años Edenor recibió aumentos del 31% que en comparación a otros costos y aumentos “refleja claramente el retraso en la actualización de los ingresos durante los últimos cuatro años”.

Toda esa situación, observó la empresa en la audiencia, se dio a pesar de que la política anunciada por el gobierno de que las tarifas debían ir por debajo de los salarios permitiría ajustar los ingresos de Edenor hasta un 300 por ciento. De resultas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debería suministrarle $205.760 millones para cubrir el déficit del año 2023, de modo de que Edenor pudiera “continuar con la mejora en el servicio”.

Ahora bien, dice el gobierno, traducir esa necesidad de fondos a las tarifas implicaría aumentarlas 290% en algunos segmentos de usuarios residenciales.

En la audiencia de noviembre, Edesur, por su parte, recalcó solo estaba en juego el impacto de la inflación en su remuneración, no una revisión tarifaria definitiva, y que los ingresos deben alcanzar para cubrir los costos operativos de capital e impuestos, por lo que menores subsidios energéticos permiten ordenar las cuentas fiscales y colaborar con la estabilidad macro a mediano y largo plazo. Claro que eso implica, en el caso de la compañía, que la italiana Enel puso a la venta, un aumento de hasta 224% para algunos usuarios residenciales.

Los flujos de fondos presentados por las empresas anticipaban para 2023 un “déficit al cierre” de $103.816 millones a partir de una recaudación neta de $174.095 millones que luego de compras de energía a Cammesa (la administradora mixta del sistema de electricidad mayorista) por $121.282 millones dejaba un margen bruto de $52.813 millones, del cual se iban restando costos operativos y de capital, sueldos, impuestos que la dejarían con un rojo de más de $96.000 millones, elevado a los $103.816 de “déficit al cierre” al sumar la “caja técnica” para responder a situaciones imprevistas.

Según el gobierno, Edesur se olvidó de incluir la caja esperada de inicio de año ni incluyó las erogaciones para la puesta en servicio de una nueva subestación y vínculos asociados, una inversión importante, pero plurianual.

En el caso de Edenor, la previsión incluye cifras más elevadas: $244.014 millones de “recaudación neta”, $177.046 millones de compras a Cammesa, un margen bruto de $67.251 millones, del que se restan fuertes costos operativos y de capital, sueldos e impuestos para llegar a un flujo negativo de $130.744 millones que sumado a una “utilidad requerida” de $75.015 millones llega a los ya citados $205.759 millones de “déficit de cierre”.

Según la evaluación técnica oficial, Edenor también olvidó incluir la caja esperada de inicio del 2023 y la “caja técnica” al cierre.

Desde agosto de 2019, en virtud del “Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios” firmado con el Estado Nacional, las tarifas y el Valor Agregado de Distribución (VAD) de ambas compañías se mantuvo congelado, hasta el 1 de mayo de 2021, cuando se aprobó un aumento del 9% en el cuadro tarifario de Edesur que se tradujo en un incremento de su margen o eslabón en la cadena eléctrica (técnicamente, Valor Agregado de Distribución, VAD) de casi 22 por ciento. El VAD volvió a ajustarse en marzo de 2022.

Las empresas alegan que desde Abril 2021 se retomaron los ajustes de tarifas, pero solo como traslado de las programaciones estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista, la eliminación de los subsidios a los grandes usuarios y los ajustes de las empresas de Transporte, mientras desde agosto de 2019 a diciembre pasado la inflación minorista, medida por el Indec, fue del 373 por ciento.

El gobierno, sin embargo, opone a esos análisis que en caso de responder a los argumentos de las distribuidores las tarifas eléctricas habrían aumentado más del 900%, contra el 134% que acumularon desde 2017. Las porciones celeste y azul del gráfico de arriba describen la trayectoria que habrían tenido las tarifas en caso de ajustes mensuales o semestrales.

La decisión, anticiparon fuentes de Economía, es que los pedidos de las distribuidoras son excesivos y que no habrá nuevos aumentos.

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