Blanqueo, Indec, monotributo y jubilaciones: cuáles son los proyectos de ley económicos que enviará el Gobierno al Congreso

El amplio paquete de proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias que iniciarán el 23 de enero incluirán un apartado con iniciativas ligadas a la actividad económica, a impuestos, a promocionar distintos sectores de la producción, entre otros temas.

La Casa Rosada difundió este jueves el listado de proyectos que girará al parlamento y que incluirá, por ejemplo, la discusión sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, el juicio político a sus actuales ministros, cambios en el Consejo de la Magistratura y la designación del Procurador General de la Nación, en una continuación de la agenda judicial que lleva adelante el oficialismo.

Pero también habrá un listado de proyectos de ley económicos que trabajaron los funcionarios del equipo económico y que también serán enviados al Congreso para su discusión. Algunos de ellos son considerados elementales por el ministro de Economía Sergio Massa.

El listado completo incluye la exteriorización de activos, la reforma para darle más autonomía al Indec, leyes de promoción como la Agroindustrial y otra para sectores con potencial como el GNL y el hidrógeno, el recálculo de ingresos y gastos para cumplir el fallo de la Corte sobre coparticipación, la moratoria jubilatoria y el mono tech.

El proyecto llevará como nombre “Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”. Creará un régimen especial de “Declaración Voluntaria” de ahorros no declarados que alcanzará a personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluidas las modificaciones dispuestas en diciembre de 2019.

El blanqueo abarcará las tenencias en moneda nacional o extrajera, tanto en el país como en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles y otros bienes situados en el país y en el exterior, incluyendo créditos vigentes.

La recaudación total tiene como asignación prevista un 20% a un “Fondo específico” para pago de la deuda con el FMI, otro 20% será para subsidios a las Mipyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y un 40% a programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.

El Ministerio de Economía trabajó en un mecanismo para compensar a las cuentas públicas por la nueva obligación de transferir a la Ciudad de Buenos Aires una tajada mayor de la coparticipación tras el fallo de la Corte Suprema, que decidió devolver parte del porcentaje de reparto federal de recursos.

De acuerdo a estimaciones que circulan en los despachos oficiales, el Tesoro necesitará unos $200.000 millones para compensar el nuevo flujo de fondos que ahora deberán direccionarse hacia las arcas porteñas. La iniciativa en la que piensa el Gobierno incluye una suba recaudatoria a través de dos impuestos: un incremento en el tributo que paga el juego online y la posibilidad, también, de extender a todo el país un gravamen vía Ingresos Brutos que la Ciudad -y otras jurisdicciones- cobran a los bancos por los intereses que cobran por su tenencia de Leliq del Banco Central.

Para el caso del impuesto al juego online, la idea del Ejecutivo es incrementar las alícuotas actuales, que van desde un rango de 2,5% para operadores residentes en el país y se extiende hasta el 15% para los residentes en países de baja o nula tributación.

La administración porteña había implementado una alícuota del 8% de Ingresos Brutos en las intereses que cobraran las entidades financieras por contar con las letras del Banco Central, como parte de un paquete de medidas para compesar el recorte de coparticipación que decidió la Casa Rosada a mediados de 2020 para incrementar la tajada hacia la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno buscará darle estatus de ente autárquico que refuerce su autonomía. Entre otros aspectos, el cargo principal excederá la duración de los mandatos presidenciales y se creará una comisión bicameral para hacer un seguimiento de su funcionamiento.

De acuerdo a la iniciativa parlamentaria que terminaba de definir el Ministerio de Economía, el proyecto prevé que el director ejecutivo sea determinado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, mientras que el director técnico deberá ser nombrado tras un concurso público.

Por otro lado, además del acuerdo del Senado para nombrar a su titular, se creará un una Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional, que tendrá entre sus funciones “promover mejoras metodológicas, nuevas operaciones y productos estadísticos que atiendan las demandas de información de la población. Además, podrá recomendar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño del Director Ejecutivo del Indec”, explicaron.

Además, para que el mandato de los titulares del organismo estadístico estén desligados de los procesos políticos, el proyecto de ley establece que el principal funcionario al mando del Indec tenga una duración de 5 años al frente de la entidad.

El Poder Ejecutivo buscará un marco regulatorio para el desarrollo, en un futuro, de GNL y de hidrógeno como fuentes de energía y que incluiría un programa de estabilidad fiscal con un horizonte de treinta años y reglas para las inversiones en ese sector.

El Gobierno había anunciado en septiembre un acuerdo de inversión de la empresa malaya Petronas para desarrollar GNL en la Argentina, un proyecto que incluiría en sociedad con YPF una inversión conjunta a largo plazo calculada en unos USD 40.000 millones para acelerar la exportación de gas producido en Vaca Muerta y la fabricación de una planta para exportar GNL.

En paralelo, también enviará el Ejecutivo una ley para establecer un marco de estabilidad fiscal para las inversiones en hidrógeno, algo que fue anunciado en noviembre por Massa en un acto en Río Negro, la provincia en la que tendrá lugar la inversión de la minera australiana Fortescue para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que requerirá una inversión de 8.400 millones de dólares hasta 2028.

Existe una moratoria jubilatoria vigente que finaliza con el último día del 2022, por lo que en caso de que el Congreso no pudiera sancionar ese proyecto, en el Poder Ejecutivo estiman que unas 800 mil personas perderán la posibilidad de sumarse a un plan de pago por no contar con los aportes totales para jubilarse. Y se trata de un universo amplio: de acuerdo a datos de Anses, solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones completan la totalidad de contribuciones necesarias ante el fisco. De hecho, en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes.

Tal como contó Infobae, el proyecto de ley prevé que puedan cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calculará por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP): cada mes adeudado equivale al 29% de la remuneración mínima imponible, unos $4.900 a diciembre de este año.

La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.

Otro proyecto para ser enviado al Congreso es el de una nueva figura tributaria, la del monotributo tech, una iniciativa que cerca de Sergio Massa encuadran dentro del paquete de alivio fiscal y que apunta a que exportadores de servicios y gamers puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas en el mercado oficial.

Ese nuevo régimen está dirigido a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento (SBC) al exterior y también a gamers, es decir, a personas que participen en competencias de e-sports a nivel profesional y que cobren una remuneración por esa actividad.

El rango de profesionales que podría quedar incluido en un esquema de monotributo como el que espera poder aprobar el oficialismo en el Congreso es amplio, ya que iría desde los programadores hasta otros que no están relacionados de forma tan directa con la tecnología, como artistas o guionistas que tienen clientes en el exterior. Con el monotributo tech podrían así enviar sus facturas a su empleados o clientes en el exterior.

Se trata de un proyecto marinado durante meses, antes de la llegada de Massa al Ministerio de Economía y que pasó por distintas instancias de discusión, principalmente el Consejo Agroindustrial que conformó el Poder Ejecutivo con entidades sectoriales.

La iniciativa llevaría como nombre “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable” y tiene como objetivo el desarrollo de la cadena sectorial con la promoción de inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnología.

En el Gobierno leen que el campo seguirá siendo en los próximos años uno de los motores de llegada de divisas al país y que para eso necesitará un marco fiscal que incentive una actividad mayor y más exportaciones.

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