Mercado del trabajo: los factores que movieron la oferta y demanda de puestos en el año que termina

El empleo total registrado acumuló hasta septiembre último 18 meses consecutivos de aumento interanual, luego de 31 meses previos de caída sostenida y acelerada, según informó el Ministerio de Trabajo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), alcanzando tasas de incremento cercana a 5% anual, superior a la que acusó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec.

De ahí resultó una tasa de elasticidad empleo/PBI mayor a 1, que implica que por cada punto de aumento porcentual de la generación de riqueza en valores reales el empleo formal en relación de dependencia en el ámbito particular se elevó en idéntica proporción.

Se trata de una relación pocas veces vista, excepto en los momentos de una gran depresión (a la baja), o como en el presente, de apreciable recuperación -en particular hasta el cierre del tercer trimestre- tras una drástica baja en el primer año de pandemia de Covid-19, derivada de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que no sólo restringieron la movilidad de los trabajadores de actividades consideradas no esenciales, sino también los puestos habilitados en las empresas, para cumplir con las normas sanitarias.

En cantidad de personas involucradas significó la incorporación neta a esa franja del mercado laboral de 616.900 en el término de 12 meses, a 12,81 millones de trabajadores.

Sin embargo, se ubicó unas 183.500 personas por debajo del potencial simple, estimado sobre la base del punto máximo de la serie que se anotó en 2017 -último año previo al ingreso a una faz recesiva- y ajustado por el crecimiento vegetativo de la población que arrojó el Censo de Población (1,2468% por año).

En valores absolutos, siempre dentro del segmento los trabajadores formalizados -sujetos a aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social- el más expansivo en 2022 fue el de los asalariados en el ámbito formal privado con la recuperación en un año de 295.200 personas, a poco más de 6,21 millones de personas; seguido por los independientes enrolados en el Monotributo Social 157.600, ascendieron a 559 mil; Monotributistas únicos sumó 81.500 a 1,85 millones; y empleados en relación de dependencia en la administración y empresas públicas 64.000 a 3,38 millones como ingreso principal de su actividad; y autónomos apenas 1.500 personales adicionales, totalizaron poco más de 390 mil personas. Por el contrario, los asalariados en casas particulares disminuyeron en 3.200 a unas 470 mil.

En cambio, en términos relativos, el primer lugar lo ocuparon el total de Monotributistas Sociales 39,3%; asalariados privados 5%; Monotributistas únicos 4,6%; y asalariados en el sector público 1,9 por ciento.

El Ministerio de Desarrollo Social define al Monotributo Social como un régimen tributario que promueve la inserción de emprendedores en situación de vulnerabilidad, que realizan una única actividad económica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos brutos inferiores al haber previsional mínimo -actualmente $61.953 brutos por mes-.

Está dirigido a trabajadores que tienen una única actividad económica productiva, comercial o de servicios, proyectos productivos o de servicios de 2 a 20 integrantes y cooperativas de trabajo con un mínimo de 6 asociados o asociadas, con una facturación máxima al año que no puede superar los 743.382 pesos.

De ahí se desprende que el notable impulso de ese segmento del mercado de trabajo que la cartera laboral identifica como “registrado”, se origina en el notable impulso que mantuvo a lo largo del año la franja de ocupados en la ilegalidad, los cuales no sólo no llegaron a calificar para un puesto formal asalariado, sino que además, por su pobre productividad derivada del “bajo clima educativo” -según definición del Indec- logran reforzar ingresos a través de este mecanismo de subsidio al empleo.

Además la creciente presión tributaria y el peso que han adquirido algunos gremios en la negociación de salarios en paritarias por sobre las posibilidades de los empleadores, en especial en los casos de las pyme y de casas particulares, derivó en un sostenido empinamiento de los puestos no declarados en relación de dependencia -sin aportes jubilatorio, en la metodología del Indec-.

Según la metodología de las estadísticas laborales en base al SIPA, el registro de empleados asalariados se nutre no sólo de los nuevos puestos efectivos, sino también de la regularización de los pagos mensuales de las obligaciones de la Seguridad Social “en alguno de los últimos tres meses”. De ahí que no todo el aumento observado en el año se pueda explicar por la reanimación del entramado productivo y comercial y la maduración de inversiones en infraestructura de las empresas.

Del mismo modo, la necesidad de generar algún sustento para el hogar, frente a la insuficiente generación de empleos asalariados, explica en parte el sostenido crecimiento de los puestos precarios, como se denomina a la mayor parte de quienes forman parte de los Monotributistas Únicos y Monotributo Social, porque muchos ingresan al mercado laboral bajo esa característica, en particular en la franja de los jóvenes de 14 a 29 años donde la tasa de desempleo duplica a la del promedio general de 6,9% de la población económica activa, según el último relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

En línea con lo anterior, se estima que el empleo total no registrado, con unos 7,8 millones de trabajadores (3,7 millones asalariados y 4,1 millones independientes), mantuvo tasas de aumento superior al conjunto de los formalizados.

Ese comportamiento determinó que el total de ocupados en esa franja supere en más 1,2 millones de personas a las que resultan del aumento del pico máximo anterior, de septiembre de 2017 incrementado por la tasa de crecimiento de la población, de modo de haber conservado la relación que existía entonces con el total de la población.

En la franja registrada, pese a la recuperación que se advirtió en el nivel de empleo asalariado formal en el ámbito privado desde mediados de 2021, el mercado se mantuvo débil, al punto que se acumuló un potencial de crecimiento cercano a un millón de puestos de trabajo, si sólo se compara el total registrado en esa calificación en octubre con el nivel de punto de partida de la serie, en 2012, incrementado a una tasa neta acumulativa por año de 1,25%, que fue la de aumento vegetativo de la población que arrojó el último censo del Indec.

Esa limitación explica las muy pobres tasas de crecimiento de empleo en las diferentes ramas de actividad, en particular en el caso de la construcción, que se ubicó un 21% por debajo del nivel absoluto del último trimestre de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, según los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales de Trabajo.

En torno al promedio se anotaron los ocupados en los servicios financieros y a las empresas con 1,41% a.a. y en la industria manufacturera 1,3% a.a.; y por debajo de la media de 1,42% se comportaron las franjas del transporte, almacenaje y comunicaciones 1,16% a.a. y la del comercio, restaurantes y hoteles 1,08% anual acumulativo.

Por regiones, un análisis de Nadín Argañaraz, director del Iaraf, en el segmento del empleo privado asalariado registrado en el desagregado de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país se destacaron con los mayores aumentos respecto del año previo: Catamarca 15,3%; Formosa 9,6%; La Rioja 9,5%; y Neuquén 8,3 por ciento. En el otro extremo se ubicaron CABA, Chubut, Corrientes y Tucumán. En el caso de Tucumán, se mantuvo prácticamente igual.

La última Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), correspondiente al tercer trimestre de 2022 determinó que en comparación con igual tramo del año anterior se deterioró el “clima educativo” de los ocupados: aumentó la proporción de quienes no completaron el nivel primario, pasó de 2,9% a 3,2% del total; con primario completo de 11% a 11,5%; secundario parcial de 15,5% a 17,3%; y secundario pleno de 27,3% a 27,8 por ciento.

Por el contrario, declinó la participación de los empleados en la ocupación principal por nivel de ingreso de los que acreditaron estudios superiores y universitario parcial, de 16,1% a 15,3%; y superior y universitario completo de 26,6% a 24,4% del total.

En línea con ese deterioro del grado de capacitación de los trabajadores, el Indec dio cuenta de sendas disminuciones en la proporción de profesionales y técnicos sobre el total, de 10,7% a 9,2%, en el primer caso, y de 20% a 17,8%, en segundo. Aumentaron la de operarios, de 49,8% a 53,3%; y la de los no calificados de 19,4% a 19,7 por ciento.

Las expectativas para el nuevo año, en tanto se cumplan las previsiones de persistencia de alta tasa de inflación y brusca desaceleración del ritmo de actividad, anticipa la persistencia de un mercado laboral con alto índice de precariedad de los puestos de trabajo, y heterogeneidad en la variación de la nómina por segmento ocupacional, como se percibe desde el inicio del corriente siglo.

“Para 2023 sin un crecimiento económico que traccione no esperamos mejoras en este mercado. Entendemos que la oferta laboral seguirá estando en máximos a partir de la necesidad de los hogares de complementar ingresos dada la caída sostenida del poder adquisitivo. Por otro lado, el escenario de continuidad con administración de las restricciones atenta directamente contra la inversión y por ende contra la creación genuina de empleo”, destaca un informe de la Consultora LCG que dirige Guido Lorenzo.

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