El Gobierno consiguió sobrecumplir la meta de recorte del déficit fiscal que tenía previsto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para eso acudió a un recorte de algunas partidas presupuestarias, que terminaron con una caída en comparación con el año anterior. Una de ellas fue la de inversión pública, que incluye obras de infraestructura, pero también otro tipo de proyectos, y que representó en 2022 el equivalente de 1,4% del PBI, casi la mitad en comparación con 2,4% del año anterior.
Para 2023, el Ministerio de Economía prevé un nivel casi estable del gasto de capital, se ubicaría en 1,6% del PBI, de acuerdo con lo que presupuestó y fue aprobado en el Congreso.
El 2022 fue un año en que el Poder Ejecutivo necesitó acelerar desde el segundo semestre un recorte de gastos -además de otras medidas de orden fiscal- para cortar con una inercia de expansión de las erogaciones durante el primer trimestre que había puesto en jaque el cumplimiento de la meta de déficit acordada con el FMI.
Así, mientras, la primera mitad del año terminó con un crecimiento en términos reales del gasto primario de 12,5% en comparación con igual tramo del año previo, en la segunda parte el efecto fue el contrario y terminó con un fuerte recorte de 19,5% real.
Pero también hubo una poda para la inversión pública medida en términos del PBI. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los datos de balance de 2022 remarcó que la ejecución presupuestaria final marcó una caída desde 2,4% del Producto hasta 1,4%, es decir un punto porcentual.
La definición de inversión pública hecha por la OPC consta de dos ítems: inversión real directa, que tuvo una caída de 9,9% en términos reales a lo largo de 2022 y transferencias de capital, que terminó con una poda de 46,6%. En ninguno de los dos casos llegaron al 90% de ejecución de las partidas establecidas en el Presupuesto.
“La inversión pública en 2022 exhibió una caída con relación al 2021 aunque se mantuvo en niveles superiores al trienio 2018-2020. En ese período la ejecución en inversión resultó decreciente, con un mínimo en 2020, afectado por la pandemia. En 2021 se logró una recuperación, sustentada en las transferencias de capital a empresas públicas y fondos fiduciarios, que no se mantuvo en 2022″, mencionó el análisis de los economistas de la OPC.
El informe de marras hizo un análisis por función de cada componente de la inversión pública, para tener un panorama de qué sectores sufrieron más la poda. El listado lo encabeza agua potable y alcantarillado, que cayó 54,7%, seguido de vivienda y urbanismo, con 54,5%, y energía, combustibles y minería 38,5%. “Ciencia y técnica y ecología fueron las únicas con incrementos interanuales”, remarcó la OPC.
También procesó esa información en una división por ministerios, y detectó que los números más críticos en la comparación interanual por la notable baja del gasto fueron los de Desarrollo Productivo, 76%; Mujeres, Géneros y Diversidad, 68%; Turismo y Deportes, 58,5%; y Desarrollo Territorial y Hábitat, 54,6%. La cartera con el mayor presupuesto en gastos de capital es Obras Públicas, que terminó el año con una ejecución de casi 94% y una disminución en términos reales 28,6% respecto del año anterior.
Desde la cartera que dirige Gabriel Katopodis aseguraron que sus números de ejecución de fondos terminaron cerca del 96% a 97% y que a lo largo de 2022 completaron unas 1.148 obras, unas 200 menos que el año anterior, cuando habían sido 1.346 proyectos finalizados.
En el Ministerio de Economía la proyección es que los gastos de capital deberían tener este año un nivel similar al que midieron para 2022, que fue de 1,5% del PBI. El presupuesto asigna 1,6 puntos del Producto para ese rubro.
“Para 2023, la inversión pública continuará su rol dinamizador del sistema económico impulsando el crecimiento y asegurando su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. A su vez, seguirá manteniendo su preponderancia en la mejora del contexto socioeconómico nacional y en la recuperación de la formación de capital”, mencionó el Palacio de Hacienda.
La cuestión de la inversión pública y cómo el Estado define qué proyectos llevar adelante también formó parte de la discusión técnica con el Fondo Monetario. En ese sentido, el pacto que se alcanzó con el organismo y que el Estado concretó en el Presupuesto 2023 fue una suerte de repriorización de proyectos con criterios renovados. “Se efectuaron una serie de mejoras orientadas a optimizar la formulación, priorización, selección, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión”, definió el Palacio de Hacienda durante la discusión presupuestaria.
5 postulados
En ese aspecto, estableció como criterios cinco elementos:
1. Los proyectos en evaluación incrementen las posibilidades de empleo;
2. Impulsen el desarrollo tecnológico;
3. Aumenten las exportaciones y/o reduzcan las importaciones:
4. Disminuyan las brechas de desarrollo regional; y
5. Ayuden a adaptar y/o mitigar el cambio climático.
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