Tarifas de energía eléctrica: por qué Buenos Aires tiene los valores más bajos y cuánto se paga en el resto del país

El precio final de la factura de energía eléctrica que recibe un usuario de ingresos medios y bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede hasta triplicar al precio para un usuario de consumo similar en la provincia de Chubut. Estas diferencias de precios no son nuevas, pero se fueron agrandando desde hace varios años.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires el servicio de energía eléctrica tiene tarifas promedio de $1.700, mientras que las más caras del país se pagan en las provincias de Salta, Neuquén y Chubut, donde superan los $4.500 por mes.

Los datos corresponden a un informe de compañías del sector, a noviembre de 2022, que mide la tarifa promedio que pagan usuarios residenciales de los segmento de ingresos medios y bajos por un consumo de 250 KWh por mes. Además de la disparidad en los valores del servicio, se relevaron las diferencias en los impuestos en las diferentes jurisdicciones.

Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe la tarifa promedio para el segmento medio y bajo ronda los $4.500. Pero de ese total, $2.837 corresponde al servicio de energía eléctrica y los $1.667 restantes son impuestos, entre nacionales y locales.

Otro de los distritos donde los impuestos tienen un peso importante sobre el valor final de la factura es Entre Ríos: el cargo por el suministro es de $2.880 y por los tributos suman otros $1.816, un total de casi $4.700 mensuales.

Desde fines del 2022, cuando el Gobierno implementó la segmentación y la quita gradual de subsidios para los usuarios según sus ingresos, se advirtió que esa no era la causa de las diferencias entre los valores promedio que rigen en las distintas zonas del país.

El precio final de las facturas por el consumo de energía eléctrica incluye varios componentes: generación, transporte, distribución e impuestos nacionales y municipales.

El precio de la energía -el sector de generación y transporte- es igual para todos los usuarios del país y es el que recibe los subsidios. Pero las diferencias de precios se ubican en el segmento de la distribución de la energía y en los impuestos locales. Cada jurisdicción tiene su propio ente regulador encargado de autorizar aumentos en el valor agregado de la distribución (VAD) y definir los cuadros tarifarios.

En los últimos años, los porcentajes de aumentos y las frecuencias de las subas fueron más altas en el interior del país, definidas por los entes reguladores provinciales que actúan de forma independiente en cada jurisdicción. Mientras que el valor agregado de distribución estuvo prácticamente “planchado” para las distribuidoras que operan en el AMBA -Edenor y Edesur- que son las únicas que están bajo jurisdicción nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

“Todos pagamos más o menos lo mismo por el costo de energía, solo varía el costo de transporte pero muy levemente. Después tenemos distinto valor agregado de distribución (VAD) y a nivel provincial podemos tener distinta carga impositiva. Por esta razón, por ejemplo, una misma empresa tiene diferentes tarifas. El precio final de las facturas de Edenor y Edesur es menor en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. En provincia se pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales, mientras que en Capital Federal es un 15% menor porque hay impuestos nacionales y locales”, explicó Cecilia Laclau, presidente de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

Pero las diferencias en el valor de la distribución -fijado por cada provincia- y los impuestos locales no son los únicos motivos de las brechas de precios. “Hay empresas distribuidoras que actúan en lugares muy densamente poblados, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, por lo que pueden amortizar mejor sus inversiones, porque el volumen de venta es mayor. Hay otras que tienen tendidos mucho más extensos y menos densidad poblacional”, agregó Laclau.

“También está el caso de lugares turísticos fuertes, donde las empresas tienen que invertir mucho para afrontar un gran consumo en un lapso corto de tiempo, dos meses, por ejemplo, en la Costa, y después mantener un tendido que excede mucho la necesidad durante el año, por lo que manifiestan necesitar un VAD mayor”, precisó la presidente de Fundelec.

Según la especialista, durante mucho tiempo la discusión pasó por el tema de los subsidios. “La cuestión era si los usuarios del AMBA tenían que tener tarifas subsidiadas, a costo de impuestos que paga todo el país. Los subsidios los tenía todo el país, pero al ser más densamente poblado, el AMBA se beneficiaba más, pero ahora eso se sorteó con la quita del beneficio que hubo”, recordó Cecilia Laclau.

Las diferencias entre los valores de la distribución que se pagan en las distintas provincias no es algo que se pueda compensar o achicar en el corto plazo. “El ente regulador autoriza los aumentos y los cuadros tarifarios. De esta forma define cómo se cobra la energía que recibe el consumidor. Cuando se diseña el cuadro tarifario se decide un costo fijo, asimilable al VAD, y un costo variable por lo que se consume efectivamente de energía. Esas son atribuciones de las jurisdicciones”, resaltó Julián Rojo, director del departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.

“Las jurisdicciones otorgan aumentos independientemente de las otras. No necesariamente en le momento que cambian los cuadros en Córdoba cambian en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires se congeló el VAD, que es lo que cobran las distribuidoras por prestar el servicio, con lo cual hubo un efecto de baja en la tarifa final porque no hubo subas de ese componente, pero no del precio de la energía. En otras jurisdicciones, en cambio, fueron aumentando y actualizando los cuadros tarifarios de forma mucho más frecuente”, agregó Rojo.

Edenor y Edesur son las únicas empresas distribuidoras cuyos cuadros tarifarios dependen de jurisdicción nacional.

En la última audiencia sobre los futuros aumentos del valor agregado de distribución para las empresas que operan en el AMBA, Edenor y Edesur, una de las cuestiones que se puso en discusión es que las tarifas deben mantener un equilibrio entre los ingresos que requieren las compañías -que deben afrontar aumentos de salarios y de costos- y la capacidad de pago de los usuarios. “Si la gente no lo puede pagar tiene que haber tarifa social. Es un servicio público y la gente debe poder pagarlo. Si eso no ocurre, hay algo mal”, dijo Laclau.

Allí las empresas Edenor y Edesur manifestaron que los ingresos que reciben por las tarifas no les pemiten cubrir sus costos, que no distribuyen dividendos hace años y que los subsidios estatales solo llegan a las empresas distribuidoras. También hablaron sobre las diferencias de precios por regiones.

“Cuando hacemos una comparación de la tarifa que pagan los usuarios, el AMBA está muy por debajo de lo que abonan los usuarios en el resto del país; representa la mitad, en promedio. E incluso en algunas provincias se paga hasta tres veces más que lo pagan los clientes de Edenor”, resumió Federico Mendez, gerente de Planeamiento de la empresa distribuidora.

“Es muy importante resaltar que el precio de la generación es el mismo para todos los usuarios a lo largo y ancho del país. Estamos convencidos de que tenemos la oportunidad de corregir estos desajustes para equiparar nuestros ingresos con los percibidos por el resto de las distribuidoras en el país y también con el resto de los actores que forman parte del sistema eléctrico argentino”, concluyó.

Por el lado de Edesur, también plantearon el mismo reclamo. “Dentro de la Argentina, las tarifas eléctricas varían de forma significativa entre las distintas jurisdicciones, teniendo la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires las tarifas medias más bajas del país, siendo a su vez la zona que mayor nivel de producción e ingresos posee”, dijo Jorge Lemos, ejecutivo de la empresa.

“No existe justificación para dicho desbalance cuando la mayoría de nuestros usuarios -sean residenciales, comerciales, fábricas, industrias- no tienen problemas diferentes de los tienen sus pares de Mendoza, Chaco, Córdoba o Tucumán, por mencionar algunos lugares”, reflexionó Lemos.

El ejecutivo destacó que el 50% de los usuarios residenciales de Edesur, incluyendo los beneficiarios de tarifa social, abonan una factura final de menos de $1.800, incluidos los impuestos. A esto se suma un 18% de usuarios con tarifa social y unas 140.000 viviendas en barrios populares que no abonan el servicio.

Según los datos presentados por Edesur en la audiencia pública, mientas el precio medio de la energía que pagan los usuarios se incrementó casi 250% desde 2020, la inflación fue en ese período mayor al 300% y la variación de los salarios 290%. En cambio, el valor agregado de la distribución se incrementó en ese tiempo un 32 por ciento.

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