Tensión en el litio y la minería: temor por una nueva ley y la ofensiva K sobre el sector

La sanción de una ley en La Rioja y un artículo del diputado Oscar Parrilli, exsecretario general de la presidencia y exjefe de Inteligencia en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, uno de los voceros más cercanos a la actual vicepresidente, convirtió al sector minero en un verdadero avispero.

La norma riojana, sancionada por la cámara de diputados de la provincia a fines de 2022, suspende por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesión de litio y declara a este mineral como “recursos estratégico” y de “interés público”.

La iniciativa, dijo la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) “impacta gravemente en el sector minero del país en su conjunto” pues -argumentó- “suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socio económico a futuro, impactando no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas e impidiendo la creación neta de puestos de trabajo”.

Según la Cámara, “cualquier política de desarrollo minero debe iniciarse con lo básico: facilitar la inversión para exploración, impulsar la construcción y promover la producción y beneficio de minerales”.

En igual sentido se pronunciaron la Unión Industrial Argentina (UIA), que pidió que la ley no sea promulgada, y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que dijo que su implementación generaría un “grave perjuicio a la industria minera local” y “la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo”.

Al respecto, las entidades empresarias precisaron que la industria del litio “prevé alrededor de USD 5.000 millones de inversiones en los próximos años, motoriza más de 8.000 empleos y ubica a la Argentina como el cuarto productor mundial”.

Avanzar con la norma, subrayaron, “implicaría una pérdida de confianza del inversor minero y perjudicaría los potenciales emprendimientos que Argentina tanto requiere y merece”.

Sobre llovido, mojado: el lunes último Parrilli, crisnerista de paladar negro, publicó en Página/12 una nota en la que sugirió que la Argentina está “regalando” el litio, afirmó que las mineras no pagan impuesto a las Ganancias (en verdad, es el tributo que más pesa sobre las empresas del sector), elogió el proyecto piloto que están llevando a cabo Y-Tec (empresa de YPF), el Conicet y la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) para fabricar baterías de litio, en vez de exportar el mineral, habló de “beneficios impositivos desmesurados” al sector y comparó el 3% de regalías que pagan las mineras acá contra el supuesto 40% que pagarían en Chile.

Mientras esto transcurría, la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, tuiteaba desde Arabia Saudita, sus reuniones con el Fondo de Inversión Pública (en inglés, PIF, por Public Investment Fund) del reino saudí y su participación en un “Foro sobre los Minerales del Futuro”, acompañada del embajador argentino en ese país, Guillermo Nielsen, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, Jorge Neme, para sumar inversiones sauditas en la minería argentina.

Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Mauricio Macri y cofundador del “Grupo Sarmiento” de científicos, profesionales y estudiosos de la minería, dijo a Infobae que Parrilli recurría a “datos falaces”, criticaba políticas que había impulsado su propio partido y trasuntaba ignorancia sobre el tema minero.

Capello insiste en desmitificar la existencia del “triángulo del litio” sudamericano, subrayando que los recursos de Bolivia no cuentan, al menos por ahora, como “reservas”, pues su alta concentración de magnesio hace antieconómica su explotación. El experto calificó de “extraño triángulo”, aquel en el que -precisó- “Chile tiene el 82% de las reservas, Argentina un 18% y Bolivia nada”.

Por otro lado, prosiguió, “es falso que las empresas mineras argentinas no tributen el 35% de Impuesto a las Ganancias; pagan todos los impuestos, el resto de los nacionales y provinciales, cargas sociales y los mejores salarios del país e incluso derechos de exportación que no tienen los países de la región pues aquellos saben que acortan la vida de una mina”. Además, aclaró, el sector contribuye con regalías, cánones mineros y aportes a la creación de diversos fideicomisos provinciales.

El experto también apuntó contra la “soberanía” que según Oscar Parrilli representa el proyecto piloto para fabricar baterías de litio en La Plata. “Compraron toda la maquinaria a China para una capacidad de almacenaje suficiente para alimentar apenas 50 colectivos eléctricos y no dicen el costo operativo de la nueva ensambladora”, subrayó. “Veremos si los salarios de directivos, empleados e importación de unos 10 minerales necesarios para construirlas y otros insumos, saldrán de lo que obtendrán por la venta de esas baterías. De lo contrario no habrá valor agregado”.

Las exportaciones mineras de la Argentina sumaron USD 3.533 millones en los primeros 11 meses de 2022, un 25,5% más que los USD 2.816 millones de igual período de 2021, pero apenas 4,7% más que el promedio de los años 2010 a 2021 (ver gráfico de barras, arriba).

El oro y la plata siguen aportando la parte del león de las exportaciones mineras (cobre no se exporta más desde 2018, cuando cesó las operaciones Minera Alumbrera), pero el dinamismo lo aportaron las de litio que en el período enero-noviembre 2022 fueron 235% superiores a las del mismo período de 2021, por lo que su porción de la torta exportadora mineral aumentó de 7 a 18% en un solo año (ver abajo). De ahí las ansiedades que despierta en funcionarios angurrientos y sectores políticos de ánimo rentista.

Ya el año pasado, un proyecto de los diputados nacionales Carlos Heller y Marcelo Koenig, del oficialista Frente de Todos, había propuesto una suerte de “nacionalización” del litio, que fue sonoramente rechazada por Jujuy, Salta y Catamarca, integrantes del “triángulo” y de la “mesa del litio” de la Argentina.

“El proyecto es inconstitucional, los recursos mineros son de las provincias y los estamos gestionando bien”, dijo entonces a Infobae el secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, posición que acompañaron Ávila, quien era ministra de Minería de Catamarca, Flavia Royón, entonces secretaría de Energía y Minería de Salta y actual secretaria de Energía de la Nación, y sus respectivos gobernadores.

Ausente la secretaria Ávila, desde el área minera del gobierno no hubo comentarios sobre la norma riojana y los conceptos de Parrilli, que ponen un signo de interrogación sobre los proyectos de litio y la minería en general. Eso sí, un funcionario recordó que La Rioja no tiene proyectos avanzados de litio y los que pudiera llegar a tener serían de “pegmatitas”; esto es, extracción de litio a partir de roca dura, no de salmueras, como los que ya operan en Jujuy y Salta. Un proyecto de litio riojano tendría costos de capital inicial más bajo, pero de extracción y operativos mucho más altos para niveles de concentración de litio entre 3 y 4 veces menores a los proyectos de producción de litio a partir de salmueras en Jujuy, Salta y Catamarca, destacó.

El mismo funcionario desmitificó además la comparación sobre las regalías mineras en la Argentina y Chile. En el país trasandino, precisó, en el caso del cobre se firman contratos con regalías progresivas sobre los márgenes de utilidad, no sobre el precio. Son contratos a largo plazo, y se respetan, enfatizó.

En un evento minero realizado en agosto en Salta y otro reciente de “Oro, Plata y Cobre en la Argentina”, los geólogos Daniel Jérez, consultor en minería del Banco Mundial, profesor de Minería en la Universidad Nacional de la Rioja, y Tay Such, docente de Geología en la Universidad Nacional de Río Negro, ambos integrantes de la “Red de Académicos por la Minería Sustentable”, presentaron un estudio sobre el flujo de fondos, el valor agregado y la distribución de la renta de una inversión minera, que desmiente las comparaciones de Parrilli y estima que 61% de la renta es apropiada por el Estado y 39% por el inversor privado, cuotas que cambian a 70 y 30% si se incluyen efectos indirectos, como los impuestos que pagan contratistas, proveedores, empleados y otros involucrados en la vida útil del proyecto.

Más aún, precisa el estudio de Jérez y Such sobre la base de un modelo de proyecto cuprífero de 28 años de extensión, el 83% del “Valor Agregado Neto” (USD 8.921 millones) se lo apropian el Estado y los proveedores nacionales (ver gráfico, arriba). Además, el Estado (nacional y provinciales) tiene un “flujo neto de fondos” (barras verdes) positivo desde el momento cero, contra 8 años que debe esperar el inversor (barras rojas) para empezar a ver números en positivo. En el evento salteño hacía de local Royón, entonces funcionaria provincial y hoy secretaria de Energía de la Nación.

En respuesta a preguntas enviadas por Infobae, Jérez y Such, que realizaron evaluaciones para Pan American Silver, señalaron que la norma de la legislatura riojana conspira contra la actividad minera. “En Litio hablamos de inversiones que rondan entre USD 300 y 1.000 millones para poner en marcha un sólo proyecto, con 2 a 3 años de construcción, a lo que debe sumarse el tiempo que requiere la curva de aprendizaje y de maduración en el conocimiento de las salmueras para poder empezar a producir litio a escala industrial y obtener una renta”, señalaron.

Además, los expertos negaron que el litio pueda hoy ser considerado un commodity. “Un commodity es básicamente un bien intercambiable, un producto que varía poco de acuerdo a su origen”, señalaron, y apuntaron como ejemplos el poroto de soja (de Chicago, Rosario, etc) y distintos “tipos” de petróleo (Brent, WTI, Vaca Muerta). En casos así, la historia y los grandes volúmenes comerciados llevaron a cierta convergencia y los precios de referencia varían poco de un lugar a otro, en base a parámetros de calidad y costos de transporte. En cambio, prosiguieron, el litio presenta heterogeneidad en las fuentes y gran parte de la oferta es australiana en base a un concentrado mineral (espodumeno) que difiere mucho del carbonato de litio que se obtiene en las salmueras sudamericanas.

“Esa es la mayor complejidad para tener un mercado global con un único precio de referencia. Además, el mercado del litio aún se comporta de manera oligopolística, es decir, hay pocos oferentes para un mercado con alta demanda”, explicaron Jérez y Such, pero no descartaron que el litio pueda converger a mediano plazo a un precio de referencia “dado que cada vez son más los productores que ingresan (con muchos proyectos nuevos en Argentina) y los demandantes también necesitan conocer el precio y darle mayor transparencia y previsibilidad al mercado”.

Por su parte, tras cierta reluctancia inicial, un vocero del sector minero deslizó, off the record, el temor de fondo que despiertan iniciativas como la riojana y conceptos como los de Parrilli. Si quieren comer la torta antes de que esté cocinada, dijo, ¿Qué se les ocurrirá cuando esté horneada y a punto?

Generar inquietud e infundir dudas sobre el futuro no parece lo más aconsejable para un gobierno que pretende aumentar las exportaciones y resolver la escasez de dólares apostando, entre otros sectores, a la minería, cuyos plazos de exploración, evaluación y explotación se miden en décadas.

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