La embestida del Gobierno a la Corte Suprema pegó de lleno en variables económicas que mostraban señales de recuperación

La Comisión de Juicio Político en Diputados tiene todo preparado para comenzar mañana el procedimiento parlamentario para el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Además de las fuertes derivas políticas e institucionales, el proceso tiene un considerable impacto en las expectativas económicas y en algunas variables macro que empezaban a dar signos de mejora, siempre en un contexto general muy endeble.

Todo comenzó en diciembre luego de que el máximo tribunal falló a favor de restituir fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández amenazó con no cumplir la orden, una decisión que tuvo una rápida marcha atrás. El Presidente propuso pagarle a CABA con bonos sin liquidez y días después, el 1 de enero, anunció el pedido de juicio al que luego se sumaron algunos gobernadores. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, fue uno de los principales impulsores del embate contra el alto tribunal. Al apoyo se sumaron otros 10 jefes provinciales.

La movida política que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner le pegó de lleno a la estrategia de recomposición económica que había encarado Sergio Massa, quien asumió como una suerte de mediador entre ambos y ahora asoma como el principal afectado por una medida que propios y extraños reconocen que tiene nulas posibilidades de prosperar en el Congreso. El silencio total sobre el tema de Massa, la tercera pata del Frente de Todos, quien se hizo cargo del Palacio de Hacienda hace menos de seis meses, parece avalar esa idea.

Quizás quienes mejor resumieron el efecto de la medida fueron los empresarios de la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA). En un muy breve comunicado, los dueños de las grandes empresas argentinas advirtieron que “iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la CSJN por no compartir el contenido de sus sentencias, altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo”.

Con la llegada de Massa hubo un evidente cambio de expectativas con una calma que se reflejó en cierta estabilidad del dólar y una incipiente baja de la inflación, con eje en un nuevo programa de control de precios –aún en marcha y que se intentará renovar en marzo– y el intento de fijar un sendero descendente de los precios para el 2023.

Pero ahora, las expectativas negativas que generó el pedido de juicio político alteraron ese clima y ya se reflejan en los mercados.

Así, los dólares financieros que estaban relativamente tranquilos a pesar del excedente de pesos y la liquidez del mercado, empezaron a repuntar y se recalentaron más allá de la estacionalidad de diciembre y enero.

El dólar libre gana 10% en lo que va de enero, el dólar MEP más del 7% y el contado con liquidación 5,1 por ciento. El dólar es siempre el mejor termómetro y el indicador más rápido a la hora de ver cómo la política mete la cola en la economía. El panorama, lejos de atenuarse, se complica cada vez más.

Así, Economía tuvo que agudizar la estrategia de intervenir en el mercado de bonos, pagar más tasa y estirar los plazos en los canjes de deuda, afectando otra vez las expectativas. En ese contexto, lo que pareció una incipiente recesión transitoria de septiembre y octubre, y que ayer el Indec confirmó que siguió en noviembre, lejos de disiparse tiende a incrementarse y deja un primer trimestre de 2023 con indicadores a la baja. Además, una sequía histórica que pegará en los dólares que ingresan al país y tampoco ayudó una semana en la que Fernández quedó en medio de acusaciones de defender a países dictatoriales como anfitrión de la cumbre de la CELAC.

De esa manera, los indicadores que tendían a estabilizarse recibieron otra vez el cachetazo del cambio de expectativas, se habla otra vez de recesión y los mercados se enfocan en el largo plazo, algo que se ve en el repunte de los ADR energéticos y la recuperación de bonos selectivos, con la consecuente baja del riesgo país.

“Otra vez se habla de inseguridad jurídica. ¿Se podrán mantener las inversiones? ¿Se llega a hacer el gasoducto para junio? Hay incertidumbre, mal humor en los empresarios y deterioro de las expectativas”, resumió un economista que pidió off the record.

La desconfianza se tradujo en mayor avidez por dolarizarse del mercado. ¿Eso forzó a Massa a lanzar la recompra de bonos? No pocos creen que sí.

“El arranque de año es negativo en materia monetaria. La embestida a la Corte lo único que hace es fortalecer las diferencias y paralizar los acuerdos económicos que necesita el Gobierno para finalizar su mandato”, aseguró Alfredo Romano, director de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Austral y presidente de Romano Group.

“Este ruido tiene una incidencia directa: impide que se genere ese puente tan necesario para que el ‘roleo’ de la deuda en pesos a corto plazo. El BCRA compra a diario títulos del Tesoro y se genera un roleo extra y ficticio, autogenerado por la liquidez del Central. A partir de mayo puede haber problemas”, agregó.

Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, define el contexto como un “llueve sobre mojado”.

“La situación era muy delicada, mejor a la que teníamos en julio/agosto, pero muy frágil. Esta medida de corte político que vamos a tener en los medios por varios días, con gente hablando mucho, lo que hace es seguir poniéndole dudas a la economía en un año de elecciones. El frente financiero es muy complicado y cualquier ingrediente negativo desde la política complejiza todo. Esto llega en medio de algunos signos de contracción como parte de la estrategia de Massa para controlar la inflación. Intentar ordenar los precios tiene su impacto, en verano con pocos dólares y con renovaciones grandes. La fragilidad es grande y este contexto político impacta más aún”, dijo Delgado.

Ruido político –simbólico en este caso, lo cual agrava la situación– otra vez impactando en las variables económicas. Como siempre en Argentina, el resultado es incierto, aunque ahora con una suerte de “error no forzado” por parte del Gobierno como condimento extra.

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