Por estos días se agudizó el problema para alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Los inquilinos no paran de recibir malas noticias y hay inquietud en esta parte del sector de la vivienda. Se estima que quienes deban renovar el contrato en febrero o firmar un acuerdo tendrán que abonar un precio con un aumento de más del 85% interanual, según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.
Esta situación se complicó desde que entró en vigencia la polémica ley de alquileres sancionada en julio de 2020, que definió que los contratos deben durar tres años y estableció que durante ese período sobre el precio mensual sólo se realicen ajustes anuales con una fórmula que está conformada por partes iguales entre las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Los incrementos deben quedar en un punto intermedio entre lo que hayan avanzado la inflación general en el último año y los salarios de los trabajadores registrados en relación de dependencia.
La fórmula que ajusta alquileres está conformada por partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
Pero hay otro drama que se agigantó en las últimas semanas. Hasta diciembre habría unas 6.500 propiedades en alquiler y hoy la oferta se redujo a 5.300, un derrumbe histórico sin precedentes. Y de la cifra actual de viviendas para alquilar, el 65% se ofrecen en dólares o para locaciones temporarias.
Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó a Infobae que “el panorama no es bueno ya que sigue habiendo pocas viviendas para alquilar en todos los grandes centros urbanos del país y estamos encontrando casos de inquilinos que alquilan inmuebles destruidos y nos consultan sobre qué hacer”.
Gran parte de que la oferta se derrumbara con tanta fuerza es porque miles de propietarios desde que entró en vigencia la nueva ley retiraron los inmuebles y prefirieron ponerlos en venta o cederlos a un familiar o amigo para que los mantenga y pague los costos fijos.
Según Botana, en CABA históricamente había 75.000 inmuebles para la venta y ahora hay más de 156.000. “Eso marca como disminuyó drásticamente la oferta y lo difícil que es para la gente conseguir una vivienda para alquilar”, dijo el titular de la UAI.
Desidia política
Muchos argumentan que una de las causas de la problemática de acceder a un alquiler es porque la normativa que se sancionó en 2020 sólo trajo problemas para todos los sectores de la vivienda. Los principales perjudicados son los inquilinos y dueños de las unidades.
José Griselli, asesor en locaciones, dijo que “se llegó a esta situación por desidia de la clase política argentina y por culpa de representantes de todos los colores. Sea la ideología que sea, oficialismo y oposición. Por desconocimiento también y por ineficacia”.
En el Gran Buenos Aires y el resto del país el problema es mayor porque hay mayor informalidad.
“Por ahí en ciudades chicas a lo mejor hasta consigan alquilar de boca en boca. Pero los más complicados son los inquilinos que buscan en CABA o en las grandes ciudades de la provincia bonaerense y el interior donde se depende de plataformas web especializadas para conseguir una vivienda”, amplió Griselli.
Cómo bajar los precios
Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la mediana de los monoambientes ofertados en CABA es de $69.000; mientras que un 2 ambientes, hoy oscila en los $80.000, y un 3 ambientes (la típica vivienda para una familia con uno o dos hijos) se ubica en $120.000 mensuales.
Botana amplió que para que los aumentos no sean tan caros, sugiere que la en la fórmula de ajuste tenga más gravitación “el Ripte sobre el Índice de precios al consumidor (IPC) en la fórmula del ICL o volver al sistema de la ley anterior con aumentos semestrales (esto reclaman también los inmobiliarios con acuerdos pactados libremente entre propietarios e inquilinos).
Los aumentos deberían aplicarse de manera escalonada, y es algo que debe modificarse en la ley. Durante abril y mayo último el Congreso nacional no se puso de acuerdo en reformar la ley y todo quedó en la nada.
Sería ideal que se hagan correcciones y que las subas vuelvan a ser cada 6 meses, por lo cual no impactarían tanto en el bolsillo del inquilino y le otorgaría más previsibilidad al propietario”, amplió Griselli.
Otras voces más enérgicas afirman que falta que haya un límite en las viviendas vacías y el alquiler “temporario”.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 340.000 viviendas vacías y otras decenas de miles en alquiler temporario. Por eso seguimos juntando firmas para que se vote nuestro proyecto de Ley en la legislatura porteña y prohibir la vivienda vacía por más de 90 días (un proyecto de Ley busca que el Estado administre y alquile las propiedades que pasen más de 90 días vacías en la CABA). Haremos lo imposible para su aprobación”, dijo Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.
Qué falta para empujar la oferta
Muchos sostienen que se llegó a este derrumbe de oferta por falta de una política de vivienda integral desde hace décadas.
Muñoz comentó que “el panorama es del conflicto permanente con el mercado inmobiliario. El incumplimiento y las imposición de aumentos por encima del ICL, junto con contratos más cortos del plazo mínimo que fija la Ley de Alquileres son prácticas cotidianas de las inmobiliarias que hacen mucho más difícil conseguir una vivienda en condiciones legales y dignas”.
Hay mucho enojo por parte de las entidades que defienden los derechos de los inquilinos. Esgrimen que se llegó a esta situación por la impunidad que tienen las inmobiliarias y por la falta de control total por parte del Estado nacional.
Mientras tanto
Representantes de inquilinos informaron que la novedad es que muchos no consiguen alquilar en condiciones de habitabilidad y terminan haciéndolo en un inmueble destruido. Otros deciden alejarse más de los centros urbanos (sin que esto signifique una baja considerable de lo que va a pagar de alquiler).
Crecieron los contratos ilegales y vale recordad que toda prórroga tiene validez por 3 años.
Otros inquilinos resignan espacio y luego la zona, muchos se van a lugares menos privilegiados donde se alejan de sus trabajos. “Está pasando mucho. También hay gente que acepta prórrogas por fuera de la ley. Mi consejo es tratar de conseguir el mejor precio para quedarse en el lugar donde están residiendo, asegurando estabilidad”, concluyó Griselli.
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