Si durante 2022, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y luego su sucesor (tras la breve presencia de Silvina Batakis), Sergio Massa, tuvieron que apelar a medidas drásticas y a todo su ingenio para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario en marzo, en 2023 ese desafío será mayúsculo.
Está claro para los analistas y consultores del mercado que los recursos disponibles serán mucho más escasos, tanto para el Banco Central como para el Tesoro; las necesidades de un año electoral suelen disparar “urgencias” de gasto y el desempeño económico -a la luz de los últimos datos del Indec que indican un progresivo enfriamiento de la actividad-, no acompañará.
Sobre ese escenario trabaja el equipo económico, enmarcado en un nivel de inflación que se resiste a ceder por debajo de 5% y que, ante la pérdida de poder adquisitivo, empieza a aplastar el consumo. Para atacar todos esos frentes en simultáneo, el clásico menú de medidas ortodoxas de reducción del gasto, suba de tasas de interés y refuerzos impositivos, como anticipos de Ganancias, volverá a ser combinado con medidas “heterodoxas” o de excepción, tal como ocurrió en 2022.
La vigencia y lanzamiento de nuevos programas de crédito puntuales a tasas subsidiadas para compra de determinados bienes, como celulares o electrodomésticos, pero también otros rubros, para sostener la demanda convivirá, anticipan en el Gobierno, con recortes de gastos en algunas áreas cuya concreción probablemente sea más difícil de lograr que el año previo.
En cualquier caso, la primera medida excepcional que promete polémica en un año en el que la retórica electoral se inflamará con el correr de los meses, se definirá hacia fines del primer trimestre. Para esa fecha llegará la temporada de liquidación de divisas del sector agropecuario y será imprescindible disuadir a los productores de vender sus granos.
Se da por descontado, dentro y fuera del Gobierno, que se recurrirá a una nueva edición de “dólar soja”, justificada discursivamente en la sequía que hizo estragos en los rendimientos del campo. El nivel de tipo de cambio y el timing preciso de su implementación son detalles por ahora abiertos. “Lo más probable es que el precio se ajuste por inflación, como se hizo la última vez. La sequía nos da argumentos más que suficientes para tomar la medida y el momento de hacerlo se definirá en función de cómo se vaya dando el ingreso de dólares”, anticipó una alta fuente del equipo económico.
Los cálculos oficiales, más optimistas que los privados, muestran que el mercado cambiario sufrirá un recorte en la oferta de divisas de unos USD 6.000 millones por la menor cosecha, lo que también tendrá impacto en las cuentas fiscales. De ahí que una nueva versión de tipo de cambio diferencial para los exportadores sojeros ayudará también a tonificar, tal como lo hizo a fines del año pasado, los recursos fiscales.
Si bien el Fondo Monetario ya hizo varias advertencias respecto a los tipos de cambios diferenciales, en el equipo económico descartan que esos llamados de atención revistan alguna gravedad. Sin ir más lejos, el Gobierno acaba de sobrecumplir las metas fiscales del 2022 precisamente gracias a la aplicación de este mecanismo y le resulta inimaginable que el FMI haga alguna objeción al respecto.
Estimaciones de las consultoras
Según los cálculos de diversos analistas, entre ellos los de la consultora Ledesma o Portfolio Personal, sin la contabilización del aporte extra por retenciones que aportaron ambas ediciones de dólar soja, el déficit primario se habría ubicado en 3% del PBI o incluso por encima.
Aun así, desde la consultora Equilibra apuntaron que, más allá de estos recursos fuera del manual, “también hubo recortes de gastos. Todas las partidas crecieron hasta junio y pasaron a licuarse desde entonces (con la excepción de las transferencias a universidades y los gastos de capital). El gasto primario anual se redujo del 21,3% al 20,3% del PBI”.
Sin embargo, para este año la perspectiva es mucho más compleja: en 2023, la meta de déficit primario es de 1,9% del PBI. “Vemos difícil su cumplimiento. La sequía y el adelantamiento de la liquidación de exportaciones, junto con el estancamiento de la actividad económica, reducirían los ingresos fiscales; y los gastos treparían por los rezagos en la fórmula de movilidad y la implementación de medidas electorales”, advirtieron en Equilibra.
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