A 21 años del fin de la convertibilidad: por qué la salida fue tan caótica y qué chances hay de que resucite

El traumático final de la convertibilidad fija 1 a 1 entre el peso y el dólar, hace 21 años, todavía resuena en el debate académico, pero también en la sociedad, por la alta inflación registrada desde 2002, y el regreso a un rango cercano a los tres dígitos en la actualidad.

¿Cuáles fueron los efectos de aquella decisión de enero del 2002 y qué chances hay de resucitar ese régimen que logró la estabilidad de precios, luego de dos hiperinflaciones, y un fuerte crecimiento económico, con reformas estructurales, aunque sin solucionar importantes problemas sociales ni el déficit fiscal del país?

En principio, frente a una inflación del 48% acumulada en los 90, en 2002 con Eduardo Duhalde hubo un 40%, en la presidencia de Néstor Kirchner 66%, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner agregó 127% y en el segundo 177%; con Mauricio Macri llegó al 295% y con Alberto Fernández ya escaló al 300 por ciento.

El 4 de enero de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, redactó el acta de defunción de la estabilidad cambiaria al fijar un dólar oficial a $1,40 para el comercio exterior y una divisa con valor libre para el resto de las operaciones económicas. La decisión fue ratificada dos días después por el Congreso Nacional a través de la Ley de Emergencia Pública, pese a la oposición de los Kirchner, que querían mantener el sistema vigente en los 90. Por esta razón, entre otras, Néstor Kirchner no aceptó ser jefe de gabinete de Duhalde.

Remes Lenicov había discutido durante varios meses las alternativas para salir de la convertibilidad en la sede porteña del Banco Provincia con Jorge Todesca, último secretario de Comercio de la era Raúl Alfonsín, y Lisandro Barry, ex director de la entidad bonaerense, que se convertirían en secretario de Política Económica y secretario de Finanzas, respectivamente.

A regañadientes, el santafecino Oscar Lamberto debió abandonar su banca en el Senado por unos meses para sumarse como secretario de Hacienda.

Los economistas habían concluido que era imposible avanzar hacia una flotación cambiaría en forma inmediata, ya que el dólar se dispararía a niveles peligrosos y encendería por tercera vez en la historia argentina la mecha de la hiperinflación.

Tras festejar el fin de año en su Chile natal, el auditor del FMI para la Argentina, Tomás Reichmann, viajó de incógnito a Buenos Aires y permaneció durante 48 horas con el inglés John Thornton para formularle tres pedidos al nuevo gabinete económico: un tipo de cambio único y flotante, una agresiva baja del déficit provincial y, sobre todo, un cambio de estilo en las negociaciones respecto de la segunda gestión ministerial de Domingo Cavallo. “Ustedes no nos extorsionen, por favor”, rogó el encargado del caso argentino.

El FMI desconfiaba de un frágil escenario que combinaba dos dólares en simultáneo, un peso devaluado y unos $5.000 millones emitidos a través de una decena de bonos públicos provinciales, sumado a un Banco Central débil y a un mercado obsesionado con un tipo de cambio más alto luego de 10 años de mantenerse quieto a la fuerza.

Los flamantes funcionarios reiteraron que no estaban dispuestos a asumir los costos de un overshooting -suponía que el tipo de cambio superara su valor de equilibrio o “siguiera de largo”-, pero se comprometieron a eliminar el piso de las transferencias a las provincias y a negociar con muy buenos modales.

Luego de plantear el esquema cambiarlo, el Palacio de Hacienda avanzó hacia la definición más polémica de su gestión: la pesificación asimétrica, que generó una fuerte licuación de los pasivos en dólares y un descalce brutal en el balance de los bancos, ya que el gobierno pretendía devolver los depósitos “en dólares” y mantener los créditos “en pesos”, aunque la fórmula fuera inviable en términos económicos.

En su discurso inaugural del 1 de enero Duhalde ratificó el default y prometió que los ahorros atrapados se devolverían en su moneda original.

Pero los bancos no estaban en condiciones de afrontar la devolución de USD 50.000 millones en depósitos, ni tampoco los $20.000 millones colocados en moneda nacional. Simplemente, el dinero no estaba, por los préstamos otorgados, el dinero fugado y porque, como repetían a coro los ejecutivos del sector, ningún sistema financiero es capaz de enfrentar un reclamo masivo y simultáneo de todos sus depositantes.

Corralito y corralón

Más aún, el 10 de enero al “corralito” se le sumó el “corralón”, que consistió en inmovilizar al menos por un año todos los depósitos en dólares colocados en plazos fijos.

A cambio de aceptar la pesificación, los bancos le reclamaron a la conducción del Palacio de Hacienda una serie de compensaciones económicas por la pesificación, la indexación asimétrica y los amparos promovidos por los ahorristas afectados por el “corralito”, que se transformarían en una fuente de alta tensión durante toda la gestión interina de Duhalde. Además, las entidades financieras pidieron que el gobierno revisara los cambios introducidos a principios de enero en la Ley de Quiebras -que sus-pendían las ejecuciones por un plazo e impedían que un acreedor se hiciera cargo de una empresa quebrada- y derogara la Ley de Subversión Económica, una norma poco precisa y demasiado ambiciosa que fue utilizada por algunos jueces para comenzar una cacería sobre algunos banqueros.

La subdirectora del Fondo, Anne Krueger, se encargó de transmitir el malestar del FMI respecto de estas dos leyes cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo y, a mediados de mayo, cuando Remes ya no estaba más en su cargo, logró una victoria parcial ya que el Congreso derogó la Ley de Subversión Económica en una ajustada votación y volvió a modificar la Ley de Quiebras, aunque luego los legisladores volverían a prorrogar una y otra vez la suspensión de los remates.

Durante los cuatro meses de su gestión, Remes Lenicov y sus colaboradores recibieron múltiples cuestionamientos del FMI por la falta de convicción del gobierno para pulverizar estas dos normas legales. El subsecretario del Tesoro, John Taylor, también se hizo eco del reclamo de los bancos en una reunión que mantuvo con el equipo económico durante la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrollada a principios de marzo de 2002 en Fortaleza, Brasil.

A pesar del cansancio que arrastraba por un viaje que lo había llevado antes por Qatar y Arabia Saudí, Taylor detalló en la calurosa ciudad brasileña los requisitos necesarios para arribar a un acuerdo con el Fondo que cada vez se demoraba más, a pesar de las continuas expresiones optimistas de los funcionarios argentinos.

Con la deuda pública en USD 112.616 millones a fines del primer trimestre del año -exhibió una baja respecto de la cifra registrada a fines de 2001, como consecuencia de la pesificación de los préstamos de la “fase uno” del canje de títulos públicos-, Barry le planteó el esquema de renegociación de la deuda que estaba en default, que consistía en pedir una quita del 70% a los acreedores privados a cambio de asegurar un superávit del 5% anual.

El funcionario que secundaba a Paul O’Neill en el Tesoro sonrió sin prestar demasiada atención a los detalles, se dio media vuelta y los dejó sin respuestas. La Argentina no conseguiría el apoyo del FMI hasta fines de ese año y luego firmaría un programa de dos años en septiembre de 2003 bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

La herencia y el futuro

Un grupo de expertos, entre ellos uno de los “arquitectos” de la convertibilidad, Horacio Liendo, respondió en diálogo con Infobae cuáles fueron los perjuicios de abandonar la convertibilidad y qué chances hay de reinstaurarla.

Diego Giacomini expresó que “el sistema monetario está condenado a la crisis por repetición. El Banco Central de 1935 acumuló 500% de inflación entre el 40 y 50, y tardó cinco décadas en llegar a una hiper; con este banco central del 2002 es posible que se llegue a una hiper en esta década”.

“El repudio por el peso es cada vez mayor. La convertibilidad vuela porque la hacen volar primero Menem y luego Duhalde, que sale de la crisis haciendo lo que todos les gusta hacer, aumentando impuestos el gasto y emitiendo. Y explotó con un estado que representaba el 25% del PBI en 2002, similar a Estados Unidos pero menos productivo. Por lo tanto, si voló con ese tamaño del Estado, y más stock de capital, mejor capital humano, más pobreza y más problemas sociales, ahora con 43% del Estado sobre el PBI y en este contexto, no duraría nada una nueva convertibilidad, porque el mercado percibiría que no es sostenible y menos una dolarización. Sería un placebo de corto plazo, porque no sería percibida como permanente”, aclaró el economista.

Horacio Liendo: “El problema más grave de la salida de la convertibilidad es que no había un programa de reemplazo y se volvió para atrás. Inicialmente parecía que todo iba a fluir, pero se eligió la emisión y cambió la situación económica y social que vivimos hoy. El sistema político de ambos lados de la grieta mantuvo el sistema sin muchos cambios, se dejaron de discutir reformas en serio, con posiciones a favor y en contra”.

“Pero cuando se produce la confluencia del círculo Rojo, Duhalde y Alfonsín, tuvieron en claro que el límite era la convertibilidad y por eso la eliminaron; entonces, apareció este nuevo actor social por fuera del mundo del trabajo y eso se financia con emisión, que está llegando a un límite”, afirmó Liendo.

“Es como un tumor que adquiere su propia dinámica: la deuda del Banco Central crece por su propia dinámica, aun si no hubiera déficit fiscal, pero no se sabe si el final será para mejorar o para avanzar en un proceso de mayor decadencia como el que se vivió entre 1930 y 1991″, se lamentó Horacio Liendo.

“No hay consenso internacional como en los 90 para encarar esas reformas, por lo que hay que encararlas endógenamente. Sergio Massa adopta parches pero no plantea cambios de organización económica; algunos que lo plantean con más o menos claridad, como Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich. Y otros plantean seguir igual, como Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa”, agregó Liendo.

Y concluyó: “Lo mejor sería un sistema bimonetario; tiene ejemplos de gran valía como el de Perú y Bolivia, que muestran más flexibilidad que la convertibilidad; es más lento pero con resultados más sostenibles y con más consenso. Además, ahora hay más sectores competitivos que en los 90: el agro transgénico, la hidrovía y la energía, que tienen una fuerte demanda potencial en el resto del mundo”.

Emilio Ocampo, dijo a Infobae: “En el traumático fin de la Convertibilidad la política tuvo más peso que la macroeconomía. ¿Cuáles fueron las consecuencias de abandonar la paridad del peso? Abrirle las puertas de par en par a un populismo recalcitrante que nos ha legado un Estado anómico, una economía estancada y un nuevo ciclo inflacionario que parece va a terminar como el anterior”.

“Hoy no sería posible reestablecer con chances de éxito un régimen similar. Menos chances tendría una convertibilidad con el real. La historia nos demuestra que el sistema político argentino es incapaz de cumplir con el mandato constitucional de preservar el valor de la moneda”, afirmó Ocampo.

“Mientras que el peso y el Banco Central existan, los políticos abusarán del impuesto inflacionario. Con moneda propia lo máximo a lo que podemos aspirar es un par de años de estabilidad ilusoria seguidos por un retroceso abrupto. Es decir, más decadencia. Si queremos eliminar la inflación de una buena vez vamos a necesitar una solución más radical e irreversible”, concluyó el historiador y economista.

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